Zarrías, ante las presuntas amenazas de Roca, le insta a “tirar de la manta, de la colcha y de la sábana”

El Caso Malaya se extiende como una mancha de aceite y amenaza con salpicar por doquier a menos de una semana de las elecciones. Tras la famosa “pregunta” de Sebastián a Gallardón por sus relaciones con la imputada Montserrat Corulla, ayer le tocó a la Junta de Andalucía. El consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, dijo este lunes que es "totalmente falso" que se produjeran contactos entre la Junta de Andalucía e imputados en el caso Malaya, e instó al ex asesor de Urbanismo de la ciudad Juan Antonio Roca a tirar de "la manta, de la colcha y de la sábana".

Zarrías se refirió así a la información aparecida en el diario ABC según la cual emisarios de Roca se habrían reunido con representantes del Gobierno autonómico pidiendo impunidad a cambio de su silencio y el ex asesor de Urbanismo ha amenazado con "tirar de la manta". "Es falso, es una mentira más de personas que han realizado fechorías incalculables", recalcó el consejero, al tiempo que se mostró esperanzado en que "caiga sobre ellos todo el peso de la ley".

Asimismo, apuntó que "las únicas reuniones que se han producido y que han dado sus frutos" son las del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y de su partido en Málaga cuando "se repartieron" el botín con el GIL, de tal forma que "el PP gobernaría la Diputación de Málaga con el apoyo del GIL y el GIL gobernaría la mancomunidad de municipios de la Costa del Sur Occidental con el apoyo del PP". Por ello, afirmó: "Si hay que preguntar a alguien es al PP, que seguro que tiene una agenda de contactos".

‘Caso Incopromar’

Por su parte, el abogado de Roca no asistió ayer al juicio por el caso Incopromar al no haber recibido citación oficial por la pérdida por parte del juzgado del escrito de designación de dicho letrado, por lo que el juicio fue suspendido y fijado para el 26 de noviembre, según fuentes de su defensa.

Además de Roca, fueron trasladados ayer hasta los juzgados de Málaga el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, todos ellos en prisión por el caso Malaya, para ser juzgados por esta causa, en la que también están acusados otros seis ex ediles del GIL, y el ex asesor jurídico de Jesús Gil, José Luis Sierra.

En este juicio, Muñoz se enfrenta a una petición fiscal de dieciocho meses de cárcel y ocho años de inhabilitación en el cargo, mientras que para Roca la acusación popular -representada por PSOE, IU y los Verdes- solicita seis meses de prisión y veinte años de inhabilitación por prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio.

Los hechos se remontan a diciembre de 1996, cuando Muñoz firmó como alcalde accidental un acuerdo con la empresa Incopromar, propiedad en un 95% del fallecido periodista Antonio Herrero, para construir un edificio de 68 viviendas, locales y apartamentos.