La Fiscalía busca a antiguos clientes del BBV Privanza que ocultaron su patrimonio a Hacienda

El caso BBV Privanza, cuya investigación se prolonga ya desde hace más de seis años, sigue coleando. Y lo hace con renovados bríos tras el regreso del juez Garzón a la Audiencia Nacional. Lo que el magistrado investiga ahora es la existencia de posibles delitos de blanqueo de capitales y defraudación a Hacienda cometido por clientes relacionados con el banco portugués Espirito Santo, la banca BNP-Paribas, la sociedad de valores Cartera Meridional y la entidad aseguradora Cahispa.

En todos los casos, las sospechas recaen sobre determinados clientes, no de forma directa sobre la operativa de las entidades. Respecto a Espirito Santo, por el contrario, también se investiga si el banco “ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes”. Lo que dicho en otros términos significa que el juez Garzón busca conocer si la entidad ha dado la cobertura legal necesaria para que algunos de sus clientes cometieran los citados delitos.

El magistrado quiere saber si algunos de los antiguos clientes del BBV Privanza han utilizado esos circuitos financieros para blanquear su dinero.

El asunto arranca en el año 2000, cuando a raíz de determinados pagos realizados durante la Exposición Universal de 1992 se descubre la existencia de cuentas secretas manejadas por BBV Privanza, una de ellas gestionada por el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, que posteriormente sería condenado por los hechos. En el transcurso de las investigaciones también se descubrió la existencia de un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por el ex secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga -aunque al final el juez descartó que él fuera el autor-. Pomba fue imputado inicialmente pero a comienzos de este año la Audiencia Nacional archivó el caso.

Ese procedimiento inicial, el denominado 161/2000, es el que se ha seguido investigando, pero a través de piezas separadas. Cuando el juez Garzón pidió una excedencia en EEUU, el caso fue asumido por el magistrado Grande-Marlaska, quien hace ahora justamente un año -el 30 de noviembre- ordenó el registro de diferentes despachos de abogados en varias provincias españolas, entre ellas Madrid y Barcelona.

Despachos investigados

Entre los bufetes investigados se encontraban los despachos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de origen panameño, y Pretus, de Barcelona. Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales. A consecuencia de aquellos registros, los hermanos Pretus, Gabriel y Francisco Javier, fueron imputados por el juez, que les impuso una fianza de 200.000 euros.

Gabriel Pretus dijo ayer a El Confidencial que los nuevos registros no tienen nada que ver con su despacho, ya que las diligencias previas que se les abrió en su día no coinciden con las que citó ayer en una nota de prensa la Fiscalía Anticorrupción, que las enumera como las 195/2006.

Las investigaciones judiciales pretenden determinar qué antiguos clientes del BBV Privanza mantuvieron su dinero fuera de España una vez que el banco liquidó su operativa en paraísos fiscales. Algunos de esos clientes, si no todos, pretendieron repatriar su dinero a España sin pasar por el fisco, y eso es lo que ahora se está investigando. El juez sospecha que algunos bufetes de abogados especializados en operaciones off shore han podido colaborar para blanquear el dinero.

Hasta ahora, y según Efe, han pasado como imputados ante la Audiencia Nacional el propietario de Burberrys España, Eugenio Mora, así como otros empresarios, como los hermanos Demetrio y José Carceller, el primero de ellos consejero de Sacyr y ex consejero de Cepsa, además de máximo accionista de la cervecera Damnn.