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La Operación Malaya apunta ahora hacia una trama de empresarios vascos especializada en recalificaciones
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La Operación Malaya apunta ahora hacia una trama de empresarios vascos especializada en recalificaciones

Las investigaciones de la ‘Operación Malaya’ apuntan ahora hacia una trama de empresarios vascos que desde hace años opera, principalmente, en la Costa del Sol, Murcia,

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La Operación Malaya apunta ahora hacia una trama de empresarios vascos especializada en recalificaciones

Las investigaciones de la ‘Operación Malaya’ apuntan ahora hacia una trama de empresarios vascos que desde hace años opera, principalmente, en la Costa del Sol, Murcia, la provincia de Sevilla y, en menor medida, Madrid.

La trama tiene tres nombres estelares: Luis María Maya Galarraga, Francisco Javier Arteche Tarascón y Agustín Aguirre Iguíniz, que han tejido una colosal telaraña de empresas especializada en la recalificación de terrenos. Los dos primeros aparecen en los documentos manuscritos incautados por la policía a Juan Antonio Roca, ex gerente de Marbella y considerado el cerebro de la red de corrupción urbanística.

Todos ellos tienen un nexo común con Espartinas, el pueblo del Aljarafe sevillano en el que un grupo de vecinos ha denunciado un ‘pelotazo’ urbanístico promovido por el alcalde y el primer teniente de alcalde, Domingo Salado y Javier Jiménez, respectivamente, ambos del Partido Popular.

El nombre del empresario Luis Maya aparece en el convenio urbanístico que se juzga en Sanlúcar la Mayor a instancia de un concejal del Partido Andalucista, y en el cual ha visto indicios de delito la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, María José Segarra.

Maya Galarraga, como apoderado de la mercantil Agrícola Espartinas S.L., empresa que agrupaba a las propiedades de la familia Guardiola en este municipio y en Bollullos de la Mitación, suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Espartinas para la recalificación como residencial de diversas fincas en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Según la denuncia de los vecinos, en dicha operación, intervino como intermediaria la empresa municipal ESDELSA, que recibió un préstamo finalista de 3,5 millones de una de las sociedades vascas para comprar a la familia Guardiola su sociedad agrícola y revenderla, después, a los empresarios vascos por el mismo precio, con el compromiso de su recalificación como residencial. El ayuntamiento, como compensación, recibiría de los empresarios vascos la Hacienda de los Guardiola y 4 millones de euros para la construcción de una carretera y de un polideportivo cubierto.

Red de sociedades mercantiles

Maya-Galarraga y los otros dos empresarios son los administradores de multitud de sociedades mercantiles, entre ellas Lubide, Inversan y Yeregui, esta última promotora al 50% del polémico proyecto urbanístico de Lo Poyo, en Murcia, donde se prevén construir unas 5.000 viviendas. El otro 50% está en manos de la Kutxa, la caja de Ahorros de San Sebastián, que tiene fuertes intereses en la zona. Yeregui es una de las sociedades a las que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha paralizado la construcción de viviendas, en este caso 144 en el Cortijo Los Monteros. Aguirre Iguíniz, Arteche Tarascón y Maya Galarraga -los tres empresarios vascos- son apoderados y administradores de Yeregui Desarrollo S.L.

Arteche Tarascón es, además, presidente del consejo de administración de la sociedad Obarinsa, investigada por la construcción de 80 chalés adosados en terrenos en los que la densidad permitida era de 45 viviendas. Por este caso fue llamada a declarar la edil Isabel García Marcos.

Por su parte, Luis Maya es, además, presidente de Urvasa, una sociedad que, según los ecologistas, está urbanizando una vía pecuaria en Espartinas.

Yeregui y Obarinsa tienen el mismo domicilio social, en la avenida de la Libertad de San Sebastián. Una sociedad vinculada a Yeregui, Proinsa, absorbió la empresa Las Cañas, de la que fue consejero delegado el ganadero Manuel González Sánchez-Dalp, que a su vez es administrador junto a su hermano Ignacio de una sociedad denominada Perinal que, según la investigación, está vinculada a Juan Antonio Roca.

Las investigaciones de la ‘Operación Malaya’ apuntan ahora hacia una trama de empresarios vascos que desde hace años opera, principalmente, en la Costa del Sol, Murcia, la provincia de Sevilla y, en menor medida, Madrid.