El Pleno del Senado aprueba por unanimidad el informe favorable a la disolución del Ayuntamiento de Marbella

El Pleno del Senado aprobó el miércoles por unanimidad el informe de la Comisión General de Comunidades Autónomas de esta Cámara favorable a la disolución del Ayuntamiento de Marbella. El informe, por tanto, se trasladará al Gobierno de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para que el Consejo de Ministros del próximo viernes determine la disolución del Ayuntamiento marbellí.

El acuerdo favorable del Senado es, junto con el informe que emitirá mañana la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el requisito previo necesario para que el Gobierno pueda acordar en el Consejo de Ministros del próximo viernes la disolución del consistorio de Marbella ante los casos de corrupción descubiertos.

Primero la Comisión General de Comunidades Autónomas, en sesión extraordinaria, acordó por asentimiento informar favorablemente a la disolución. Posteriormente, tras incluir este punto en el orden del día, el Pleno del Senado dio su visto bueno.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, inició el debate para señalar el carácter "extraordinario" de la decisión del Gobierno, toda vez que no hay precedentes en la historia reciente de la democracia española.

Afirmó que las imputaciones y los encarcelamientos registrados en los últimos días, "junto con la situación de quiebra técnica" del Ayuntamiento, "constituyen un escenario de especial gravedad que requiere medidas excepcionales para atajar de raíz estas actuaciones que buscar utilizar" una institución municipal "como vía para el enriquecimiento personal e ilícito de unos cuantos".

Sevilla defendió el procedimiento legal para decretar la disolución de un Ayuntamiento cuando se produce, como en este caso, "una gestión gravemente dañosa para los intereses generales" y una "infracción constante de los derechos fundamentales y de las libertades públicas" consagrados en el artículo 2 de la Constitución.

Tras destacar la "alarma social" generada por los casos de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, indicó que se han lesionado los intereses generales del Estado y de Andalucía, y se ha producido una "importante repercusión negativa en la imagen exterior de España".

"Se trata de una medida excepcional para una situación excepcional; una medida en defensa de la Constitución y del interés general; una medida pensada para evitar abusos desde dentro del sistema", apostilló.

Elecciones en Marbella

El ministro, además, explicó que, por ley, no se cumple el plazo inferior a un año que haría pertinente la convocatoria de elecciones en Marbella, ya que los próximos comicios autonómicos y municipales están previstos para el 27 de mayo del año próximo.

Sevilla aseguró: "No es momento de cálculos electoralistas, sino de aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas".

Después, intervinieron los senadores de los grupos parlamentarios para expresar su posición favorable a la aprobación del informe.

Estos fueron los casos de los representantes del BNG, Francisco Xesús Jorquera; de Coalición Canaria, José Mendoza; de CiU, Pere Macías; del PNV, Elena Etxegoyen; y de Entesa Catalana de Progrés, Josep María Esquerda.

Todos ellos destacaron "la gravedad" del caso, al igual que el portavoz socialista, Joan Lerma, quien consideró "abominable" que los alcaldes y concejales no sean "adecuados depositarios de la confianza que les han dado los ciudadanos".

Por el PP, Joaquín Luis Ramírez abogó por "perfeccionar" el sistema para evitar casos de corrupción como los registrados en Marbella.