En otoño se darán cita en el Congreso la reforma de la Constitución, algunas reformas estatutarias, entre ellas la catalana, y las reformas de leyes como las de

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trabaja ya en las reformas de algunas de las leyes básicas del Estado a través de las cuales podría incluir algunas reivindicaciones del tripartito catalán que no tienen cabida en la reforma del Estatuto precisamente porque afectan a esa determinada legislación. A partir de septiembre el Gobierno quiere llevar al Parlamento la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto de la Función Pública, la Ley de Educación y la LOFCA.

Las cuatro reformas servirían para rebajar sustancialmente las competencias del Estado a favor de los gobierno regionales. Así, el Ejecutivo estudia la creación de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos como última instancia judicial, dejando en el Supremo exclusivamente el dictamen de jurisprudencia. Igualmente, la reforma permitiría la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial.

Por lo que respecta al Estatuto de la Función Pública, que el ministro Sevilla puede llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas, parece que finalmente va a atender la demanda de Esquerra Republicana de Cataluña de que dicha reforma “sea tan delgada como un papel de fumar”, en el sentido de que prácticamente deja sin competencias al Estado en esta materia y sitúa en manos de las Comunidades la regulación del marco jurídico de los empleados públicos.

En la reforma educativa, según las fuentes de este diario, el Gobierno pretende una “ley de máximos, que en realidad es de mínimos” en lo que respecta a los contenidos comunes, lo que de alguna manera afecta a la pretendida vertebración que debe promover la educación. Finalmente, y atendiendo también a otra reivindicación nacionalista, la reforma de la LOFCA incluirá la creación de Agencias Tributarias autonómicas.

La vuelta del verano va a ser, por tanto, intensa en lo que a actividad legislativa se refiere, ya que a estas reformas legislativas que quiere llevar el Gobierno al Parlamento se unen la reforma de la Constitución en los cuatro puntos que el Ejecutivo ha planteado al Consejo de Estado para que prepare un informe sobre ellos, y las reformas de estatutos como el valenciano, el catalán y, probablemente, el andaluz, ya que a Manuel Chaves parece haberle entrado bastante prisa por tener la reforma en julio.

El Consejo de Estado ya tiene ultimado su informe en lo que se refiere a la sucesión al trono, la adaptación a la normativa europea y la inclusión de los nombres de las Comunidades Autónomas. En lo que parece que va más retrasado es en la reforma del Senado. Al Consejo de Estado se le aglutinará, sin embargo el trabajo a partir de Septiembre ya que a este informe sobre la reforma constitucional tendrá que añadir otro sobre la reforma del Estatuto Catalán que llegará en septiembre.

En este sentido, el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre la inclusión del término ‘nación’ para definir el marco jurídico catalán. En principio, y a raíz de las declaraciones del propio presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, partidario de esta terminología, ese puede ser el ‘agarradero’ del presidente del Gobierno para aceptar el Estatuto que llegue a las Cortes aprobado por la Cámara autonómica, aunque sin los votos del PP.