El juez Del Olmo pidió al Banco Popular todos los datos sobre la concesión de un crédito de 30.000 euros al egipcio Assad Mohamedeid, relacionado con dos de los presuntos autores materiales de los atentados. La Policía sospecha que ese dinero pudo desvia
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El juez Del Olmo pidió al Banco Popular todos los datos sobre la concesión de un crédito de 30.000 euros al egipcio Assad Mohamedeid, relacionado con dos de los presuntos autores materiales de los atentados. La Policía sospecha que ese dinero pudo desvia

El 15 de marzo de 2004, la Policía detenía en la calle Mariano Fernández de Madrid al egipcio Assad Mohamedeid Abd El Maksoud. El motivo: su

El 15 de marzo de 2004, la Policía detenía en la calle Mariano Fernández de Madrid al egipcio Assad Mohamedeid Abd El Maksoud. El motivo: su estrecha relación con uno de los presuntos autores materiales de la matanza de Atocha, Said Berraj, aún hoy en paradero desconocido y en cuyo domicilio se habían encontrado documentos religiosos manuscritos con anotaciones económicas que despertaron las sospechas de los investigadores.

Assad Mohamedeid, que en el momento de su detención llevaba encima 17 billetes de 500 euros, era el principal sospechoso de ser el autor de los mismos. Los expertos antiterroristas, además, creen que pudo haber sido el ‘líder espiritual’ del huido Said Berraj, como se apunta en un documento policial presente en el sumario.

El estudio que a partir de ese momento realizó la Policía sobre las cuentas bancarias del detenido revelaron importantes movimientos de dinero, entre ellos la petición de un crédito de 30.000 euros en la sucursal que el Banco Popular tiene en la madrileña calle de José Abascal. El crédito le fue concedido, precisamente, un día antes de su detención.

Assad Mohamedeid, según consta en el sumario, se negó a declarar ante la Policía aunque, días más tarde, ante el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que instruye el sumario por los atentados de Atocha, se decidió a hablar. Fue entonces cuando Mohamedeid aseguró que conocía a Said Berraj, quien en ocasiones le había pedido consejo religioso -ya que el detenido había ejercido durante un tiempo de imán en las localidades madrileñas de Collado Mediano y Villalba-, y admitió también tener contacto con Serhane ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, uno de los terroristas que se suicidó en Leganés.

Sin embargo, el ciudadano egipcio -que llegó a reconocer la autoría de parte de los once documentos que la Policía se incautó en el domicilio de Said Berraj- negó cualquier relación con los atentados y justificó su importante actividad financiera en sus negocios de compraventa al por mayor de tarjetas telefónicas. Sobre el crédito concedido por el Banco Popular, aseguró que lo pidió para reformar un local que había comprado en la calle Berruguete de Madrid y para instalar un locutorio y un restaurante de kebab.

‘Operativa sospechosa’ en Banesto

El juez, que al término de la declaración puso a Assad Mohamedeid en libertad provisional, le exigió que justificara todos los movimientos bancarios de las dos cuentas que poseía, una en Banesto y la otra en el Banco Popular. A la vez, el magistrado pidió a la Policía que investigara en dichas entidades la procedencia de las importantes cantidades de dinero que el detenido manejaba.

Así, agentes de la lucha antiterrorista remitieron al juez el 23 de abril un informe en el que se señalaba que el director de la sucursal del Banesto reconocía que el sospechoso “tiene bastante dinero B” y que había pedido un crédito de 80.000 euros para remodelar dos locales y que la entidad aún estaba estudiando su concesión.

El directivo de la entidad entregó incluso la investigación que el Grupo Santander, dueño de Banesto, elaboró en noviembre de 2003 sobre la “operativa sospechosa” de Assad Mohamedeid y recalcó a los policías que las facturas de compra de tarjetas telefónicas que éste entregó al banco “pudieran ser falsas”.

Por su parte, el Banco Popular, según los agentes autores del informe, se negaron a facilitar a los agentes los datos sobre las cuentas del sospechoso “sin el oportuno mandamiento judicial”. Por ello, Del Olmo exigió días después a esta entidad que facilitase a su juzgado todos los datos sobre el crédito de 30.000 euros concedidos. El resultado de las investigaciones aún permanece bajo secreto de sumario.