La Policía acusa a Telefónica de “poner demasiadas pegas” a sus peticiones de ‘pinchazos’ a móviles

“La delincuencia no entiende de burocracia. Si pedimos con urgencia un dato sobre un teléfono móvil, ya sea sobre el tráfico de llamadas que ha registrado o sobre su localización exacta, no podemos esperar y Telefónica, en demasiadas ocasiones, nos pone muchas pegas para facilitarnos con rapidez la información que les pedimos, incluso cuando tenemos los pertinentes mandamientos judiciales”.

Quien se queja así es un agente de la lucha antiterrorista que, durante el 11-M, tuvo un papel destacado en el seguimiento de las tarjetas de móviles que permitió localizar a la célula integrista que cometió el atentado. No es el único. Diversas fuentes policiales consultadas por El Confidencial en los últimos días coinciden en criticar esa supuesta falta de colaboración de la operadora con los agentes policiales que luchan contra las tramas terroristas y la delincuencia organizada.

“Si hay un secuestro, por ejemplo, y la víctima lleva su móvil encima, su localización se puede hacer con rapidez gracias a los repetidores de telefonía de las compañías, que rebotan la señal del aparato. Sin embargo, los servicios jurídicos de Telefónica se niegan a hacerlo sin el mandamiento judicial y éste tarda un mínimo de 24 horas. Para entonces puede ser demasiado tarde”, asegura otro agente consultado.

Según estas fuentes policiales, la reticencia a facilitar los datos ha llevado a que, en al menos una ocasión, un juez de instrucción amenazara a los responsables de la operadora con su detención si no se avenían a colaborar con rapidez. “Al final, el tema se solucionó, pero demuestra el grado de tensión que se ha llegado a alcanzar entre nosotros [los policías] y los directivos de Telefónica con los que tratamos estos temas”.

La mayor compañía de telecomunicaciones española es la principal destinataria de las críticas de la Policía, pero no la única. “Es evidente que, por número de clientes, Movistar es a la que más peticiones de información hacemos, pero Vodafone y Amena también han llegado a plantear pegas, aunque suelen ser sensiblemente más receptivas a nuestros requerimientos”, dice un agente acostumbrado a tratar con ellas.

Los agentes de la lucha antiterrorista consultados por este diario aseguran que las excusas que les ponen las diferentes compañías se basan en una supuesta incapacidad técnica para recabar la información que les piden o en que los datos solicitados ya han sido borrados de las memorias de sus equipos por el tiempo transcurrido.

Controlas más a los clientes

Por ello, sólo tres meses después del 11-M, la Comisaría General de Información envió un informe al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el que se recogían, entre otras recomendaciones para mejorar la lucha contra el terrorismo, dos puntos dirigidos a obligar a las compañías de telefonía móvil a aumentar el control sobre sus clientes y, en concreto, sobre los que poseen tarjetas prepago.

Los policías pedían poder “exigir los datos de identidad de los destinatarios finales de las tarjetas SIM prepago que se adquieren en los establecimientos autorizados, de la misma forma que en la actualidad se hace con los usuarios de las compañías de telefonía móvil que efectúan su conexión a la red por medio de un contrato”.

Además, los agentes querían que fuera obligatorio para “las compañías del sector, con respecto a los seguimientos de los tráficos de llamadas de las tarjetas SIM prepago, una mayor amplitud del plazo de tiempo durante el que se guardan los datos, ya que para las investigaciones policiales el período a veces resulta corto”.

¿Quién corre con los gastos?