Rato pide la nulidad de las pruebas clave de su juicio y acusa de mentir a la Fiscalía

Arranca uno de los grandes juicios pendientes de la última crisis financiera: el del presunto patrimonio irregular y los presuntos delitos fiscales de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, exdirector gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y expresidente de Bankia. Y lo ha hecho, como se esperaba, con una enmienda a la totalidad de la defensa de Rato, la abogada María Massó (Baker McKenzie):

"La denuncia que presentó la Fiscalía era mendaz, contradictoria y con elementos atípicos", ha afirmado la letrada durante su intervención en la fase de cuestiones previas, con la que está arrancando el juicio. También ha usado otros calificativos como "falta de rigor" respecto a la actuación de los fiscales y la Agencia Tributaria.

Massó ha pedido la nulidad de pruebas clave del caso, como la entrada y registro en la vivienda y oficina de Rato en 2015, que dio lugar a la famosa fotografía del expresidente de Bankia retenido por la Policía. "Se vulneraron los derechos de defensa, inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y profesional" de Rato, ha expuesto. La abogada ha añadido que no había ningún tipo de razón para que se decretaran entonces la detención, los registros y el bloqueo de cuentas de su representado, medidas que ha calificado como "desproporcionadas", insinuando que podría haber razones no explicadas para haberse llevado a cabo.

Según la defensa de Rato, la denuncia de la Fiscalía "con un mínimo análisis crítico" hubiera quedado reducida a una investigación fiscal por 300.000 euros no declarados por servicios profesionales (cuando cobraba de Santander, Telefónica y CaixaBank a través de sociedades). Cree, así, que no hay motivos para acusar por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes y advierte de una "exagerada quiebra del principio de proporcionalidad".

Posición de la fiscal

Por su parte, la Fiscalía ha pedido que se aporten dos nuevos informes periciales a la causa y que se aporten detalles sobre algunas cuentas de acusados en Luxemburgo. También quiere evitar que las acusaciones renuncien en el último momento a testigos.

La Fiscalía pide para Rato una pena de cárcel que asciende a aproximadamente 70 años por 11 delitos contra la Hacienda pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Habría defraudado a Hacienda 8,5 millones de euros. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, Rato habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

El tribunal que celebra el juicio debe decidir en los próximos días sobre las cuestiones previas planteadas por defensas y acusaciones, algo que podría hacer antes de empezar a interrogar a acusados o en sentencia.

La defensa de Rato ha advertido de que la nulidad de la incautación de documentación en el registro de 2015 llevaría a la nulidad de toda la causa y a libre absolución de su representado y el resto de acusados. "Sin el auto habilitante de incautación, toda la causa habría decaído", expone Massó.