El impacto social de las inversiones: el factor más olvidado de las siglas ESG

Hace apenas seis meses, la prioridad de política monetaria de los bancos centrales de todo el mundo era completamente distinta. Antes de que la inflación se convirtiese en su principal dolor de cabeza, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos; el Banco Central Europeo (BCE); el Banco de Inglaterra y muchos otras autoridades diseñaban masivos planes de gasto público para financiar una economía poscovid a medio camino entre la recuperación económica y la transición medioambiental y social. Solo el Congreso de Estados Unidos aprobó paquetes de estímulo por valor de 5 billones de dólares desde principios de 2020. La Comisión Europea, por su parte, daba luz verde al presupuesto Next Generation EU por 750.000 millones de euros.

Esta avalancha de dinero para financiar los objetivos climáticos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 de la ONU dio paso a una economía sobrecalentada; con una cadena de suministro tensionada por la demanda, la alta inflación, los ajustes de producción de combustibles fósiles durante la pandemia, y las perturbaciones macroeconómicas asociadas a la invasión de Ucrania y las entregas de gas y petróleo ruso a Europa.

Ahora que los bancos centrales empiezan a revertir su expansión monetaria, la financiación para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 cuenta con un déficit de 2.300 miles de millones de dólares al año a nivel mundial, según estimaciones de Naciones Unidas, de los que 890 miles de millones corresponden a infraestructuras (470 miles de millones para carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril, y 250 miles de millones y 140 miles de millones en educación y sanidad, respectivamente).

Para analizar la situación actual de las inversiones asociadas a criterios ESG, El Confidencial y Sacyr organizaron la conferencia 'El impacto social de las empresas'. En el evento participaron Pedro Alonso, director general de Comunicación de Sacyr; Ana Sainz, directora general de la Fundación SERES; Concha Iglesias, líder de Climate & Sustainability de Deloitte; y Carlos Ballesteros, director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.

"La medición del impacto social de las empresas es el elefante en la habitación: todo el mundo sabe que está, ocupa mucho espacio y molesta, pero de alguna manera no le estamos haciendo el caso necesario", dijo el director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, sobre el componente social, el menos relevante del debate público sobre las siglas ESG.

"La medición del impacto social de las empresas es el elefante en la habitación" (Ballesteros)

Según Ballesteros, "las mediciones del impacto [de las inversiones] se han convertido en una obligación regulatoria, pero también de voluntad y oportunidad. Medir el impacto scial de las empresas debe ser visto como una oportunidad igual que un riesgo. También es importante reconocer que la medición no debe ser el fin, sino un medio para avanzar, gestionar y cambiar nuestros impactos en la sociedad".

Durante la mesa redonda, la directora general de la Fundación SERES coincidió con este enfoque corporativo, que requiere también de cambios en la cultura de las organizaciones: "Una empresa puede actuar por responsabilidad, por obligación y, la tercera, por oportunidad. Al igual que la digitalización es una ventaja competitiva, el factor S ayuda a la sostenibilidad a medio y largo plazo de sus negocios", explicó Sainz, quien puso de relieve la importancia de los valores intangibles de las empresas en este proceso. "El 80% del valor de las compañías ya está en conceptos intangibles, por lo que tenemos que integrar de alguna forma la medición para poder determinar el valor que generan económicamente y socialmente", añadió.

En el debate sobre criterios ESG existen numerosas controversias: desde su integración con conceptos más antiguos como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la Inversión Socialmente Responsable (ISR) y la labor filantrópica de las fundaciones de empresas hasta la fragmentación de normativas y falta de homogeneidad de estándares internacionales para elaborar informes más fiables y transparentes.

Frente a los anteriores criterios de inversión social basados en RSC y la filantropía corporativa, Alonso destacó el cambio de modelo que supone la escucha activa de los grupos de interés: "La RSC, basada en la ley, constituye una fórmula de empresa ética y responsable, pero el impacto social de las empresas va más allá porque escucha y dialoga de forma activa con los grupos de interés. Es la principal diferencia. Para ello, hay que establecer un método basado en la conversación con los `stakeholders´ para integrar sus puntos de vista y consideraciones, implantar ese plan y, por supuesto, medir ese impacto social", añadió.

"Hay que implantar un método que integre los puntos de vista de los `stakeholders´ y medir ese impacto social" (Alonso)

Por el tipo de actividad que desarrolla el sector de las infraestructuras, el directivo de Sacyr habló "de las comunidades cercanas como el grupo de interés más afectado y, por lo tanto, al que se le dedica más esfuerzos y recursos". Pero también subrayó la importancia de "la cadena de suministro, vital para que nuestra actividad llegue hasta el último rincón. En un mundo financiero cada vez más segmentado y complicado con emisores de deuda, analistas, bonistas, financistas, etcétera, todo debe estar muy clasificado y detallado", dijo sobre el cada vez más amplio abanico de grupos de interés, divididos tradicionalmente entre accionistas, por un lado, y empleados, consumidores y comunidades, por otro.

Los retos de las mediciones

Para explicar los retos que afrontan las mediciones del impacto social de las empresas, la líder de Climate & Sustainability de Deloitte destacó el diseño de la Taxonomía Social de la UE, una normativa "para crear un lenguaje común y trasladarlo al sistema". De los criterios ESG, "los sociales son más complicados de medir que los E (Ambientales), que se basan en la ciencia y cuentan con cinco años de andadura".

Entre algunos ejemplos de la Taxonomía Social, los ponentes destacaron las políticas retributivas y de igualdad, acceso a colectivos vulnerables, cohesión social y territorial, la integración de las comunidades cercanas a las empresas promoviendo iniciativas inclusivas o la reducción de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción, entre algunas de las más relevantes.

"La Taxonomía Social está estructurada en tres partes: objetivos, cuáles son los criterios de cuantificación, y las salvaguardas mínimas, como el trabajo decente y el impacto positivo en las comunidades para mejorar el acceso a agua, alimentos, vivienda o tecnología. Eso se puede medir", dijo la líder de Climate & Sustainability de Deloitte.

Sobre este marco normativo, que se sumará a la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), Ballesteros coincidió en la importancia de desarrollar instrumentos legislativos de obligado cumplimiento para las empresas. Pero al mismo tiempo criticó algunos aspectos por su complejidad y desarrollo: "Necesitamos un instrumento europeo de obligado cumplimiento, adaptado a nuestra realidad. Al ser obligatorio, el principal desafío es que se vaya descafeinando poco a poco y no contente a nadie, con objetivos menos claros y ambiciosos que los ODS de la ONU, los cuales no son vinculantes", dijo el director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE .

Ballesteros también llamó la atención sobre la necesidad de aumentar la transparencia y estandarización de este tipo de métricas ESG en los mercados privados y las medianas empresas, los cuales reciben menor escrutinio que las cotizadas. "La parte social es la más difusa de las tres siglas ESG. La parte E está más trabajada y viene de más atrás, mientras que la G está más fijada en los consejos de administración", añadió.

Para establecer unas métricas confiables en la medición de impactos, Alonso las comparó "con un traje a medida", que se pueda adaptar a cada proyecto según su realidad y ámbito geográfico. "A nosotros, la implantación de una cultura corporativa basada en estos factores nos ha funcionado claramente de arriba a abajo, porque de abajo a arriba los cambios son mucho más lentos".

"La parte social es la más difusa de las siglas ESG. La E está más trabajada, mientras que la G está más fijada en los consejos de administración" (Ballesteros)

En las multinacionales, con presencia en varias decenas de mercados diferentes, el directivo de Sacyr explicó que "están desarrollando un método general para toda la compañía, que luego elegimos y adaptamos a cada caso con las métricas más adecuadas. No se puede medir de la misma forma ni el qué, ni el cómo; contamos con un plan de sostenibilidad con 18 millones de dotación y alrededor de 30 indicadores cualitativos y cuantitativos", dijo sobre la necesidad de contar con `reportings´ para comparar con un índice a empresas del mismo sector o, al menos, las compañías homólogas.

Al tiempo que se termina de desarrollar un `framework´ europeo para aterrizar la inversión con impacto social, la segunda parte del problema es el déficit de financiación. "El coste de esta transformación social es al menos de 2.300 miles de millones de dólares anuales a nivel mundial, con un déficit que duplica lo que tenemos ahora mismo. En el sector de las infraestructuras supone 890.000 millones dólares. La colaboración público-privada es muy importante para lograr estos objetivos", añadió Iglesias.

Aunque todavía insuficiente, la líder de Climate & Sustainability de Deloitte destacó que la emisión de bonos sociales aumentó desde "los 18.000 millones en 2019 hasta 205.000 millones en 2022, donde el sector corporativo representa un 6,4% de los bonos sociales emitidos frente a un 47% en la parte ambiental. Se necesita más financiación y más impulso por parte del regulador", dijo sobre los sistemas alternativos de financiación basados en factores ESG, como los bonos verdes lanzados por el Estado español a finales de 2021.