Urbas pelea para frenar un embargo de cuentas bancarias por unos avales en Vera

Urbas libra una batalla legal determinante en Vera, Almería. La inmobiliaria cotizada intenta evitar un posible embargo de sus cuentas bancarias que ya ha decretado dos veces el juzgado número 1 de primera instancia de dicha localidad. La última vez, el pasado 30 de mayo. Urbas ha recurrido y espera suspender su ejecución como hizo en marzo, según fuentes próximas al grupo.

Fuentes próximas a la compañía destacan que la cotizada ha reducido la deuda en casi 200 millones de euros en los últimos años, hasta los 40-50 millones actuales, y que la disputa con el fondo no se debe a un problema de solvencia, sino de discrepancia con la demanda.

La inmobiliaria ha llegado a esta situación tras un pleito abierto por un fondo oportunista que heredó antigua deuda de Caja Murcia (BMN), al que representa la gestora de recuperaciones Hispania Asset Management.

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Agencias

En 2019, el juzgado de Vera pagó 1,68 millones al fondo oportunista tras subastar los pisos que garantizaban dichos préstamos, que tenían un valor inicial (principal más intereses y costas) de casi seis millones de euros. Un año después, la sociedad Debt Resolution Corporation, de Luxemburgo (dueña de los créditos), reclamó a Urbas el pago de tres millones como fiador de la antigua deuda de Caja Murcia. Tras más de un año de negociaciones infructuosas, esta petición derivó en el proceso que ha desembocado recientemente en los embargos.

La inmobiliaria presidida por Juan Antonio Acedo niega ninguna responsabilidad sobre dicha deuda, ya que no estuvo informada en el proceso de ejecución de los préstamos y porque estaría prescrita.

Discusión legal

Aun así, la compañía cotizada se llevó el primer susto el pasado 9 de febrero, cuando la jueza Rocío Agudo decretó "despachar ejecución por la cantidad de 3.006.417,29 euros, en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 901.925 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación". Ocho días después, el 17 de febrero, el juzgado acordaba el "embargo sobre los siguientes bienes cuya titular es la ejecutada: saldos bancarios, hasta responder" de los cuatro millones de euros.

Urbas presentó un escrito de oposición con el que consiguió paralizar la ejecución del embargo. Los demandantes defendieron en un escrito que "la suspensión de la ejecución no paraliza la práctica de embargos".

La última novedad del caso llegó el pasado 30 de mayo, cuando un letrado del juzgado —no la jueza— ha reiterado el embargo sumando al de las cuentas bancarias "las cantidades a las que tenga derecho en concepto de devolución de impuestos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

Urbas ha vuelto a recurrir dicha decisión alegando que el juzgado "acordó la suspensión del curso de la ejecución, por lo que no ha lugar a esta actuación manifiestamente contraria con dicha suspensión". Además, añade que Debt Resolution Corporation no impugnó la suspensión, "por lo que, transcurrido el plazo legal, adquirió firmeza". Por ello, creen que la ejecución está suspendida hasta que la jueza convoque una vista para discutir el asunto.