Los imputados de BBVA esperan las agendas de Villarejo para declarar ante el juez

El caso BBVA-Villarejo se prepara para una nueva ronda de declaraciones. Cerca de una decena de imputados de la causa estudia pedir declarar de manera voluntaria en la Audiencia Nacional a partir de septiembre. Esperan hacerlo después de que el juez Manuel García-Castellón ponga a su disposición las nuevas agendas del comisario Villarejo y de que uno de los imputados, Antonio Béjar, haya podido revisar su antiguo correo electrónico, según fuentes legales consultadas por este medio. Aun así, alguno podría adelantarse.

Así, el nuevo plazo establecido por el magistrado para la investigación, que vence en enero de 2022, ha hecho saltar las alarmas de todos los investigados que se acogieron a su derecho de no declarar en 2019. A meses de que concluya la instrucción, la mayoría se inclina ahora por comparecer de manera voluntaria en el juzgado y dar su versión de los hechos. Con ello, quieren esquivar el probable juicio oral al que se encamina la causa.

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EFE

Este caso tiene actualmente 21 imputados, tras haberse sumado el 'dircom' del banco, Paul G. Tobin, que todavía tiene que ser citado a declarar. De entre los otros 20, ocho han respondido a las preguntas del magistrado y los fiscales, y los otros 12 declinaron hacerlo al llegar a la causa cuando todavía estaba bajo secreto de sumario.

Los ocho que han testificado son el propio Villarejo; su socio Rafael Redondo; el comisario Enrique García Castaño; el expresidente de BBVA Francisco González; el representante legal del banco, Adolfo Fraguas; la jefa de Seguridad, Inés Díaz Ochagavia; el exdirector de Riesgos España Béjar, y el director de Auditoría Interna, Joaquín Gortari, que lo hizo el pasado jueves.

Declaraciones pendientes

Quedan por hacerlo los antiguos altos cargos del banco Ángel Cano (ex CEO), Juan Asúa (actual asesor del presidente), Ricardo Gómez Barredo (exjefe de Contabilidad y actual consejero de la filial turca), Julio Corrochano (exjefe de Seguridad), Eduardo Arbizu (exdirector de los Servicios Jurídicos), Manuel Castro (exjefe de Riesgos), Eduardo Ortega (exjefe de Servicios Jurídicos Contenciosos), José Manuel García Crespo (exjefe de Servicios Jurídicos en España), Javier Malagón (exjefe de Finanzas), Ignacio Pérez Caballero (exjefe de la Red), Nazario Campo (del equipo de Seguridad) y el inspector Antonio Bonilla.

Los abogados de algunos de estos imputados esperan que la Fiscalía Anticorrupción y el juez García-Castellón hagan un 'filtrado' de todos los investigados antes de enviar el caso a juicio oral, en caso de que finalmente se decida. Creen que hay algunos exdirectivos en la causa que tuvieron un papel testimonial en los hechos investigados, por lo que incluso no descartan pedir el sobreseimiento cuando vean que el caso se acerca a su final.

Los exdirectivos esperan a que alguno sea el primero en dar el paso en pedir su declaración. Ninguno quiere adelantarse, por temor a verse demasiado expuesto. Junto a ello, creen que es mejor esperar a examinar las nuevas agendas de Villarejo, por si hubiera alguna prueba que pudiera dejarles con el pie cambiado. Lo mismo ocurre con los correos a los que espera acceder Béjar, el investigado que se ha desmarcado del resto en la causa y cuyas declaraciones estuvieron detrás de varias imputaciones.

De hecho, en el caso, no se descarta que el exdirector de Riesgos y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) vuelva a pedir declarar cuando haya podido ver sus antiguos 'e-mails', algo que la Audiencia ordenó hace meses y que BBVA todavía no ha ejecutado.

La postura de Sebastián

Otro exdirectivo que tendrá que desfilar por la Audiencia es el expresidente González, para el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se añada un nuevo delito, por administración desleal. Tanto FG como el resto de investigados lo son de momento por cohecho y revelación de secretos.

Junto a estos imputados, también hay nerviosismo por revisar las agendas entre las acusaciones. Así, el exministro Miguel Sebastián pidió acceso hace algunos días. "El conocimiento de dichas anotaciones podría ser determinante para que esta parte pueda actuar con plenitud de derechos, en el ejercicio de su papel procesal como parte perjudicada, y es por ello que se interesa el acceso a su contenido", solicitó su letrado. Junto a ello, pidió que declare Corrochano, pieza clave del caso, que tampoco quiso responder a preguntas en 2019.