Gortari (BBVA) dice que González le pidió información sobre un abogado
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ENCARGOS DEL BBVA A VILLAREJO

Gortari (BBVA) dice que González le pidió información sobre un abogado

En su declaración en la pieza que investiga los encargos del BBVA a Villarejo, Gortari ha admitido que recibió un documento sobre el letrado, pero que lo dejó "durmiendo el sueño de los justos"

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Ex presidente del BBVA, Francisco González (EFE)

El exdirector del gabinete de presidencia y actual jefe de auditoría interna del BBVA, Joaquín Gortari, ha dicho este jueves que el expresidente de la entidad, Francisco González, le pidió información sobre un abogado, pero que nunca le remitió un informe al respecto.

En su declaración como investigado en la pieza separada que investiga los encargos del BBVA al excomisario José Villarejo, Gortari ha admitido que recibió un documento sobre el letrado, pero que lo dejó "durmiendo el sueño de los justos", guardado, y que no comunicó el contenido a nadie, ni siquiera al propio González.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, el directivo ha explicado que González le contactó un día cuando aún estaba al frente del gabinete de presidencia, para pedirle referencias sobre el abogado Felipe Izquierdo.

Su intención era saber acerca de él, a raíz de un recorte de prensa, pero no investigarle.

Foto: Sede de BBVA en Madrid. (EFE)

Precisamente, Gortari fue imputado a instancias de Izquierdo, que en su querella asegura "haber tenido conocimiento de que la entidad dio órdenes de 'espiarle' con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden, presuntamente" suya y del expresidente del BBVA.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el ahora responsable de auditoría interna del banco ha contado que, tras el mensaje de González, habló con el exresponsable del área de regulación y control interno Eduardo Arbizu, que no conocía al letrado.

Acto seguido, Gortari recurrió al entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que identificó al abogado y, poco después, le hizo llegar un informe sobre él.

Sin embargo, ha añadido, esa información se quedó en un cajón y nunca subió al expresidente del banco, siempre según las mismas fuentes.

De esta forma, el directivo ha ratificado la versión que dio en el pliego de descargo por el expediente disciplinario que el BBVA abrió el 24 de julio de 2019, y que cuatro días más tarde le exoneró de cualquier tipo de responsabilidad laboral en los hechos.

Sobre las fincas

En su interrogatorio, Anticorrupción también ha preguntado a Gortari si los códigos de ética y conducta permitían utilizar servicios del banco en beneficio propio.

En concreto, si era posible emplear los medios de la entidad para consultar si una finca estaba libre de cargas, a lo que Gortari ha respondido que aunque él no, el presidente sí que podía hacerlo con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés.

Las preguntas de la Fiscalía van en la línea de lo sostenido en su último informe, en el que pide al juez que informe a Francisco González de un posible delito de administración desleal por utilización de recursos del banco para valorar la adquisición de una finca a título privado.

Foto: El presidente de BBVA, Carlos Torres. (Reuters)

La "operación Trampa", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano.

A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado considera que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".

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