La Junta de Andalucía busca el informe sobre los sobresueldos de Medel en Unicaja

La Junta de Andalucía investiga el expediente que el PSOE andaluz metió en un cajón sobre presuntos sobresueldos en Unicaja. El equipo liderado por Juanma Moreno ha pedido un informe sobre la situación de la investigación que la junta tuvo sobre la mesa entre 2007 y 2017. Lo ha hecho a raíz de las informaciones publicadas por este medio, que apuntan que el Gobierno andaluz dejó aparcado durante años un documento del Banco de España sobre posibles infracciones de Braulio Medel, actual presidente de la Fundación Unicaja.

La Junta de Andalucía tiene tres puntos que aclarar sobre este expediente. El primero, si fue realmente archivado o se 'enterró' por la vía del silencio administrativo. El segundo, por qué el Gobierno andaluz del PSOE dejó en un cajón la investigación durante casi 10 años. Y, tercero, si sus predecesores actuaron correctamente al no sancionar a Medel y otros exdirectivos de Unicaja.

Fuentes próximas al proceso no descartan que el informe pedido por la Consejería de Hacienda, que lidera Juan Bravo, provoque que se reabra la investigación y que afecte a la posición del banquero andaluz al frente de la Fundación Unicaja. A esto se suma que el Banco de España y el Ministerio de Economía tienen sobre la mesa la revisión de la honorabilidad de Medel.

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Esta polémica se ha originado a raíz de que se haya hecho público el informe que el Banco de España remitió a la antigua caja y a la Junta en diciembre de 2007. En él, el regulador español apuntaba que había un posible incumplimiento de la Ley de Cajas por parte de la cúpula de Unicaja, al haberse embolsado de 305.000 euros de participadas. Por ello, recomendaba a la Junta de Andalucía que abriera un expediente sancionador, ya que estas competencias estaban en las comunidades autónomas.

La Consejería de Hacienda de la Junta, entonces liderada por José Antonio Griñán, hizo caso omiso del informe del Banco de España. Lo mismo hizo su sucesora, Carmen Martínez Aguayo (2009-2013). Y la siguiente en ocupar la consejería, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, abordó la cuestión en 2017. La consejería envió un requerimiento a la Fundación Unicaja el 18 de enero de 2017, que fue respondido. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el expediente fue archivado, aunque otras fuentes señalan que no hubo un cierre oficial del informe.

Informe clave de 2003

Las fuentes consultadas señalan que la Junta de Andalucía tenía pocos argumentos para archivar el expediente, ya que la Ley de Cajas era clara sobre que los presidentes de las cajas debían tener "dedicación exclusiva [...] incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado". A pesar de este artículo, Medel era consejero independiente de grandes empresas como Iberdrola.

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Junto a ello, la ley andaluza de cajas determinaba que "en los supuestos de actividades realizadas en representación de la caja de ahorros deberán reembolsar a ésta las cantidades que puedan percibir como consecuencia de su ejercicio". Algo que no ocurría según el Banco de España. Las cantidades percibidas de participadas por la cúpula de Unicaja fueron de 305.000 euros en 2006, de 480.000 euros en 2007, 525.000 euros en 2008 y 742.000 euros en 2009.

A esto se suma que la Junta de Andalucía tenía claras las reglas de juego desde 2003, tras un informe de su Consejo Consultivo emitido a raíz de una consulta sobre Cajasur. El consejo fue tajante: "El ejercicio de tales actividades [pertenencia a otros consejos] está reñido con la exigencia de dedicación exclusiva y además debe evitarse, en su caso, la colisión de intereses, es decir, porque se presume, en suma, que una actividad normalmente constitutiva de una fuente de ingresos, exige a su vez una disponibilidad que entra en pugna con el deseo del legislador de que los presidentes ejecutivos de las cajas no puedan ejercitar actividades paralelas que les aparten o distraigan de lo que debe ser su dedicación exclusiva". Durante su etapa al frente de Unicaja, Medel estuvo en consejos como los de Iberdrola, Abertis, Acerinox, Hidralia, Caser, Ceca, Ahorro Corporación, Retevisión, Compañía Sevilla de Electricidad y Centros Comerciales Carrefour.

Frente a la Ley de Cajas, su adaptación andaluza y el dictamen del Consejo Consultivo de la Junta, las fuentes consultadas señalan que Unicaja se agarró a la letra pequeña de un reglamento para modificar sus estatutos entre 2000 y 2005. Incorporó una cláusula que fijaba que el presidente y los vicepresidentes ejecutivos "tendrán derecho a las [dietas] que correspondan por el ejercicio de sus funciones representativas en otras entidades". De ahí que la Fundación Unicaja argumentara ante la Junta de Andalucía en 2017 que los cientos de miles de euros cobrados al año por su presidente eran "compensaciones" o "indemnizaciones", según un documento publicado por 'Diario Sur'.

Frente a ello, las mismas fuentes señalan que el cambio en los estatutos —artículo 24— se hizo inicialmente para que los representantes de Unicaja en participadas pudieran ser compensados por gastos como los desplazamientos y asistencia en su labor —dietas—, que representan cifras muy alejadas de los 305.000 euros que chequeó el Banco de España. Además, añaden, este artículo de los estatutos "debe ser considerado nulo de pleno derecho" al ser contrario a la ley.

Otro de los puntos sorprendentes en la actuación de la Junta es que, en su última adaptación de la ley de cajas —de 2011—, introdujo como "infracción muy grave" que las entidades se saltaran la cuestión de la exclusividad y la ausencia de dobles retribuciones de sus directivos. Lo hizo a pesar de tener sobre su mesa desde cuatro años antes el informe del Banco de España sobre Medel, y seis años antes de abordarlo.

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