La SEPI aprueba el rescate de Duro Felguera tras el apoyo de Banco Santander

El consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las empresas tiene previsto aprobar hoy la concesión de 120 millones de euros a Duro Felguera para evitar la quiebra de la compañía asturiana. El organismo vinculado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha autorizado esta línea de financiación y aportación de capital al grupo de ingeniería, que ya no disponía de dinero para pagar las nóminas, y tras obtener a la vez el visto bueno de la banca al nuevo plan de recapitalización.

Después de cuatro años de calvario y de seis meses desde la petición oficial de rescate con dinero público al Estado, Duro Felguera por fin tendrá esta semana el plácet para obtener los 120 millones que garantizan su conftinuidad como empresa en funcionamiento. El grupo dirigido por José María Orihuela ha logrado al fin el visto bueno de los representantes de los ministerios de Hacienda, Economía e Industria que componen el consejo gestor de la SEPI tras advertirle que, de lo contrario, solicitaría de forma inmediata el concurso de acreedores. Así lo reconoció este lunes por la noche en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que publicó las pérdidas millonarias de los nueve primeros meses de 2020.

El Estado va a aportar unos 90 millones en forma de préstamo participativo (70 millones) y ordinario, mientras que destinará otros 30 millones a comprar acciones de Duro Felguera. Así, la SEPI se convertirá en el mayor accionista de la compañía con sede en Gijón, que en el verano de 2018 ya hizo una ampliación de capital de 125,7 millones. Un dinero que se evaporó a los pocos meses al descubrir nuevos proyectos fallidos fuera de España que se comieron el dinero inyectado por los inversores.

Santander, Bankia, Liberbank, CaixaBank y Sabadell habían rechazado las numerosas propuestas presentadas por Orihuela

La decisión de la SEPI, que será refrendada en un posterior Consejo de Ministros, se produce en paralelo a las negociaciones con la banca, que también tiene que dar su visto bueno al plan de recapitalización. Las entidades financieras, capitaneadas por el Santander, están de acuerdo con este nuevo esquema, ya que Duro Felguera se compromete a amortizar 25 millones de euros de la deuda. A la vez, los bancos le conceden avales por 100 millones para poder optar a los contratos de obras, pero garantizados en un 75% por la entidad pública Cesce, por lo que apenas asumen un riesgo de 25 millones, lo mismo que cobran.

Hasta la fecha, Santander, Bankia, Liberbank, CaixaBank y Sabadell habían rechazado las numerosas propuestas presentadas por Orihuela, que les había invitado a aceptar una quita de hasta el 80% de la deuda pendiente. Una pérdida que ya asumieron en el verano de 2018, cuando se llevó a cabo la primera reestructuración y que se tradujo en una dilución del 97% para los accionistas. La relación de los acreedores con el consejero delegado de Duro Felguera ha sido muy tensa en los últimos 24 meses, por lo que se da por hecho que en el nuevo acuerdo habrá un cambio significativo en la alta dirección del grupo.

Una vez que el Consejo de Ministros autorice el rescate el próximo viernes, la SEPI tendrá derecho a nombrar una mayoría de consejeros y a designar a un consejero delegado que lidere la gestión y proteja el dinero público. Una aportación de fondos que ha sido apoyada por el Principado de Asturias, presidido por el socialista Adrián Barbón, y por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, nacida en Ribadesella, que medió con el consejo gestor para salvar el grupo. En su consejo de administración, también se encuentran dos exministros del PSOE, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, que entraron cuando la compañía ya estaba en impago con los bancos.

Más números rojos y nuevo ERTE

En los nueve primeros meses del año, Duro Felguera perdió 125 millones de euros debido al impacto de la pandemia de covid-19. La compañía tuvo que dotar provisiones por un importe total de 107 millones por los sobrecostes por alargamiento de plazos de proyectos en curso, la resolución del contrato de Jebel-Ali, así como otras provisiones en cuentas a cobrar y deterioros en la valoración de activos inmobiliarios generados por la situación de crisis sanitaria.

Entre enero y septiembre, las ventas ascendieron a 111,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 64,9% respecto al mismo periodo de 2019. El EBITDA se situó en 111,9 millones de euros negativos, reflejando el impacto de la pandemia, frente a los 11,3 millones de euros positivos precedentes. Su situación es tan crítica que ya no dispone de liquidez para hacer frente a las nóminas de los cerca de 1.600 trabajadores, una cuarta parte de los cuales ha sido incluida en un segundo ERTE.