Galán llama a los sindicatos en plena ofensiva del Gobierno contra la jubilación anticipada

Iberdrola ha denunciado de forma súbita el convenio colectivo que afecta a casi 10.000 empleados en España y ha urgido a los sindicatos a sentarse a negociar de forma inmediata un nuevo acuerdo para los tres próximos años. La decisión, que ha molestado a los representantes de los trabajadores, al considerar que vulnera la ley, coincide con la intención de parte del Gobierno de Pedro Sánchez de endurecer las prejubilaciones masivas por parte de las grandes empresas.

Según han confirmado fuentes de ambas partes, Iberdrola denunció el pasado día 10 el convenio colectivo actual, el cual fue firmado en 2017, con regalos tecnológicos para los sindicalistas, y que vence el 31 de diciembre de este año. Pero mientras la compañía considera que está en su derecho de dar este paso para abrir las negociaciones con el fin de acordar un nuevo marco de relaciones laborales, UGT interpreta que "la denuncia unilateral y anticipada no se ajusta a lo estipulado en el artículo 4º, donde 'se establece un plazo de preaviso de un mes a la fecha de su vencimiento".

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Fuentes próximas al grupo energético consideran que la queja de este sindicato no está justificada, pero UGT se acoge también al artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores para negarse a comenzar las negociaciones por "causa legal o convencionalmente establecida", en referencia a la "existencia de un convenio vigente, una pandemia mundial y la delicada situación sanitaria". Para UGT, solo la implementación y regulación del teletrabajo es necesaria por su eficacia en caso de un rebrote generalizado, y para tal fin no es necesario “abrir” el convenio.

En un documento interno, el sindicato explica: "No sabemos cuál es el motivo real de tanta premura. Para UGT, la situación no es oportuna. Creemos que el entorno y la realidad sanitaria no son propicios, y pensamos que no debemos abordar negociaciones tan trascendentes como un convenio colectivo mientras la situación sanitaria se mantenga en la actual incertidumbre".

Esta organización añade: "Se corre el riesgo de estar más pendiente de la situación externa que de las negociaciones. De un previsible empeoramiento de la situación que pueda interrumpir o mantener las negociaciones de forma precaria y que, derivado de todo ello, se precipite una firma sin el conveniente debate sobre una cuestión tan trascendente como la negociación colectiva. Y todo, sin entrar a valorar el riesgo que supone el que solo la parte social esté compuesta por al menos 30 compañeros/as de toda España desplazados durante semanas".

La advertencia de Escrivá

La denuncia por parte de Iberdrola se produjo el pasado 10 de septiembre, el mismo día en que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados la pretensión del Gobierno de endurecer la jubilación anticipada y de aplicar mecanismos que la desincentiven, sobre todo para los trabajadores con salarios más altos. El ministro añadió que esta política se haría de forma gradual, para evitar que el efecto anuncio provoque una reacción perversa, en forma de aluvión de prejubilaciones de trabajadores que busquen escapar de un empeoramiento posterior.

Desde Iberdrola, se niega que la coincidencia del día de ambos anuncios tenga que ver con sus intenciones de ofrecer salidas pactadas a trabajadores a partir de una edad previa a la oficial de jubilación. La compañía tiene como objetivo prejubilar a unos 3.500 trabajadores a nivel global, sobre una plantilla de unos 35.400 empleados, 10.000 de ellos ubicados en España. Pero sostienen que es la empresa la que se hace cargo de todo el coste, sin cargar ninguna cuenta a la Seguridad Social, como era lo habitual hasta 2011 en las grandes corporaciones.