Puede perder 4,5 millones más

La filial de Auriga pillada por el Madoff catalán compró facturas falsas a más grupos

Finalter, sociedad que compró cerca de 40 millones en facturas de Publiolimpia, también pudo adquirir hasta 4,5 millones de papel contaminado procedente de otras compañías

Foto: Los inversores del fondo de Auriga afectado por Publiolimpia pueden ver esfumarse hasta el 60% de su inversión
Los inversores del fondo de Auriga afectado por Publiolimpia pueden ver esfumarse hasta el 60% de su inversión

La presunta estafa piramidal de Publiolimpia tiene entre sus víctimas a los inversores del fondo IM Auriga Pymes EUR 1 FTA, vehículo que confió más de la mitad de su patrimonio a la empresa de Antonio Mas Samora, el ya popularmente conocido como Madoff catalán, según denunció la propia Auriga hace tres semanas.

La sociedad de valores presidida por Íñigo Resusta adquirió este papel a través de una sus filiales, Finalter, que posteriormente cedió los derechos de cobro al fondo, y que desde el estallido del escándalo ha defendido que este engaño se limita a 38,8 millones de euros, sobre un patrimonio total de 74 millones, lo que supone poco más de la mitad del vehículo.

Sin embargo, estas cifras están empezando a ponerse en entredicho. El pasado viernes, la propia administradora del fondo, Intermoney, comunicó como hecho relevante que había detectado "otras facturas posiblemente falsas procedentes de vendedores distintos de Publiolimpia"; y tres días después, en el informe mensual del vehículo, reconoce nuevas pérdidas que podrían elevar el quebranto para los inversores hasta el 60%.

En concreto, ha identificado 1,8 millones de euros de imposible cobro, que ha incluído en su cartera fallida, y otros 3 millones de valor nominal registrados como de difícil recuperación, que podrían terminar generando otro agujero de 2,7 millones, ya que están siendo tramitados fuera de cobertura, es decir, que el seguro ha dicho que están al margen de su responsabilidad.

Según las fuentes consultadas, entre las cláusulas que se sellaron con Solunion, aseguradora del fondo, figura que esta entidad queda exenta de toda responsabilidad cuando se detecta que las facturas son falsas o tienen algún vicio oculto, como se sospecha que también puede ocurrir con este papel.

En su defensa, Auriga ha colgado un comunicado en su página web donde señala que "las graves acusaciones vertidas por Intermoney en su hecho relevante son radicalmente falsas y tienen como objetivo generar confusión sobre las circunstancias que rodean la presunta estafa, así como sembrar dudas infundadas sobre la actuación de Finalter, S.L. y Auriga Global Investors".

A la espera de que se termine de aclarar la situación patrimonial del vehículo, la realidad es que, a cierre de mayo, justo antes de que estallara el escándalo de Publiolimpia, el vehículo contaba con 11,05 millones de tesorería y 19 millones de facturas en regla, lo que significa que el importe total que podrían recuperar los inversores a dicha fecha sería de poco más de 30 millones. Además, hay 1,4 millones en morosidad.

Para tratar de compensar parcialmente estas pérdidas, Intermoney está intentando que el fondo se quede con los 3,5 millones de precio aplazado, dinero que es una especie de deuda que el vehículo tiene con Finalter, y que la filial de Auriga ha rechazado traspasar.

De hecho, fueron negativas de este tipo las que llevaron a Intermoney presentar una denuncia ante los Mossos d'Esquadra el pasado 5 de junio, a la que siguieron dos ampliaciones, en las que señalaba que podían ser "penalmente responsables las sociedades Finalter, Publiolimpia y sus representantes".

Propiedad de Auriga y creada pocos meses antes de lanzar el fondo, las riendas de Finalter las llevaba Joaquín Poblet, ejecutivo de la sociedad de valores que ahora está en el epicentro de las críticas, tanto por su papel protagonista en la compra de facturas, como por la sospecha de que pudiera ser propietario del 25% Finalter desde hace medio año.

Precisamente por su papel al frente de esta compañía, fue él quien presentó, el pasado 31 de mayo, una denuncia ante el grupo de delicuencia económica de la Guardia Civil de Cataluña contra Publiolimpia y Antonio Mas por un presunto delito de estafa agravada, hecho al que se acoge siempre Auriga para defender que fue Finalter quien detectó los vicios ocultos de las facturas y que inmediatamente lo comunicó a Intermoney, a la CNMV y a las autoridades policiales.

Entre los afectados por el hundimiento del fondo IM Auriga Pymes figuran grandes fortunas como Alicia Koplowitz, que a través de su sicav Morinvest tenía invertidos 3,1 millones, aseguradoras como Caser o Aviva, entidades de previsión social vascas, además de accionistas y empleados de la propia Auriga y un nutrido grupo de inversores particulares cualificados.

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