La cúpula de Caixa Penedès defiende la legalidad de sus jubilaciones millonarias

El exdirector general adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella defendió este lunes, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès, que las jubilaciones millonarias que se otorgaron de forma presuntamente irregular"eran legales" y agregó que si no hubieran suscrito las pólizas de seguro y los planes de pensiones por los que se les garantizaron ingresos de 31,6 millones de euros "se hubiera incurrido en una discriminación" respecto a los trabajadores comunes.

Abella, el primero de los exdirectivos juzgados que ha prestado declaración ante el juez central de instrucción José María Vázquez Honrubia, explicó que su contrato de alta dirección en la caja, firmado en 1996, contemplaba que tenía derecho a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años. "Decía con total claridad que tenía derecho a prejubilarme y que cobraría el 90% de mi retribución fija hasta los 65 años", dijo.

Indicó que hizo uso de este derecho en enero de 2007, cuando tenía 61 años. "Desde entonces estoy felizmente jubilado", explicó.

Según el exdirector general adjunto, en enero de 2001 el consejo de administración de la caja estableció la externalización parcial de los servicios por pensiones de los que disfrutaban sus trabajadores siguiendo el criterio adoptado por una comisión negociadora creada a ese efecto.

Esta comisión fue la encargada de diseñar el nuevo sistema y en ella se decidió que las jubilaciones se cubrirían con un fondo de pensiones y el exceso de salario pensionable se cubriría con una póliza de seguros. Este sistema, pensado en un inicio para los empleados comunes, fue el que adoptó también la directiva.

"El personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza. No consolidar los derechos de los directivos de la misma forma hubiera supuesto que hubiera personas en la caja con todos los derechos y otras, nosotros cuatro, con sólo un trozo", indicó.