El ‘lobby’ del seguro impulsa enmiendas para recortar derechos a los autónomos dependientes

Las entidades aseguradoras agrupadas en su asociación UNESPA han abierto un frente, como parte interesada, en la tramitación del proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que este miércoles aprobó la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados para su consiguiente paso al Pleno del Congreso. Los aseguradores consideran que esta ley, que en el futuro amparará a tres millones de trabajadores, incluidos 500.000 autónomos dependientes -aquellos que tienen más del 75% de sus ingresos vinculados a una sola empresa-, les perjudicará en ciertos aspectos. Para impedirlo, han impulsado cinco enmiendas prioritarias y algunas más técnicas, que en muchos casos suponen recortar derechos reconocidos en esta futura ley.

Con esta forma de actuar los aseguradores incurren en una contradicción manifiesta. Por una parte, intentan defender sus intereses económicos a costa de rebajar los derechos de un colectivo de trabajadores, como son los autónomos, que están considerados como grandes clientes del seguro privado, y por otra, dejan de lado la responsabilidad corporativa que predican defender ante la sociedad.

El problema parte de los logros alcanzados por las aseguradoras en la nueva Ley de Mediación de los Seguros y Reaseguros Privados, de 17 de julio de 2006. Esta ley regula las nuevas figuras autorizadas para distribuir seguros, que se concretan en operadores bancarios, agentes exclusivos, agentes vinculados y corredores. Hay más de 6.000 corredores de seguros, personas físicas o jurídicas que operan en nuestro país, y se estima que más de 120.000 agentes. Mediante esta ley, los aseguradores consiguieron que los agentes exclusivos, que representan el mayor número de distribuidores autorizados, mantuvieran una sujeción total y contractual a una única entidad aseguradora. La mayoría de estos distribuidores de seguros son autónomos, y muchos tienen más del 75% de sus ingresos vinculados a una sola entidad, por lo que podrán considerarse como autónomos dependientes.

El reconocimiento de nuevos derechos a los autónomos dependientes que recoge el proyecto de Ley de Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), afectaría a miles de agentes de seguros, que componen el grueso de la distribución de entidades como Santa Lucía, Catalana Occidente, Mapfre, Ocaso Caifor (La Caixa) o Caser, además de un largo etcétera. Este miércoles, durante la presentación de resultados de Caser, su director general, Ignacio Eyries, reconoció haber mantenido conversaciones con el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, acompañado de un representante de La Caixa, para exponerle el problema en un intento de amortiguar las consecuencias que la ley supondrá para las entidades aseguradoras.

Bajas laborales, descansos y otros derechos

Mediante la futura LETA, el autónomo dependiente tendrá reconocido el derecho de interrupción de su actividad durante 18 días al año, además, prevé un régimen de descansos o de jornadas máximas y recoge distintos derechos y deberes en caso de extinción de la relación contractual o interrupción de la actividad profesional.