el gobierno bloquea la ley de memoria histórica

El PSOE anima a sus alcaldes a exhumar a víctimas del franquismo de fosas comunes

El PSOE quiere resucitar la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por Rodríguez Zapatero y derogada 'de facto' por el Gobierno de Rajoy, animando a exhumar víctimas de fosas comunes

Foto: Fosa localizada en Jerez de la Frontera, en 2012. (Efe)
Fosa localizada en Jerez de la Frontera, en 2012. (Efe)

El PSOE quiere resucitar la moribunda Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y derogada de facto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al privarla de los fondos necesarios para su aplicación. Para ello, los socialistas han incluido en su programa marco para las elecciones del próximo 24 de mayo el compromiso de crear Comisiones Municipales de Memoria Histórica para "localizar e identificar" a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Es decir: para exhumar los miles de cadáveres de desaparecidos que aún siguen enterrados en fosas comunes.

Tras su entrada en vigor en 2007, con el firme rechazo del PP, la Ley de Memoria Histórica ha visto cómo las partidas destinadas a su financiación iban menguando año tras año hasta su total desaparición, ya con Rajoy en la Moncloa. En 2011, último año de la legislatura de Zapatero, la partida fue de 6,2 millones de euros, que fueron destinados exclusivamente a las exhumaciones de víctimas del franquismo durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Pero en el ejercicio siguiente, ya con el PP en el poder, esa cantidad se redujo un 60%, hasta los 2,5 millones. Y en 2013 y 2014 no se destinó ni un solo euro a ese fin.

Ahora, los socialistas pretenden rescatar del olvido la Ley de Memoria Histórica, recogiendo en su programa marco para las elecciones locales y autonómicas de mayo la promesa de crear "Comisiones Municipales de Memoria Histórica formadas por miembros de los ayuntamientos y representantes de entidades que incluyan en sus fines la localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para asegurar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la ejecución de los planes de trabajo que ha de elaborar el Gobierno de España", según reza el apartado 49 del programa electoral socialista.

Trabajos en La Pedraja (Burgos). (Efe)
Trabajos en La Pedraja (Burgos). (Efe)

 

Lo que no explica el programa es cómo podrán financiar las exhumaciones de víctimas los ayuntamientos socialistas. Los Presupuestos Generales del Estado para este año no incluyen ninguna partida, y los recortes del gasto público en ayuntamientos y comunidades autónomas taponan, en la práctica, cualquier otra vía de financiación alternativa. De ahí que muchos hablen ya sin rodeos de la privatización de las exhumaciones, asumidas casi en exclusiva por los familiares de las víctimas o por entidades privadas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) o la Plataforma por la Comisión de la Verdad.

Como recordó recientemente la asociación judicial Jueces para la Democracia, España, con más de 114.000 desaparecidos, es "el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados". La ARMH tiene decenas de localizaciones de fosas comunes con restos humanos de represaliados por el franquismo, pero casi todas están en lista de espera mientras sus responsables encuentran los recursos financieros para proceder a su exhumación e identificación.

Paradójicamente, el PSOE se opuso la semana pasada en el Congreso de los Diputados a la entrega a Argentina de varios exministros franquistas reclamados por la juez bonaerense María Servini, junto con otras autoridades de la dictadura, a las que acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en España mientras Francisco Franco ocupó el poder. Los socialistas admitieron que este hecho deja "una sensación amarga", pero recordaron que actuar así es aplicar las leyes aprobadas en democracia, y, por tanto, proceder de forma distinta a la de los verdugos: "En una democracia los verdugos también tienen derechos".

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