Podemos inicia la semana del 8-M exigiendo paridad en todas las instituciones públicas

La huelga feminista de este 8-M atravesará el arranque de la precampaña electoral, y desde Podemos quieren acompañar las reivindicaciones de los colectivos feministas tanto en las calle como en las instituciones. Para ello, la ejecutiva de la formación celebrada este lunes ha avanzado la que será una de sus medidas estrella en el programa para las generales del próximo 28 de abril: la paridad en todas las instituciones del Estado y financiadas con dinero público.

La medida, que según la coportavoz del partido, Noelia Vera, busca conseguir la paridad real y efectiva en todos los organismos públicos, requiere modificar la Ley orgánica 3/2007 de igualdad entre mujeres y hombres para pasar del puro fomentar y recomendar a exigir. De no cumplirse en un plazo de cuatro años, la medida pondría fin al dinero público destinado a estas instituciones, entre las que se han puesto como ejemplo la RAE. "Lejos de las recomendaciones, proponemos que la paridad sea una obligación por ley en un plazo máximo de 4 años en todos los organismos públicos", también en aquellos que son independientes pero que viven financiados gracias a una subvención enorme de dinero público, como es el caso de la RAE, según ha señalado Vera.

“Es un bochorno que en 2019 veamos cómo instituciones como la RAE, que se supone que deber recoger el sentir del lenguaje que usa la sociedad, tenga solamente 8 puestos femeninos de un total de 46 en sus sillones de decisión. Entendemos que esto tiene que cambiar”, ha añadido la dirigente de Podemos, no hay cierre de la brecha de la desigualdad sin redistribución de poder.

Desde la formación han puesto en entredicho el decálogo del 'feminismo liberal' lanzado por Ciudadanos para este 8-M, que hace hincapié en la abolición de la prostitución, la defensa de la gestación subrogada o el rechazo al lenguaje inclusivo. "Debates ya superados" dentro del movimiento feminista, según ha lamentado Vera, criticando que la medida más feminista de la formación liderada por Albert Rivera sea "comercializar con el cuerpo de las mujeres", en referencia a la gestación subrogada o los también llmados vientres de alquiler.

La medida de Podemos pretende hacer especial seguimiento en aquellos órganos considerados clave en la Administración Pública, principalmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según datos de 2018, las mujeres ya son el 53% de la judicatura, una proporción que no se traslada a las instancias más altas de la Justicia española. De este modo, "en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no encontramos a ni una sola mujer entre los 13 miembros, en el Tribunal Constitucional solo el 17% de los miembros son mujeres y de los 21 miembros del órgano del CGPJ, contando con la presidencia, solo hay 9 mujeres", según denuncian.