La mitad de las familias en riesgo no cobrará el ingreso mínimo, según Fundación Madrina

La ayuda del ingreso mínimo vital, que se puede solicitar desde el 15 de junio a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, una de las principales vías para poder gestionar los trámites de la solicitud, no llegará al 53% de las familias en riesgo de exclusión, según un estudio realizado por la Fundación Madrina, que asiste sobre todo a mujeres que sufren vulnerabilidad social al ser madres, víctimas de exclusión, violencia, trata o abuso, con más de 1.200 familias que se han acercado a pedir información para acceder a la renta mínima.

[Simulador del ingreso mínimo vital]

El informe, basado en 1.200 entrevistas a usuarias, revela que un 27% de las familias vulnerables se quedaría fuera de la ayuda al cohabitar sus miembros en pisos donde conviven con dos, tres y hasta cuatro familias. Para la Fundación Madrina sería "más equitativo y justo" considerar la distribución de la ayuda según lo que consta el libro de familia. Además, señala que un 11% de las familias vulnerables se queda fuera de ser beneficiario al sobrepasar los ingresos en menos de 100 euros, teniendo sin embargo tres o más hijos a cargo; un 8% tiene menos de un año de residencia legal en España, uno de los requisitos a cumplir para poder acceder a la prestación; un 7% está en el paro con una prestación mínima; un 6% son menores de 23 años embarazadas; y, por último, un 3% no podrá recibir la prestación por ser mayor de 65 años.

Asimismo, el 70% de las familias que atiende tienen 3 hijos o más, por lo que el ingreso mínimo vital quedaría como "una ayuda insuficiente", según precisa la Fundación Madrina, ya que a partir de cuatro hijos el importe de ayuda no se ve incrementado. Por otro lado, el informe señala que el 90% de las encuestadas comparten pisos con otras familias y no tienen los contratos regularizados por lo que también quedarían fuera de la ayuda para el alquiler. En este sentido, la Fundación advierte de la situación de un porcentaje "significativo" de familias con hijos a cargo, y mujeres gestantes, que se encuentran actualmente en una situación "fantasma" para la administración al carecer de empadronamiento por "exclusión legal e inmobiliaria".

"Los propietarios no les quieren hacer el empadronamiento por el riesgo que conlleva de impago o por no perder las ayudas sociales respectivas, encontrándose todas ellas en grave situación de calle como consecuencia", avisa la Fundación. De los datos presentados por la institución a través de su página web se desprende que un 32% de las encuestadas se encuentra en una situación de ERTE impagado, no habiendo tenido ningún ingreso desde el 14 de marzo, fecha en la que se declaró el estado de alarma en España a causa de la epidemia del coronavirus, y quedándose fuera de cualquier tipo de prestación social. Igualmente, el estudio muestra que existe "una gran brecha digital" en las familias vulnerables, que dejará a muchas de ellas fuera de la ayuda, ya que "se les cambia el modelo de referencia de ayuda que es la trabajadora social y los servicios sociales, por un modelo informático y de Seguridad social, más complejo".