Los retrasos al cobrar el ERTE auguran un tsunami de demandas contra el Gobierno

"Llevo 65 días sin ver un duro. Tengo 40 años y llevo desde los 20 trabajando, no he cobrado el paro en mi vida y para una vez que necesito algo, me han fallado", explica Luis, un jefe de cocina madrileño afectado por el retraso del cobro de los ERTE. Desde entonces ha reducido sus gastos al máximo y aun así cree que solo podrá aguantar unos tres meses más. A pesar de ello, cree que ha tenido la suerte de poder haber ahorrado antes de la crisis, porque algunos de sus compañeros están yendo a Caritas, porque no tienen otra opción para poder alimentar a sus hijos.

Estos casos no son aislados, según el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos hay en torno a 900.000 personas en esta situación. Mientras, el SEPE indica que esta cifra podría rondar las 250.000 personas. Según fuentes jurídicas, los bufetes están recibiendo muchos de estos casos, pero piensan que podrían multiplicarse pronto, porque los afectados no saben que estas situaciones se pueden y se deben denunciar.

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Según cuentan a El Confidencial abogados laboralistas, a nivel legal las personas que no reciban sus prestaciones a tiempo, tienen derecho a reclamar un interés de demora del 3% más una compensación por los daños patrimoniales que les pueda haber causado el retraso. Las personas afectadas se tendrían que preguntar ¿cuánto vale haber tenido que ir a Caritas por no tener para comer? ¿Cuánto ha costado no haber tenido internet en casa? ¿Qué precio tiene quedarse sin casa por no haber podido pagar el alquiler?

"Esto es algo dramático, espantoso. Es muy preocupante. Son muchos casos, la visión más general, es la de que el Gobierno promete una cosa pero luego no cumple. Somos conscientes que esto se debe a un colapso, pero no es excusa para dejar a tanta gente sin el medio vital para sobrevivir", explica a El Confidencial Ana Gómez, la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).

Los abogados, ante una situación totalmente nueva, miran al Gobierno atentamente porque aún "todo está en el aire" y no saben cómo puede afectar este retraso en el cobro de los ERTE, les preocupa que se desencadene un terremoto de denuncias que lleve a los despachos a trabajar al límite de su capacidad.

"Todo está en el aire"

Que el Estado no pague las prestaciones de desempleo a sus ciudadanos durante más de dos meses y medio (especialmente en tantos casos) es algo prácticamente inédito a nivel judicial. Por ello, de momento hay más dudas que certezas sobre cómo puede resolverse un juicio al respecto. A pesar de esto, fuentes judiciales anticipan que la llegada de las demandas es solo cuestión de tiempo y ya comienzan a ir en aumento.

Desde ASNALA indican que a sus asociados les están llegando cada vez más casos de empresarios que están preocupados con la situación, porque sus empleados no están cobrando, de hecho en muchos casos, son las propias compañías las que están adelantando dinero a sus trabajadores. "Pero claro, en una situación en las que las empresas no están nada bien hay otras muchas que no tienen dinero para poder hacerlo", explica Gómez.

"Es dramático, sobre todo porque hay trabajadores en un mismo ERTE que han cobrado mientras otros no, sin razón aparente. Incluso hay empresas del mismo grupo que han presentado un ERTE al mismo tiempo y cada una ha tenido una suerte distinta a la hora de recibir las prestaciones". Este mismo punto también lo comparten desde el Bufete Martín Herreros. De hecho, señalan que incluso les han llegado casos de personas que han recibido el ERTE sin que se les haya aprobado previamente, y en este caso se preguntan si estas personas van a ser penalizadas, teniendo que devolver la ayuda más un interés, cuando se trata de un error administrativo.

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Desde Casa de Ley apuntan a que el Artículo 106 de la Constitución Española afirma que "tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por ello creen que, 'a priori', no está nada claro que las personas que demanden puedan ganar debido a que la crisis del covid-19 es claramente un caso de fuerza mayor.

A pesar de ello, Álvaro San Martín, abogado laboralista de este bufete afirma que "un juez puede obligar al estado a pagar el salario más una compensación". Por ello, aunque no todo el que denuncie ganará, para aquellos a los que no recibieron el dinero al que tenían derecho haya supuesto un daño importante, sí tiene sentido reclamar por la vía legal. Sin embargo, cree que "el problema de esta situación es que los juicios se irían a más de año cada uno y requieren una apuesta por parte de los afectados, que no tendrán una situación económica favorable".

En resumen, cada caso será un mundo y desde varios bufetes creen que el resultado legal será muy diferente si el impago se debe a falta de liquidez del Estado o a un colapso del SEPE a la hora de atender a los afectados. Lo último perjudicaría claramente al Gobierno en un juicio.

Han llegado casos de personas que han recibido menor cantidad de la que les tenía que haber llegado, y otros han recibido una prestación mayor

Se sabe que el Gobierno no tenía suficiente dinero en mano como para poder afrontar todos los gastos y prueba de ello es que el pasado martes el Ejecutivo inyectó 30.500 millones de euros de forma extraordinaria en la Seguridad Social. También es cierto que la crisis del coronavirus ha provocado que, a nivel burocrático, no se hayan atendido correctamente todas las reclamaciones por ERTE.

Un ejemplo de esto último es que, a parte de los retrasos de más de dos meses, ha habido irregularidades de todos los gustos. Han llegado a los bufetes y al consultorio laboral de El Confidencial casos de personas que han recibido menor cantidad de la que les tenía que haber llegado y otros, por el contrario, han visto como la prestación era mayor a la que tenían derecho.

Qué se puede reclamar y cómo hacerlo

Desde Casa de Ley explican que, además de que se pague lo retrasado, legalmente se pueden reclamar dos cosas: un interés de demora y una compensación por los daños patrimoniales que este impago haya podido causar. Todo esto está reflejado en el artículo 106 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Respecto a lo primero, este interés sería del 3%. Esta cifra viene en los presupuestos generales del Estado, que según la Ley 24/1984, de 29 de junio, son los que determinan este porcentaje citado como "interés del dinero". De ser 250.000 los casos de ERTE impagados en España durante dos meses, este interés podría llegar a suponer hasta 13 millones de euros extra para el Estado en el pago de estas prestaciones.

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Frente a esta pequeña cifra que se puede traducir en apenas 25 euros para cada afectado (suponiendo que cobren el paro medio en España, 850 euros), el verdadero impacto económico estaría en el daño patrimonial. Estas compensaciones son imposibles de medir 'a priori' porque dependen de cada caso y su cuantía puede ser un duro golpe para las cuentas de la Seguridad Social.

Sin embargo, antes de llegar a la vía penal, estos son los pasos administrativos para conseguir el dinero que nunca llegó de los ERTE, según Ceca Magán:

"Deberá en primer lugar comunicarlo a la empresa para que tenga constancia de ello, ya que fue la misma quien tramitó el ERTE y comunicó sus datos. En segundo lugar, el trabajador deberá ponerse en contacto con el SEPE, bien a través del teléfono gratuito 900812400 o bien consultando su expediente 'online' en la sede electrónica del SEPE. También se ha habilitado la dirección de correo miprestacion2020@sepe.es para comunicar este tipo de incidencias".

"Si la prestación aparece como reconocida y el trabajador todavía no la ha percibido, podrá presentar una reclamación patrimonial telemáticamente, a partir del día siguiente al que se tiene derecho a cobrar la prestación, en el plazo de 30 días. La Administración contará con un plazo de 6 meses para dar respuesta a esta consulta".

En caso de que transcurran dicho periodo sin obtener respuesta, debe entenderse desestimada por silencio administrativo. A partir de ese momento, será posible la presentación de una demanda judicial.