El Gobierno entra en la guerra de las tarjetas ‘revolving’ con una orden de transparencia

En plena guerra legal entre la banca y los usuarios por las tarjetas “revolving” el ministerio de Economía mueve ficha. Acaba de anunciar que tomará medidas específicas para “aumentar la transparencia y protección en este tipo de crédito”. La fórmula que el órgano dirigido por Nadia Calviño empleará será la de un proyecto de orden y lo ejecutarán debido a que “hay que permitir un conocimiento específico y claro del contenido de los servicios que se van a contratar”.

Miles de demandantes se quejan de que estos créditos ‘revolving’ renuevan automáticamente el pago de una cuota fija mensual o son indefinidos, lo que, ante una posible falta de información, aumentaría exponencialmente lo que los clientes deben a la entidad. En muchos casos se venden como líneas de crédito, cosa que no son, y por ello acaban usándose para el consumo, disparando la deuda de los usuarios.

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La causa ahora mismo se encuentra en el Supremo y uno de los abogados defensores pone el ejemplo de que uno de sus clientes financió compras por valor de 10.000 euros y 13 años después había pagado 20.000 euros y debe aún 13.000.

Los objetivos fundamentales de esta iniciativa son aumentar la transparencia y evitar el sobreendeudamiento. Los puntos concretos para lograr esto son los siguientes:

1. La entidad deberá remitir al cliente información trimestral especificando el crédito, los importes y la fecha de finalización.
2. Las entidades tendrán la obligación de responder a cualquier solicitud de información sobre estos préstamos
3. Antes de firmar el acuerdo, se deberán ofrecer más datos y explicaciones de las que se ofrecen actualmente como medida obligatoria de transparencia.
4. La banca deberá pedir más información al cliente sobre su situación económica, actualmente en muchos de los casos más polémicos se les concedió este crédito a personas a las que no se le pidió documentación de ningún tipo y no eran solventes.

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De todas formas, la batalla sigue en los tribunales. Algunas de las mayores críticas que se han concentrado contra este sistema son las campañas publicitarias que resaltaban que sin trámites se podían acceder a préstamos rápidos, incentivando que se usaran en el consumo. Además de que en muchos casos los intereses serían abusivos, siendo en alguna de las demandas superior al 25%.