LOS PARTIDOS PRESENTAN PROPUESTAS DIFERENTES

Los gastos en guardería se hacen hueco en campaña tras la deducción de 1.000€

Los partidos se posicionan sobre el coste de las guarderías y la deducción de 1.000 euros, que el PP quiere extender a todos los centros y el PSOE limitarla a las escuelas infantiles

Foto: Declaración de la renta. (iStock)
Declaración de la renta. (iStock)

Los partidos políticos se han posicionado en el coste que supone para las familias llevar a sus hijos a la guardería. Salvo VOX, todos tienen propuestas al respecto, algo especialmente relevante después de la deducción de 1.000 euros a las madres en la declaración de la renta 2018 que no deja fuera a miles de ellas.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los últimos defendidos por Cristóbal Montoro y firmados por Mariano Rajoy, incorporaron como medida de “conciliación de la vida familiar y laboral” una deducción adicional (hay otra de 1.200 euros por maternidad) de 1.000 euros a las madres por los gastos de “custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educativos autorizados”.

La última reforma educativa creó una distinción dentro del concepto tradicional de guardería al crear la etapa de educación infantil entre 0 y 3 años. Así, todos los centros necesitan licencia municipal, pero para homologar que ofrecen esta enseñanza, necesitan además autorización autonómica. La redacción de los presupuestos señalaba a todos los centros, pero la modificación del reglamento del IRPF y la interpretación de Hacienda lo ha restringido a los centros con autorización autonómica, con lo que miles de familias se quedan fuera.

En su programa electoral, el PP propone extender esta deducción a todas las guarderías manteniendo el espíritu de los presupuestos, algo que ya no ocurrirá en la declaración de la Renta de 2018 que empezó el 1 de abril y concluirá el 30 de junio. Por el contrario, el PSOE mantiene la postura de Hacienda de delimitar el incentivo fiscal a los centros de educación infantil, aunque en su programa se compromete a que se avance hacia su gratuidad, con un objetivo de que “para 2025 el 50% de los menores de tres años estén atendidos en centros”.

Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos van más allá sobre esta idea. La formación liderada por Pablo Iglesias promete “garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación infantil (0 a 3 años)”, dado que según los datos que incluye el programa están sin atender el 60% de los niños de entre 0 y 3 años, lo que “impide intervenir sobre la herencia de la pobreza”.

Por su parte, el partido naranja que encabeza Albert Rivera recoge en el programa “guarderías gratis para todas las familias de España”. “La propuesta que Ciudadanos plantea es garantizar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil -como ya lo es en el caso del segundo ciclo- y aumentar el número de plazas para asegurar la universalidad y que nadie se quede sin escolarizar a sus hijos en educación infantil porque falten plazas”, agregan desde el partido. En el caso de VOX, no hay propuestas al respecto en el programa, ni desde el partido han respondido sobre si tienen postura sobre los gastos en guardería.

Fachada de una oficina de la Agencia Tributaria.
Fachada de una oficina de la Agencia Tributaria.

Lo que decidan los partidos será relevante a largo plazo para ver si las escuelas de educación infantil avanzan hacia la gratuidad o se mantiene el estatus actual en el que la mayoría de niños acuden a centros privados. Y a corto plazo por la deducción de 1.000 euros, tanto para la campaña del año que viene por los gastos de este ejercicio como por potenciales reclamaciones.

Las familias que lleven a sus hijos a guarderías con licencia municipal pero no autonómica no tendrán por lo tanto deducción, pero podrán confirmar el borrador y después tendrán cuatro años para presentar una rectificación basada como argumento en el texto de los presupuestos de 2018, prorrogados además en 2019.

Si esta opción tuviera resultado negativo, la siguiente posibilidad es una reclamación económico-administrativa. Un Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) deberá responder en menos de seis meses, y el afectado tendrá un mes para presentar una reposición ante el mismo órgano si la decisión fue en su contra. Posteriormente, a las madres ya solo les quedaría la vía judicial, con los tribunales superiores de justicia de las comunidades autonómicas y, si no, al Supremo.

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