La prórroga presupuestaria salva del 'catastrazo' a casi 2.500 municipios

La prórroga presupuestaria tendrá consecuencias adversas para la economía española. Pero no en todos los casos. Los contribuyentes de 2.452 municipios se salvarán en 2017 de un incremento de los valores catastrales para adecuarlos a los precios de mercado.

Hacienda ya tenía prevista la subida y, de hecho, el Boletín Oficial del Estado del pasado 1 de octubre publicó una orden ministerial con la lista de los municipios que pudieran verse afectados siempre que lo reclamaran sus alcaldes. Sin embargo, ese incremento no verá la luz por la simple razón de que los Presupuestos Generales del Estado de 2017, una vez que se ha sobrepasado el límite establecido por la Constitución, no saldrán adelante. Y la revisión catastral —que supone elevar la presión fiscal— no es un asunto que pueda incluirse en la prórroga presupuestaria que, previsiblemente, verá la luz los últimos días de este año.

En esa orden ministerial 'non nata' se recuerda que la Ley del Catastro Inmobiliario dispone que las leyes de Presupuestos Generales del Estado “podrán actualizar” los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.

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El requisito que se impone es que hubieran transcurrido “al menos cinco años” desde la entrada en vigor de los últimos valores catastrales. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2017 requería que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general fuera anterior a 2012. Y se da la circunstancia de que cientos de municipios todavía mantienen valores catastrales de los primeros años noventa, incluso antes de la última burbuja inmobiliaria, lo que les ha restado capacidad recaudatoria.

La última revisión, la que entró en vigor el pasado 1 de enero, preveía la aplicación de coeficientes de actualización para aumentar el valor catastral en 1.567 municipios que comprendían 7,02 millones de inmuebles, mientras que se reducía en 126 municipios que comprenden 1,08 millones de inmuebles. Esto significó, sostenía Hacienda, una “mejora” en la aproximación de los valores catastrales a los valores de mercado en un total de 1.693 municipios con 8,1 millones de inmuebles.

La orden ministerial recuerda que aquellos municipios beneficiados por el Plan de Pago a Proveedores están obligados a aplicar de oficio —sin que lo pidan los alcaldes— los nuevos coeficientes.

Aunque la situación financiera de la mayoría de los ayuntamientos españoles ha mejorado en los últimos años, hasta tener globalmente superávit presupuestario, lo cierto es que los ingresos catastrales continúan siendo su principal fuente de ingresos. Algo que puede explicar su inquietud por el impacto que puede tener en sus cuentas la prórroga presupuestaria.

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Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de hecho, ha enviado una carta al ministro Montoro reclamándole que convoque “a la mayor brevedad posible” la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para que en ella se dé a conocer cuanto antes la información que los municipios y provincias necesitan para confeccionar sus Presupuestos de 2017, ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, se pide a Hacienda que facilite los datos precisos sobre financiación local para el próximo ejercicio, tanto el importe de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de las entidades locales como las referencias concretas sobre el techo de gasto, cifras fundamentales para que las cuentas locales se elaboren conforme a las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Los ayuntamientos, igualmente, reclaman a Hacienda que explique a los representantes su criterio sobre la aplicación del superávit del sector local en 2016, así como el relativo a la fijación de los coeficientes de actualización de valores catastrales. Ya es demasiado tarde.

Un reciente informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) estimaba que, entre 2014 y 2015, la mayoría de los 20 ayuntamientos en peor situación financiera han mejorado su calificación, acercándose la mitad de ellos a una puntuación de 50 sobre 100, lo que pone de manifiesto, en su opinión, una “cierta reconducción” de su sostenibilidad presupuestaria en el medio plazo.

Entre los 10 ayuntamientos más grandes, también se observa esta mejora generalizada. Aunque el 'rating' de Barcelona se reduce ligeramente por un ligero descenso de sus ratios de ahorro bruto y remanente de tesorería para gastos generales, su “buena situación financiera” sigue siendo muy positiva, siendo el segundo más solvente de las grandes ciudades españolas, solo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta buena situación financiera del sector local, con ahorros brutos y saldos no financieros positivos, ha permitido acumular una capacidad de financiación cercana a los 20.000 millones de euros en los últimos cuatro años, lo que ha permitido compensar parte de los desequilibrios en el resto de administraciones y reducir los volúmenes de endeudamiento.

De hecho, insiste AFI, en 2015 había 3.714 ayuntamientos con deuda cero, lo que supone 700 más que en 2012. En total, las entidades locales han amortizado desde 2012 en torno a 10.000 millones de euros, situándose ya en niveles cercanos a los registrados antes de la crisis. Hay que recordar que, a través del Fondo de Pago a Proveedores puesto en marcha para aflorar la deuda comercial, se asumieron 11.600 millones de euros por parte de entidades locales, de los cuales restan aún por amortizar alrededor de 7.000 millones de euros.