La dimisión de Soria deja en el aire el proyecto estrella del gasoducto con Francia
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EL COMISARIO CAÑETE URGE AL GOBIERNO EN FUNCIONES

La dimisión de Soria deja en el aire el proyecto estrella del gasoducto con Francia

El gasoducto entre España y Francia es un proyecto emblemático de la Comisión Europea que tropieza ahora con las trabas administrativas del Gobierno en funciones

Foto: Detalle de un compresor en un gasoducto. (EFE)
Detalle de un compresor en un gasoducto. (EFE)

El ministro en funciones al cuadrado, Luis de Guindos, se ha encontrado una buena ‘patata caliente’ en el despacho heredado de su amigo y extitular de Industria y Energía José Manuel Soria. La precipitada dimisión por los papeles de Panamá ha dejado en el aire uno de los proyectos más largamente perseguidos por el Gobierno español y la Comisión Europea, como es el célebre gasoducto con Francia. Curiosamente, cuando el país vecino ha cumplimentado la tramitación de su expediente administrativo, la interconexión está ahora ‘colgada’ en España a expensas de un acuerdo por parte del Consejo de Ministros.

El denominado Programa Midcat, como es conocido a nivel europeo y que incluye también la interconexión con Portugal, fue bendecido hace poco menos de un año como la apuesta de España para convertirse en la puerta de entrada del gas hacia el resto del Viejo Continente. El propio comisario español de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ensalzó el pasado mes de octubre la iniciativa de establecer un tercer corredor a través de Cataluña, que en su fase inicial se extendería a lo largo de 235 kilómetro de gasoducto con una inversión de 470 millones de euros, de los que 150 corresponden a la zona española y 320, a la zona francesa.

De un tiempo a esta parte, las autoridades comunitarias se han mostrado especialmente activas en el desarrollo de unas infraestructuras que tradicionalmente habían sido observadas con cierto recelo al otro lado de los Pirineos. La crisis energética entre Rusia y Ucrania sirvió para que el Gobierno de François Hollande abriera los ojos y levantase los brazos acogiendo un proyecto que supone una singular oportunidad para que España ponga en valor su posición geoestratégica en Europa. La diversificación de abastecimientos de gas que presenta nuestro país, y en concreto los acuerdos históricos con Argelia, constituye una garantía de suministro que Bruselas no está dispuesta a desaprovechar.

Las prioridades que las autoridades comunitarias conceden al sector energético y la transformación emprendida hacia un modelo más sostenible tras los acuerdos de la Cumbre de París han echado el resto para que las grandes potencias europeas se pongan en primer tiempo de saludo ante las previsiones del Gobierno que preside Jean Claude Juncker. La interconexión de gas entre España y Francia representa, desde este punto de vista, una prioridad para todas las partes interesadas; o al menos eso es lo que se pensaba, hasta que el nuevo titular de Industria en funciones ha empezado a examinar las asignaturas pendientes de su antecesor en el cargo.

Todas las inversiones en infraestructuras energéticas están supeditadas, por razones de austeridad, a un acuerdo preceptivo del Consejo de Ministros

El problema surge por la propia condición de un ministro en funciones que tiene que retratarse de manera explícita para aprobar una inversión multimillonaria que, por otra parte, está condicionada a los requerimientos de consolidación fiscal y austeridad presupuestaria impuestos por el jefe del Ejecutivo hace cuatro años. El propio Mariano Rajoy firmó el 31 de marzo de 2012 un Real Decreto-ley en que se adoptaban medidas correctoras por desajustes entre los costes e ingresos en el mercado energético y que, de hecho, suponía la paralización preventiva de cualquier inversión en infraestructuras eléctricas o gasistas que no fueran previamente autorizadas por una decisión del máximo órgano colegiado del Gobierno.

El Consejo de Ministros tiene, por lo tanto, que dar un paso al frente para respaldar una inversión multimillonaria que, en cualquier otro momento diferente del actual, no debería entrañar mayores repercusiones políticas. Pero la situación no es ahora la más indicada, dadas las desviaciones galopantes del déficit público y la debilidad inherente que aqueja a un Gobierno en el que cualquier decisión ejecutiva tiene que pasar primero por el filtro de la Abogacía del Estado. A todo ello se une la sensibilidad especial de la precampaña electoral, que inflama las críticas interesadas de todos las fuerzas políticas con capacidad potencial para alcanzar una cuota de poder a partir del 26-J.

El comisario Arias Cañete ha insistido a su antiguo compañero de fatigas en el Gobierno del PP, Luis de Guindos, para que ponga en valor su acreditada reputación internacional y convenza a sus interlocutores en Bruselas, y en especial al comisario de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, de que lo urgente no debe estar reñido con lo importante. Lo primero es que Rajoy evite un sanción económica por incumplimiento de los objetivos presupuestarios. Lo segundo es que el Gobierno no deje en la estacada a la propia Comisión Europea con un proyecto emblemático que ha sido perseguido desde hace años por España y que ahora, paradojas del destino, está supeditado a una autorización administrativa que implica también un importante coste político.

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