LA LISTA ÚNICA SE VE CON PREOCUPACIÓN

Cataluña vuelve a meter miedo entre los inversores y desplaza al 'efecto Podemos'

La lista única independentista ha resucitado viejos fantasmas. Algunos grandes fondos de inversión han vuelto a preocuparse por el futuro de Cataluña, desplazando al 'efecto Podemos.

Foto: Una catalana vota la consulta alternativa celebrada el 9-N. (EFE)
Una catalana vota la consulta alternativa celebrada el 9-N. (EFE)

Cataluña vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones de los grandes fondos que invierten miles de millones en España. ¿La causa? El pacto cerrado entre Mas y Junqueras para concurrir a las elecciones del 27-S en una única lista, lo que significa, lisa y llanamente, dar a los comicios un carácter plebiscitario a favor o en contra de la independencia.

Este asunto, según un directivo de uno de los grandes fondos de inversión de renta fija que operan en el mundo desde Londres, es hoy lo que más preocupa. Incluso, por encima del 'efecto Podemos', que en los últimos meses había desplazado la atención de los analistas internacionales.

Lo que inquieta no es tanto una hipotética independencia de Cataluña. Al fin y al cabo, como sucedió con el caso escocés, se trata de un asunto interno, sino, sobre todo, el efecto que puede tener sobre la gobernabilidad del país. No es de extrañar teniendo en cuenta que los no residentes tienen en su poder el 43% de la deuda pública española.

Hasta ahora, Mariano Rajoy ha podido frenar el proceso soberanista desde su mayoría absoluta, pero nada indica que puede mantener esa posición tras las elecciones generales de noviembre-diciembre de este año.

Lo que preocupa es una posible declaración unilateral de independencia por parte del nuevo Gobierno soberanista que pudiera salir del 27-S

Lo que preocupa es una posible declaración unilateral de independencia por parte del nuevo Gobierno soberanista que pudiera salir de las elecciones del 27-S. Una probabilidad, en todo caso, que hoy parece remota. De hecho, según algunas fuentes, los impulsores de las elecciones plebiscitarias se habrían dado un plazo de seis u ocho meses, tras el 27 de septiembre, para tensar definitivamente la cuerda con España en un gesto que inevitablemente recuerda a la proclamación del Estat catalán, en 1934, por parte de Lluís Companys o, incluso, la efímera República catalana de Macià tras el 14 de abril.

Un plazo que, en todo caso, estaría vinculado al resultado de las elecciones generales. Cualquier decisión unilateral antes de los comicios, podría beneficiar electoralmente a Mariano Rajoy en el resto del Estado, y eso es lo que puede explicar la intención del bloque soberanista de esperar hasta 2016 para tomar las decisiones más delicadas. Por el camino, lo que está sucediendo es que algunos de los grandes fondos -capital riesgo, hedge funds o inmobiliarios- se están blindando jurídicamente ante una hipotética declaración de independencia.

Las últimas encuestas publicadas en Cataluña, como la del periódico La Vanguardia, reflejan una sostenida caída del voto independentista desde el último 11 de septiembre. Hasta el punto de que la suma de Convergencia y ERC no alcanzaría en estos momentos la mayoría absoluta. Ahora bien. En el sucedáneo de referéndum celebrado en noviembre del año pasado, la independencia logró 1,86 millones de votos, por encima de los 1,61 millones que en 2012 lograron las listas de CiU y ERC, que por entonces concurrieron en separado. Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que el sistema electoral beneficia claramente al partido ganador.

Núcleos de población

En las elecciones de 2012, cada escaño le costó a CiU 22.325 votos, pero Ciudadanos, por ejemplo, tuvo que lograr 30.556 papeletas para sacar un diputado. El hecho de que las comarcas de interior de Cataluña estén sobrerrepresentadas respecto de los grandes núcleos de población, también es un factor a tener en cuenta en favor del soberanismo.

La convocatoria de unas elecciones autonómicas de carácter plebiscitario, en todo caso, tiene muchas aristas jurídicas que con toda seguridad discutirán en las próximas semanas los abogados del Estado ante una posible impugnación del proceso electoral. Entre otras cosas, porque la lista única se ha negociado en el propio palacio de la Generalitat, y la confección de candidaturas no parece una de las funciones clásicas del poder ejecutivo, sino de los partidos políticos.

La convocatoria de unas autonómicas de carácter plebiscitario tiene muchas aristas jurídicas que discutirán los abogados del Estado

El constitucionalista Francesc de Carreras recordaba ayer en El País que elecciones y plebiscito “son dos conceptos distintos e, incluso, antagónicos”: o elecciones o plebiscito, pero no las dos cosas a la vez. En las elecciones, los ciudadanos eligen a unos diputados para que les representen en una cámara, en los plebiscitos (o referéndums) el pueblo se pronuncia sobre una determinada cuestión relevante.

La asociación Libres e Iguales, que cuenta entre sus impulsores a Mario Vargas Llosa o el exsindicalista José María Fidalgo, ha pedido al Gobierno de Rajoy “una evaluación inmediata y rigurosa de los supuestos inconstitucionales que podría haber en el planteamiento electoral diseñado por el nacionalismo. Tanto en su forma plebiscitaria como en su finalidad secesionista”, asegura la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

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