DE COMPRAS COLECTIVAS A CONSUMO COLABORATIVO

Los consumidores se unen para defenderse de atropellos y reducir las facturas

De la unión para compra colectiva y defensa de derechos al consumo colaborativo. Los consumidores tienen cada vez más claro que la unión hace la fuerza

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De la unión para compra colectiva y defensa de derechos al consumo colaborativo. Los consumidores españoles tienen cada vez más claro que la unión hace la fuerza y que los cauces tradicionales de distribución y consumo no siempre son los más convenientes para sus bolsillos e intereses.

La última gran iniciativa en este sentido ha sido la campaña lanzada hace unos días por la OCU para pagar menos por el móvil, nuevo paso tras la compra colectiva de luz. Pero el movimiento se extiende más allá,  hasta los vecinos de barrio que se unen para comprar las verduras al por mayor directamente a los agricultores.  

La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, valora positivamente todas estas iniciativas, desde la más ambiciosa a la más modesta: “Cualquier vía que mejore las condiciones de los productores y que beneficie a los consumidores es positivamente valorada por nosotros. El consumo está en cambio y es muy beneficioso que consumidores y productores puedan llegar a acuerdos de manera directa”.

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Tras anunciar la campaña para móviles, los portavoces de la organización de consumidores destacan que es probable que extiendan este tipo de iniciativas a otros sectores. “No dejamos de observar ningún sector que, potencialmente, pueda ofrecer mejores servicios y precios al consumidor”.

Las grandes empresas miran para otro lado

La OCU puso en marcha a finales del año pasado la primera compra colectiva de energía en España y consiguió descuentos del 8%. En la iniciativa participaron casi 300.000 hogares. El problema fue que las grandes compañías no quisieron respaldar la iniciativa e ignoraron la cartera de clientes que ofrecía OCU.

Aunque no pierden la esperanza y consideran que a largo plazo se obtendrán resultados, en esta ocasión, creen que la historia puede repetirse: “Si nos atenemos a lo que sucedió con la compra de energía, esperamos que las teleoperadoras no esté muy interesadas en unos miles de consumidores. Pero a nuestro juicio éste es un punto de vista cortoplacista. Tenemos esperanzas de que realmente vean el potencial y quieran entrar en el proyecto”.

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De momento, se han unido a la iniciativa casi 50.000 consumidores, aunque todavía hay tiempo para que se sumen más y la organización espera unos 150.000 interesados. La subasta con las principales operadoras de telefonía será el día 22 de mayo. Una de las dificultades para los consumidores en lo que a telefonía se refiere es que “hay 35 compañías que ofrecen más de 500 tarifas”, lo que hace muy difícil conocer las ventajas de unas y otras. Además, el mercado está dominado por las tres grandes, que tienen una cuota del 84%.

Las compañías de telefonía son las que más quejas y denuncias registran -según datos de Consumo de Madrid, las segundas según la OCU- y diferentes asociaciones de consumidores han emprendido acciones para defender a los usuarios contra los abusos que las empresas del sector cometen de forma habitual. De hecho, hace ya unos meses que Facua lanzó #liberamimóvil para evitar la venta de terminales bloqueados y ha puesto a disposición de los consumidores formularios de reclamación para denunciar las prácticas fraudulentas. Facua destaca los logros obtenidos y a principios de abril anunciaba en su Twitter: "¡Lo logramos! Orange se suma a Movistar: #liberamóvil gratis y antes de acabar la permanencia".

Auge del consumo colaborativo

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Este tipo de iniciativas se sitúa en línea con la multitud de ejemplos de consumo colaborativo que han surgido como consecuencia de una prolongada crisis que ha dado lugar a que los hogares agudicen el ingenio para cuadrar las cuentas del mes.

El consumo colaborativo se basa en el intercambio de bienes y servicios entre usuarios. Y como señalan las asociaciones de consumidores, aunque quien proporciona esos servicios no sea una empresa o autónomo, puede tratarse de un servicio legal, ya que si lo que se percibe por esos servicios en inferior al salario mínimo no es necesario darse de alta en la Seguridad Social.

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