Montoro logra que Hacienda mantenga la preferencia sobre la banca en los concursos

La oposición del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que Hacienda y la Seguridad Social pierdan su preferencia a la hora de cobrar en un concurso de acreedores se ha saldado con una solución de compromiso en el Real Decreto-Ley de Reestructuración y Refinanciación de Deuda que aprobará hoy el Consejo de Ministros: se mantendrá esa preferencia, pero la deuda de los bancos no quedará por detrás del resto de los acreedores. Además, la nueva liquidez que se inyecte a las empresas en una refinanciación será la primera en cobrar y las compañías no tendrán que tributar por las quitas como hasta ahora. Unos acuerdos alcanzados en tiempo récord por las sorprendentes prisas deLuis de Guindospor aprobar esta norma.

El texto del decreto, que se estuvo modificando hasta la noche de ayer, establece una modificación del artículo 92 de la Ley Concursal por la que los bancos que se conviertan en accionistas con unacapitalización de deuda no sean considerados como personas especialmenterelacionadas. De esta forma, los créditos que no se conviertan en capital no se considerarán subordinados(así se consideran normalmente los créditos concedidos por un socio a su empresa), es decir, no serán los últimos en cobrar. Ahora bien, tampoco se les pone a la altura de lasdeudas con Hacienda y Seguridad Social, que se seguiráncalificando como "créditos con privilegio general" y tendrán prelación en el orden de cobro sobre los créditos "ordinarios" de la banca.

Concretamente, la nueva redacción del artículo 92, apartado 5º, de la citada ley establece que "los acreedores de pasivos financieros que hayan capitalizado todo oparte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciaciónadoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la disposición adicionalcuarta no tendrán la consideración de personas especialmenterelacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de loscréditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de larefinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo".

De esta forma, se concilia la negativa de Montoro yFátima Báñez, titular de Empleo ySeguridad Social, a perder su preferencia, con la demanda de la banca de no ser la última en cobrarcuando convierte deuda en capital. Mediante el plan de Guindos, denominado Midas, que se plasma en este decreto,los bancos van a convertir parte de la deuda que tiene una empresacon ellos (la 'no sostenible') en capital para intentar salvarla, y se quedarán otra parte(la 'sostenible'). Si a pesar de todo este esfuerzo fracasa y la empresa termina por ir a concurso,los bancos no quieren ser los últimos en cobrarcon esa deuda 'sostenible' una vez perdida toda la 'no sostenible'.Es decir, la banca queríaevitar que, por intentar salvarla, se acabe quedando sin cobrar nada si al final no lo consigue y la compañía tiene que liquidarse. Su petición ha sido atendida, pero seguirá estando por detrás de las deudas con el fisco y la Seguridad Social.

La banca también ha conseguido otrade sus peticiones respecto a la prelación, que es que la nueva liquidez que inyecte a las empresas para mantener su negocio en el marco de una reestructuración se considere "crédito contra la masa", que es el primero en cobrar en caso de concurso (lo que los bancos denominan acreedor 'supersenior'). En materia fiscal, el decreto dejará de considerar a las quitas como ingresos a efectos fiscales por los que hay que tributar –lo que provocaba la paradoja de que empresas en pérdidas tenían que pagar a Hacienda por salvarse de la quiebra– y concede exenciones a los procesos de conversión de deuda en capital, exenciones similares a las que disfruta Sareb.

Las prisas de Guindos

El acuerdo con Montoro permitirá a Guindos aprobar el decreto este viernes, tal como anuncióen su comparecencia del viernes pasado tras el Consejo de Ministros. Entonces, una vez concluida su presentación de las nuevas leyes que regulan el capital riesgo y elcrowdfunding, y después de que Báñez desarrollara la letra pequeña de la tarifa plana de 100 euros para nuevos contratos indefinidos, el titular de Economía espetó"un momento, que se me ha olvidado una cosa", y anunció la nueva norma de refinanciaciones con bastante detalle (por ejemplo, que no hará falta el acuerdo del 100% de los acreedores para acordar una conversión de deuda en capital, sino que bastará con el 75%). De esta forma, se autoimpuso la obligación de superar la oposición interna en el Ejecutivo a la norma en tan sólo una semana.

Dentro del propio Gobierno han sorprendido las prisas de Guindos por aprobar esta norma, algo que se justifica en su preámbulo porque "resulta de capital importancia garantizar sin dilación laeliminación de los obstáculos identificados en nuestro ordenamiento jurídicoque están impidiendo, en la práctica, el éxito de operaciones dereestructuración y refinanciación de empresas que ya estén en marcha y de lasque puedan tener que abordarse en el corto plazo y garantizar, con ello, lacontinuidad de su actividad, esencial para el mantenimiento del tejidoproductivo de nuestro país". Dado que la operación más importante de las que se encuentran en esta situación es el concurso de Pescanova, esta norma se ha dado en llamar el 'Decreto Pescanova'.

La exención de OPA enerva a la CNMV

La principal oposición que ha recibido esta norma es la de la CNMV. Tal como está redactado su borrador, su Disposición final tercera exime de lanzar OPA cuando los acreedores superen el umbral obligatorio (30%) como consecuencia de la conversión de deudas en capital, algo que se justifica porque, encima de la pérdida que asumen con esta conversión, las entidades no quieren tener que poner más dinero para lanzar una OPA. Es más, esta exención será automática, sin necesidad de que el supervisor dé su aprobación como ocurría hasta ahora, lo que supone una evidente merma del poder del organismo que presideElvira Rodríguez.

En este proceso, la banca ha conseguido prácticamente todas las peticiones que adelantóEl Confidencial. Así,los fondos 'buitre' tendrían la misma consideración que los acreedores bancarios;la deuda 'sostenible' dejaráde considerarse morosay pasará a ser 'normal', por lo que no tendrá que ser provisionada, lo que implicará también un cambio de la norma de provisiones del Banco de España (el decreto le concede un mes para hacerlo); se podrán conceder aplazamientos (esperas) de hasta cinco años frente a los tres actuales; y los dueños de las empresas no podrán oponerse a los acuerdos de refinanciación o incurrirán en "dolo o culpa grave".