La subasta de CatalunyaCaixa añadirá otros 1.600 millones al déficit público

El rescate bancario que ha colocado el déficit público español como el más alto de la zona euro va a incrementarse en otros 1.600 millones con la subasta de CatalunyaCaixa. La razón es que el FROB ha otorgado finalmente una serie de garantías a los interesados sobre el crédito fiscal que acumula la entidad catalana, pero Bruselas exige que esas garantías se consideren ayudas de Estado, por lo que deben computar como déficit público. Ahora bien, ha limitado el crédito a esa cifra frente a los 5.000 millones que pedían los compradores. Estos deben presentar este jueves las ofertas no vinculantes para la compra; se da por hecho que pujarán Santander, BBVA y Sabadell, y está menos claro si Popular y Kutxa-JC Flowers, que también han estado analizando la caja, seguirán adelante.

Según fuentes conocedoras de la situación, el FROB ha enviado a través de Citi (el banco de inversión encargado de la venta) una carta a las entidades pujantes en la que les da garantías de que se mantendrá la deducibilidad de los 1.600 millones pase lo que pase: aunque la entidad adquiriente dé pérdidas en el futuro, aunque el auditor de turno o Bruselas estime que esa cantidad es excesiva en relación a los beneficios futuros y que no va a poderse compensar en los 18 años que estipula la ley, aunque la entidad resultante entre en otra operación corporativa, etc.

 

Ahora bien, todas estas garantías concedidas por el propio FROB van más allá del proceso actual de subasta, y eso se considera ayuda de Estado por el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia. Existen precedentes de situaciones similares. Y, por eso, debe computarse como déficit público, al contrario que los EPA concedidos hasta ahora: en esos casos, sólo se considera déficit la parte que finalmente se pierda de estas garantías.

 

La Comisión Europea hizo público la semana pasada que da por perdido el 70% del rescate de 37.000 millones concedido a la banca española, es decir, unos 26.000 millones, lo cual incrementará el déficit público español de 2012 en más de 3 puntos hasta rondar el 10%. En principio, el rescate contabiliza como deuda pública, pero sólo se considera déficit los intereses de dicho préstamo (que son muy bajos, del 0,5% anual) y la parte de lo que se inyecte a las entidades que no se pueda recuperar mediante su devolución (con los beneficios generados en los próximos años) o su venta. Es decir, los 1.600 millones se sumarán a la parte de los 9.000 millones concedidos por Europa a CatalunyaCaixa y que no se puedan recuperar, es decir, unos 8.000.

 

Evitar que la puja quede desierta

 

"El FROB quiere a toda costa que no quede desierta esta puja y, como detecta poco interés porque los números andan muy justitos, intenta ponérselo lo más fácil posible a las entidades interesadas", explica una de las fuentes consultadas. Como adelantó El Confidencial, el fondo de rescate pretende obtener un mínimo de 1.000 millones con la venta de CatalunyaCaixa. Los potenciales compradores habían pedido un EPA (esquema de protección de activos) porque se mantiene un riesgo inmobiliario de 3.000 millones que no se ha traspasado al banco malo, a lo que se negó en redondo el director general del FROB, Antonio Carrascosa. A cambio, ha tenido que conceder garantías sobre el crédito fiscal.

 

BBVA, Santander y Sabadell solicitaron al FROB garantías para asegurarse los 5.000 millones de créditos fiscales a los que en teoría dan derecho las pérdidas acumuladas de CatalunyaCaixa hasta 2012 con el fin de rentabilizar la operación de compra. Sin embargo, esta pretensión se ha encontrado con la oposición de Deloitte, auditor de la entidad, que considera sólo recuperables los 1.600 millones citados. El argumento de estas tres entidades era que conceder los 5.000 millones solicitados les habría permitido elevar sus ofertas y superar así el mínimo de los 1.000 millones.

 

El FROB intentará suavizar Basilea III

 

Además de las garantías de deducibilidad futura, el FROB se ha comprometido a buscar una fórmula consensuada con Bruselas para que ese crédito fiscal compute como fondos propios de la entidad compradora, en contra de lo que impone la nueva normativa de Basilea III, que obliga a deducirlo del cálculo de capital. Pero esa promesa es un mero futurible hoy por hoy, y de momento las ofertas sólo tendrán en cuenta los 1.600 millones de crédito fiscal.

 

A partir de la presentación de las ofertas no vinculantes, los interesados tendrán un mes para terminar de examinar los entresijos de la entidad que preside Adolf Todó y hacer las ofertas vinculantes, que serán las que determinen a quién se adjudica la entidad o si la puja queda desierta porque ninguna llega al mínimo exigido. El favorito hasta el momento es Santander, aunque BBVA y Sabadell estarán ahí hasta el final. Más complicado lo tienen Popular -que acaba de salir de una macroampliación y no puede solicitar más capital al mercado para absorber otra entidad- y Kutxa, cuyo pequeño tamaño y la división de su Consejo juegan en su contra. De ahí que se haya aliado con el fondo JC Flowers, consciente también de que nunca conseguirá comprar una entidad en solitario.