Oferta de mínimos para evitar que Cañete regule en solitario la Ley de la Cadena Alimentaria

Acuerdo de urgencia. El sector de la distribución comercial al completo ha pedido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que recoja las sugerencias de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre la futura Ley de la Cadena Alimentaria y sustituya el régimen sancionador que contiene el anteproyecto por un cambio de la legislación de competencia desleal que mejore los mecanismos de denuncia de dichas prácticas ante los tribunales.

A sólo 48 horas de que el anteproyecto llegue en segunda vuelta al consejo de ministros, las tres asociaciones sectoriales del mundo de la distribución, es decir, Anged (Carrefour, El Corte Inglés, Auchan…), Asedas (Mercadona, Día, AhorraMás…) y Aces (Sabeco, Supercor, Eroski…) han remitido una carta al titular de Agricultura, de la que han informado públicamente, para trasladarle un llamamiento de urgencia antes de que el nuevo marco regulador pase al Congreso.

Después de meses de movimientos por separado, las tres asociaciones tienden la mano a Arias Cañete para encontrar en el "más breve plazo posible" un texto de consenso sobre la futura ley y solicitan que, en "coherencia" con los pasos que está dando la Comisión Europea, permita a los propios operadores desarrollar un marco normativo de "auténtica autorregulación" de las prácticas comerciales, evitando así la injerencia del Ministerio de Agricultura.

A pesar de las desavenencias pasadas, las organizaciones aseguran ahora compartir el interés del Ministerio por mejorar las relaciones comerciales de la cadena alimentaria y ofrecen su "más firme" voluntad de colaboración: "No se entendería que el Ministerio quisiera rechazar esta propuesta de diálogo, ya que, por otro lado, trabaja con la propia distribución para solucionar los problemas del sector agrario en algunos sectores como la leche o el aceite".

Contra la Ley de Mercado Único

Las grandes superficies y supermercados se agarran a las recomendaciones hechas recientemente por la CNC en un demoledor informe para esquivar la determinación asumida por Cañete para arrogarse potestades sancionadoras. En este sentido, el anteproyecto recoge la posibilidad de fijar multas de entre 3.000 euros y un millón a cualquier eslabón de la cadena alimentaria, agricultores, industria y distribución, que cometa prácticas abusivas en el sector alimentario.

Para soportar su propuesta, las tres asociaciones apelan también a los esfuerzos que el Gobierno está haciendo desde otros ámbitos, como la Ley de Unidad de Mercado impulsada desde Economía, para reconducir el plan de Agricultura. El diagnóstico de la CNC advierte sobre "los riesgos de burocratización innecesaria de las relaciones comerciales y de ruptura de mercado... y considera que debe evitarse para que la futura ley no suponga un coste añadido para los consumidores".

Por una vez, el sector en bloque ha decidido superar sus diferencias y acudir de la mano ante Agricultura para solicitar que "reconsidere parte del contenido" y tenga en cuenta parte de las recomendaciones de la CNC, que señaló que el sistema de infracciones administrativas y el régimen sancionador propuesto en este anteproyecto generaría "un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado, al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo territorial de referencia".