Reino Unido e Irlanda buscan por sendas opuestas su lugar en Europa

La cumbre europea del pasado 9 de diciembre que convino, bajo los auspicios de los dirigentes del engrasado eje franco-alemán (Nicolas Sarkozy y Angela Merkel), la revisión de los tratados de la UE para avanzar hacia la unión fiscal y la disciplina presupuestaria de la zona del euro, ha dejado, por encima de cualquier otro damnificado, dos grandes víctimas: Reino Unido e Irlanda. Es como si las Islas Británicas, en una nueva reedición de la caprichosa teoría cíclica de la Historia, se replegaran, un vez más, para hacer examen de conciencia y recapacitar sobre su crisis de identidad perpetua con el Viejo Continente.

En ambos casos, tanto la Pérfida Albión -término cargado de anglofobia con el que la diplomacia francesa, en particular, y europea, en general, ha calificado en los tres últimos siglos las complejas relaciones con Londres-, como el otrora tigre celta, aducen un mismo argumento de preocupación para distanciarse de Europa: la pervivencia de sus sistemas financieros. Sin embargo, los cauces para defender sus intereses difieren diametralmente. Así, mientras el veto a Europa del premier británico, David Cameron, aleja aún más a Downing Street de Bruselas, la aceptación de los acuerdos por parte del taoiseach (jefe de Gobierno) irlandés, Enda Kenny, le obligan a intentar revertir los efectos armonizadores del núcleo duro de socios monetarios que se congregan alrededor de Francia y Alemania, desde dentro; es decir, desde el entramado de toma de decisiones comunitario.

La ‘City’ eleva la tensión con Europa

Industria financiera o mercado interior. Esta fue la duda que asoló a Cameron antes de ejercer el rechazo británico. La defensa de la City londinense, el mercado de activos de mayor calibre de Europa, ofrecía al dirigente tory datos de enorme calado. Según Chris Cummings, ejecutivo jefe de The City UK, organización que se autodefine como independiente y dedicada a la promoción del gran mercado financiero de la capital británica, este sector da trabajo a casi dos millones de personas (1,9 exactamente), los servicios financieros y profesionales aportan una de cada siete libras al PIB nacional (el 14% de la riqueza nacional o 175.000 millones de libras) y genera 40.000 millones de libras de superávit comercial, cantidad equivalente al 3% de la economía del Reino Unido. Además -aclara- sus gestores de fondos manejan 3,2 billones de libras en activos en un centro de negocios en el que las compañías del país han aumentado sus recursos financieros -préstamos, bonos, acciones o capital riesgo- en 445.000 millones de libras desde 2005. Todo ello, precisa Cummings, deja en las arcas del Tesoro 53.000 millones de libras de ingresos en el último ejercicio fiscal, el 11% de la recaudación total, más del doble de las aportaciones de los tributos vinculados a los combustibles (26.000 millones) y más e los 49.000 millones del presupuesto de Educación.

Con esta carta de presentación, la tentación del veto parece justificable. Sobre todo si, como en un aparente arrebato de generación espontánea, varias decenas de parlamentarios e ideólogos conservadores, alentaron primero y aplaudieron después de la cumbre en distintos diarios tories el veto que finalmente utilizó Cameron ante las escasas opciones de exigir a Europa un “nuevo protocolo” del Mercado Interior, o la imposición de un “freno de emergencia” a las leyes de regulación y supervisión de los servicios financieros que se cuecen en Bruselas. En esta cruzada mediática no ha faltado tampoco la invocación al referéndum de pertenencia a la UE, un espectro que aparece y desaparece de la lista de compromisos conservadores con su electorado, respaldado por sondeos de apoyo masivo -casi seis de cada diez británicos- al rechazo de los acuerdos europeos por parte del primer ministro.

La reforma financiera ‘Vickers’

Pero, quizás, la mejor revelación de que el Ejecutivo británico pretende defender sus intereses al margen de la órbita comunitaria haya sido la nada casual aprobación, a finales de diciembre y “en su totalidad”, del diagnóstico de la Comisión Bancaria Independiente, coordinado por John Vickers, ex economista jefe del Banco de Inglaterra, que establece recomendaciones dirigidas a  garantizar la supervivencia y el liderazgo de la City.

George Osborne, chancellor of the Exchequer, tenía previsto dar el visto bueno “en su totalidad” al informe Vickers en septiembre pasado, cinco meses más tarde de su publicación preliminar. Pero el ministro de Hacienda ha preferido esperar al repliegue británico de la última cumbre europea para sacar a relucir, una vez más, el gran mensaje euroescéptico que el Partido Conservador ha asumido del célebre titular acuñado a finales de los cincuenta por The Times: “Niebla en el Canal [de la Mancha], el continente aislado” y matar, así, dos pájaros de un tiro. Por un lado, al escenificar la proximidad hacia Estados Unidos, ya que las recetas Vickers modificaron su pretensión inicial y favorable a exigir la segregación del negocio minorista de otras áreas como la banca de inversión, ante las amenazas de los máximos dirigentes de Lloyd’s y Barclays de trasladar sus sedes operativas a otras latitudes ante la pérdida de competitividad que suponía este viraje regulatorio.

A cambio, y en línea con la reforma financiera que la Administración Obama impuso hace dos años para Wall Street, se les exige separar estas divisiones y un colchón de estabilidad financiera del 10% del capital básico; tres puntos por encima del 7% de core capital que reclaman los acuerdos de Basilea III del Banco Internacional de Pagos. Y, por otro, acallar la contestación social que la revelación de dicho informe, que no estipula ningún límite al cobro de las generosas retribuciones variables de los altos directivos de la gran banca.

Estos temores a la pérdida de influencia internacional no son ni ficticios, ni exclusivos de la City. El Índice de Desarrollo Financiero del World Economic Forum (WEF), recién publicado en su edición de 2011, y que analiza centros bursátiles de 60 países o enclaves, a partir de más de 120 variables -entre otras, el clima institucional y de negocios, la estabilidad financiera o el tamaño y profundidad de sus mercados de capitales- deja un hecho inédito -por primera vez, Hong Kong se erige en la principal plaza internacional y desplaza a Estados Unidos y Reino Unido, que se han alternado en lo más alto de este escalafón en los últimos año- y un aviso para navegantes: la única presencia europea en el top ten es Holanda, y en el séptimo lugar.

Finanzas o mercado único

Este cuadro de mando deja un complejo dilema al tándem Cameron-Osborne. Apostar, como siempre, por el peso financiero británico, pese a airear contradicciones tan supinas como la creación de una tasa bancaria por parte de Osborne con el que ha recaudado 2.500 millones de libras en su primer año en vigor como contribución al coste financiero del 20% del PIB que ha ocasionado la crisis, mientras demonizan la idea franco-alemana de establecer, dentro de un año, un gravamen sobre las transacciones bancarias en Europa, sobre la que Cameron ya ha amenazado con un nuevo veto británico. O decantarse por aceptar, con el efecto balsámico de la diplomacia, la mano tendida que aún mantiene Berlín, París y el Ejecutivo comunitario con Londres y valorar las repercusiones que supondría el jaque mate de la cumbre.

Desde la creación, en paralelo, de nuevas instituciones comunitarias, confeccionadas por los 26 socios restantes para instaurar los cambios en los tratados; a una Europa a dos velocidades, con avances integradores intensos por parte de los socios monetarios que sobrevivan a la crisis de la deuda, sin descartar, incluso, una petición oficial en bloque para que Reino Unido deje la UE. Una circunstancia límite que reduciría el acceso al mercado único europeo del sector exterior británico y podría propiciar un descenso del valor de la libra e invitaría a empresas de las islas a iniciar deslocalizaciones de producción y cambios en los flujos de inversión hacia el continente en busca de un mercado de 500 millones de consumidores.

El dócil maullido del ‘tigre celta’

Irlanda, por el contrario, ha elegido una estrategia opuesta, en un intento de recuperar, como el protagonista de El Retrato de Dorian Gray de su escritor de cabecera, Oscar Wilde, la idílica belleza económica de los noventa, década en la que registró tasas de crecimiento próximas a los dobles dígitos y aupó a sus ciudadanos al segundo peldaño de mayor riqueza per cápita de Europa, sólo por detrás de los luxemburgueses.

En la táctica de Enda Kenny ha jugado un papel determinante la pertenencia irlandesa al euro y, más en concreto, la subrepticia intervención del BCE en los mercados de deuda, así como las decisiones de la autoridad monetaria europea en las subastas para inyectar liquidez al proceso de recapitalización bancaria de la zona. En este aspecto, los bancos irlandeses todavía reclaman una porción significativa de financiación, pese a ser un modelo parcialmente saneado, porque aún emite señales renqueantes por el duro ajuste inmobiliario que hizo repuntar la demanda de pisos un 401% entre 2006 y 2009.  Además de la losa política que supone el doble rechazo, en referéndum, a los tratados de Niza y Lisboa y de la factura económica del rescate europeo, que Dublín se vio obligado a solicitar tras desembolsar 485.000 millones de euros para asumir primero las responsabilidades de seis bancos del país y cubrir, después, las operaciones exteriores por sus nacionalizaciones.

Dos datos ilustran la presión con la que acudió a la cumbre europea el líder del Fine Gael: la creciente exposición del Bank of Ireland (BKIR) a la deuda soberana irlandesa, valorado en otros 1.440 millones de euros por el banco central del país, y el reconocimiento, por parte de la ministra de Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, de forzar al BCE a asumir un rol más activo para resolver la crisis de la deuda europea.

Aun así, el Gobierno irlandés ha puesto una línea roja: el gravamen del 12,5% de su Impuesto sobre Sociedades. Un arma con la que Irlanda creó el mito del tigre celta y que Kenny se niega a modificar pese a los intentos unificadores de la base impositiva de este tributo que demanda la canciller Merkel. A juicio del taoiseach, esta seña de identidad irlandesa para atraer capital extranjero, preferentemente tecnológico, es esencial para recuperar el rugido económico perdido. Eso sí, por medio de una oposición interna, tratando de ganar en los Consejos Europeos ventajas, exenciones o deducciones ante una hipotética armonización de los tipos impositivos.