El líder de la oposición griega reitera que votará en contra del plan de ajuste

Ayer el Consejo de Ministros griego aprobó el proyecto de ley que contiene el impopular conjunto de medidas de austeridad y privatizaciones por valor de 78.000 millones de euros. El proyecto de ley deberá llegar al pleno del Parlamento el lunes o martes y ser sometido a votación para su aprobación el jueves de la próxima semana, según indicó el ministerio en un comunicado.

 "Me están pidiendo que apoye una medicina para alguien que está muriendo por culpa de esa misma medicina. No lo haré", ha dicho Samaras en una entrevista con el periódico Financial Times. En su opinión, sería "antigriego" y "antieuropeo" persistir con medidas que ni siquiera están generando suficientes ingresos para rebajar el déficit público.

El líder conservador griego ha dicho que su principal objeción a las políticas del Gobierno es que están ahogando la demanda al incrementar la presión fiscal mientras Grecia se encuentra todavía en recesión. Ello agrava los problemas de paro y recortes salariales y provoca que más empresas cierren, evadan impuestos o abandonen el país.

"La liquidez es el principal problema de la economía. Imagine lo que ocurre en la economía real cuando no hay consumo privado, ni gasto público ni inversión extranjera directa. Todo cierra. Hay una fuga de cerebros y la gente formada abandona el país", ha lamentado Samaras. A su juicio, Grecia debería bajar el IVA, el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales para estimular la economía.

Las medidas a asumir por Grecia en los próximos cuatro años son de máxima severidad, cuya justicia social ha sido puesta en duda incluso por el propio ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos. "Existe un problema de balance moral de las medidas y de justicia interior".

Grecia se plantea percibir mediante la recaudación de impuestos y el recorte del gasto público unos 28.300 millones de euros hasta el año 2015, de los cuales 6.500 millones deben entrar este mismo año.

Según los medios locales, el Gobierno está obligado a reducir los sueldos en el sector público además de recortar hasta 2015 la plantilla en un 25%, lo que equivale a 150.000 funcionarios. Estos empleados públicos ya no percibirán pagas extraordinarias pero deberán trabajar más horas, con una semana laboral que pasará de 37,5 a 40 horas.

Los recortes de Venizelos incluyen -por primera vez en tres décadas- un recorte del presupuesto para comprar armamento, que en 2013 bajará en 250 millones de euros, y otros 350 millones en 2014.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha dejado claro esta semana que "no hay alternativa" ni "plan B" al programa de ajuste que se someterá a votación en el parlamento griego la semana que viene. Barroso ha dicho que la UE y el FMI no van a apoyar ningún plan alternativo. La aprobación de este ajuste es la condición que exige Bruselas para desbloquear la ayuda de emergencia de 12.000 millones de euros que Atenas necesita para no suspender pagos en verano.