Blanco invita a las constructoras a buscar negocio fuera de España

Comparecencia relámpago. Elena Salgado y José Blanco se dejaron ver ayer ante los medios de comunicación para informar sobre el contenido de la reunión que habían mantenido para revisar la dotación presupuestaria de Fomento para 2011. El responsable de la cartera de infraestructuras dispondrá de 500 millones de euros más para salvar la conclusión de algunas obras, que habían quedado afectadas por el severo plan de ajuste dictado por Bruselas para no superar la frontera del 6% de déficit público.

 

Sobre el escenario planeaba aún la sombra de la reunión que los constructores tenían prevista para ese mismo día -por ayer miércoles- con el presidente del Gobierno, cancelada sólo 48 horas antes de celebrarse. Un encuentro de carácter privado donde los principales adjudicatarios de obra pública (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHL) iban a trasladarle su inquietud por los recortes de inversión en infraestructuras y las deudas que arrastran las administraciones locales con sus empresas de servicios.

El ministro de Fomento no quiso aludir en ningún momento a tan cuestionada cita. De hecho, afirmó que no le consta que vaya a tener lugar dicha reunión, a pesar de las informaciones contrarias que aluden, simplemente, a un aplazamiento ante el revuelo provocado. Sobre todo, por la asociación perversa que podría realizarse entre la eventual subida de impuestos que avanzó el propio Blanco, necesaria para sufragar las infraestructuras existentes, y las reclamaciones de los señores de la obra pública.

Aunque presumió del excelente grado de interlocución existente entre el Gobierno y los principales agentes del sector, además de con sus interlocutores oficiales, en concreto con la patronal Seopan, presidida por el ex asesor monclovita David Taguas, el responsable de Fomento se mostró inflexible sobre la necesidad de reordenar y reprogramar el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) presentado en el mes de mayo. Los recortes son imprescindibles para cumplir con los objetivos de déficit.

Blanco argumentó una vez más  que el volumen de inversión pública ha descendido en general, por lo que las constructoras no son “los únicos afectados”, aunque sí los que más poder de presión pueden tener ante el Gobierno. Esa relevancia se la otorga, precisamente, según datos de 2009 publicados por la patronal Seopan, el hecho de que España sea el país de la Unión Europea con mayor peso del sector de la construcción sobre su PIB, hasta representar un 14,4% de toda la actividad económica.

Ante esta coyuntura, Blanco volvió a invitar a las constructoras a buscar oportunidades de negocio fuera de nuestras fronteras. España ya ha alcanzado uno de los niveles de infraestructuras más altos de Europa (autovías libres de peaje, terminales de aeropuertos, líneas de alta velocidad, puertos marítimos…) y no se volverá a necesitar invertir como hasta ahora. Existe, por tanto, una sobrecapacidad en el sector que necesita reajustarse. Sobran empresas. Eldorado de la obra pública no está ya en la Península.