La empresa de capital riesgo 3i controlará la gestión de los entierros de Barcelona por 60 millones

La gestión de los entierros de Barcelona pasará a manos del fondo de capital riesgo 3i. O, lo que es lo mismo, los trámites para dar el descanso eterno a las personas fallecidas en los tanatorios dependerá de un grupo privado que pagará por tener el control de la compañía Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) alrededor de 60 millones de euros. Hasta ahora, el Ayuntamiento controla el 51% de las acciones de SFB y 3i, a través de la sociedad Mémora, controla el 49% restante. Las cosas pueden cambiar esta misma semana, ya que el Ayuntamiento de Barcelona decidirá con toda probabilidad este miércoles sacar a concurso parte de las acciones que posee en SFB. “El equipo municipal ha obtenido la aprobación de los principales grupos de la oposición, Convergència y Partido Popular, para privatizar la gestión de los tanatorios siempre que se garanticen las tarifas sociales, es decir, que no aumente el precio del coste de los trámites y que garantice una gestión eficiente que tenga en cuenta la dignidad y la ética”, afirma a El Confidencial un dirigente del PP municipal. El pliego de condiciones del concurso fue aprobado ya en comisión y el próximo viernes se llevará al pleno municipal, abriéndose un periodo de alegaciones de unas tres semanas.

 

La privatización de la empresa que lleva a cabo los entierros en los tres principales tanatorios de Barcelona lleva un año retrasándose porque ha sido una cuestión delicada la que ha tenido que afrontar el equipo que dirige el alcalde socialista, Jordi Hereu. “No ha sido fácil encontrar la fórmula para que la ciudad mejore en la gestión de las defunciones al tiempo que se moderniza un servicio mediante la gestión privada pero que mantenga su vocación de servicio social”, señalan fuentes municipales a este diario. La cuestión está en saber si, en el futuro, el fondo de capital riesgo 3i –como cualquier fondo de estas características que invierte en un negocio en busca de una rentabilidad- dejará en buenas manos la gestión de los entierros en Barcelona y no acabará produciéndose un incremento de precios que iguale la oferta municipal actual con los tanatorios privados, reservados a una minoría social con elevado poder adquisitivo.

El Ayuntamiento de Barcelona pedirá como contraprestación a 3i que le venda la parte que este fondo tiene en la sociedad Cementerios de Barcelona. Es decir: privatizar los tanatorios y que los cementerios de la ciudad pasen a ser controlados por las autoridades municipales. Fuentes del gobierno municipal rechazan que esta operación se enmarque en el plan de ajuste que el alcalde Hereu anunció hace semanas.

El fondo de capital riesgo, por su parte, controlará la gestión de los entierros a través de la compañía Mémora. La operación es compleja: el Ayuntamiento se quedará con el 49% que 3i tiene en Cementerios pagando 20 millones de euros. Mémora lanzará, al mismo tiempo, una ampliación de capital por un monto de otros 20 millones. Y el resto de la operación, hasta totalizar los 60 millones de la operación, deberá financiarlo con recursos propios. Mémora es, hoy por hoy, la principal funeraria de España, con negocios en gran parte del país. En 2009, realizó cerca de 45.000 servicios funerarios y 13.000 incineraciones y tuvo un resultado bruto de explotación (ebitda) de 28 millones de euros.

Traslado a Barcelona

Desde la oposición condicionan su apoyo a la privatización a que Mémora se traslade a Barcelona y a que un pequeño porcentaje de la funeraria se lo quede el Ayuntamiento o empresarios privados catalanes y a garantizar las tarifas sociales en los entierros. No habrá problema con estas condiciones, ya que el consistorio sólo venderá el 36% de las acciones y se quedará con el 15% de SFB. Xavier Trias, líder de CiU en el Ayuntamiento,  explica que la privatización de la funeraria forma parte de su programa electoral desde 1995, mientras que el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, rechaza que el Ayuntamiento actúe como un socio privado y dará el 'sí' definitivo si se garantiza el servicio a la ciudadanía. Además, según reconoció a este diario el concejal Javier Mulleras, los populares quieren que la privatización sea total y no sólo del 36%. El dirigente de ERC Jordi Portabella, por su parte, defiende que la sede de Mémora vuelva a la capital catalana para "convertirse en una multinacional con sede en Barcelona", y ha pedido al Ayuntamiento que un 15% sea de socios catalanes para que "la sede se quede aquí en las próximas décadas".

Por su parte, desde ICV no rechazan de plano la operación, pero muy probablemente se abstendrán, dada la importancia de la inversión para la ciudad y el apoyo de los trabajadores a la misma. Y es que SFB emplea a 220 trabajadores más los empleos indirectos. "Estamos absolutamente de acuerdo en que el Ayuntamiento venda las acciones porque no tiene sentido cuando se trata de un mercado liberalizado", asegura el portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Joan Puigdollers. En opinión de la formación nacionalista, la liberalización de los servicios funerarios es una oportunidad para la ciudad porque supondrá "una mejora de los servicios y un abaratamiento de los costes", razón por la cual reclamó al alcalde Hereu que impulse la operación antes de verano. "Se acaba el tiempo. Es un proceso muy largo y si no se inicia en el mes de julio será muy difícil que se lleve a cabo después", sostiene Puigdollers.

Por su parte, UGT y CCOO han reclamado al alcalde que asegure el futuro de la compañía y garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo, por lo que le reclamaron que acometa la reordenación societaria de la compañía. El portavoz del comité de empresa de SFB, Octavi Vidal (UGT), explica que para competir es necesario que la empresa deje de ser de mayoría municipal porque la actual propiedad mixta está "hipotecando su futuro" al impedir a la compañía pueda competir fuera del municipio de Barcelona.