El sector privado se cuela en la Biblioteca Nacional y se lleva 18,4 millones en 5 años

Con las ofertas de empleo público congeladas, las empresas públicas recurren cada vez más a la externalización para desarrollar tareas propias. Incluso en las instituciones culturales con mayor prestigio y tres siglos de historia. Es el caso de la Biblioteca Nacional de España (BNE), que en los últimos cinco años ha destinado 18,46 millones de euros para adjudicar 50 contratos de servicios bibliotecarios.

Desde septiembre de 2008, la BNE ha desembolsado un total de 34,12 millones de adjudicaciones por 118 licitaciones de todo tipo, según los datos que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado. Teniendo en cuenta esta cifra, tenemos que los servicios bibliotecarios representan más de la mitad (54%) del importe destinado a externalizaciones en el último lustro. Hay otros dos contratos bibliotecarios se encuentran en proceso de licitación por algo más de 500.000 euros.

Las externalizaciones han sido habituales en la institución tricentenaria con el objetivo de compensar la falta de personal propio. Cabe recordar que las últimas ofertas de empleo público para bibliotecarios y documentalistas se convocaron en 2009. Desde entonces, la entidad ha perdido uno de cada seis trabajadores de plantilla, al pasar de 521 a 439, según las memorias anuales.

Fue también en 2009 cuando empezaron a llegar las primeras demandas por cesión ilegal de trabajadores por parte del personal externalizado. Estos procesos judiciales –18 en total– provocaron un importante descenso de los recursos destinados a subcontratar servicios.

Mar Hernández, directora técnica de la BNE, admite la dependencia de personal de empresas privadas para sacar adelante las tareas documentales: “Necesitamos algún tipo de ayuda externa que nos permita cumplir con los objetivos básicos y la misión de la Biblioteca. No es el sistema ideal ni el que nos gustaría, pero la pérdida continua de funcionarios y laborales nos obliga a seguir manteniéndolo”.

Las memorias no aportan datos sobre el personal de empresas privadas. Un trabajo fin de Grado de la Universidad Complutense de Madrid, elaborado por la extrabajadora externa Aurora Cid, indicaba que a finales de 2010 había un total de 482 empleados subcontratados, de los que 302 realizaban tareas documentales. “El sistema ideal es que la institución tenga sus propios expertos para ejercer todo tipo de trabajo”, expresa Hernández.

30 empresas beneficiarias

Los 50 servicios bibliotecarios de la BNE fueron adjudicados a 30 empresas. La más beneficiada fue Ever Team Spain, que recibió más de 7 millones por cinco contratos en el último lustro. A más distancia se sitúan Asci Direct, con 3,29 millones por tres prestaciones; Castor Informática, con 2,46 millones por dos adjudicaciones, e Indra, cuyos seis contratos le reportaron 2,29 millones.

Mar Hernández explica que estas compañías ganan más licitaciones al contar con personal con experiencia en trabajos de conservación y catalogación de fondos. “No es tanto la empresa la que gana un concurso sino las personas que vienen a hacer las pruebas”, afirma. No obstante, la directora técnica matiza que “no valoramos la experiencia porque sería una discriminación. Lo que quiero decir es que la experiencia les facilita a la hora de superar las pruebas”.

Los cinco concursos ganados por Ever Team Spain dieron trabajo a 184 personas. La multinacional francesa se llevó la mayor licitación de este periodo: el servicio de catalogación de monografías, adjudicado el 29 de diciembre de 2008 por 4,63 millones y que requirió 75 trabajadores entre febrero de 2009 y de enero de 2011, con la posibilidad de prorrogar el contrato por dos años más. En enero de 2013, Ever Team Spain volvió a ganar dos concursos relativos al manejo de monografías y movimiento de fondos. Ambas adjudicaciones reportaron a la empresa 1,56 millones y proporcionaron empleo a 95 personas.

El recurso a las externalizaciones no es algo nuevo en la BNE. En su trabajo fin de Grado, Aurora Cid recopila del BOE más de 160 contratos de servicios bibliotecarios entre 1996 y 2012. Y en ellos vuelven a aparecer las mismas empresas. Por ejemplo, en este periodo Castor Informática ganó dieciocho concursos y Asci Direct, catorce.

Jesús Rodríguez, presidente del comité de empresa de la BNE y representante sindical de UGT, considera “abusivas” las cantidades destinadas a contratación externa. “Si tienes una empresa pública y unas necesidades estructurales, no puedes estar pensando en externalizar un servicio que tienes que dar tú”, sostiene.

No obstante, Rodríguez ha notado un cambio de política a raíz del nombramiento este año de la nueva directora, Ana Santos. “Quieren ver qué plantilla hay, qué necesidades tienen y cómo encaja la plantilla en la demanda”, apunta. Mar Hernández también confirma este punto: “Estamos preparando la nueva Ley de la Biblioteca Nacional de España y esperamos crear una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de cara a lograr estabilidad laboral. Tendremos que ver si el modelo actual es el que queremos o buscamos uno diferente que nos permita gestionar mejor”.

18 demandas por cesión ilegal

Este cambio de política llega después de que varios empleados externos presentaran 18 demandas por cesión ilegal de personal. Hasta la fecha, tan sólo un caso ha sido resuelto de forma definitiva. La sentencia 8316/2011 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo rechaza el recurso de una trabajadora externa y da la razón a la empresa privada y a la Biblioteca Nacional. Sin embargo, el magistrado Fernando Salinas emitió un voto particular al considerar que “la interposición existe por el mero hecho de sustituir esa empresa al empleado real –la Biblioteca Nacional– en el contrato de trabajo suscrito”.

Juan de la Lama, abogado laboralista de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), explica que “la cesión ilegal se da cuando la empresa no ofrece el servicio con sus propios medios sino simplemente se limita a dejar los trabajadores, o bien cuando esta figura laboral es ficticia”. El letrado lleva la demanda presentada por otra trabajadora contra el ente público. “En primera instancia ganamos con una sentencia rotunda. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la revocó con unos fundamentos muy débiles y argumentó que un superior de la empresa se desplazaba dos veces al año a la Biblioteca Nacional a preguntar cómo iba y, por tanto, existía un ejercicio empresarial. Es un planteamiento ridículo. Hemos recurrido en casación ante el Tribunal Supremo”, explica.

“Sí que hemos tenido algunas demandas –reconoce Mar Hernández–, pero normalmente son contra las empresas. La BNE no tiene nada que ver con estos trabajadores”. Sobre la repercusión que han tenido estos procesos judiciales, la directora técnica indica que “hemos aprendido a tener mucho más control sobre las empresas para decirles que son trabajadores suyos”. Por su parte, Jesús Rodríguez asegura que “algunas sentencias demuestran que ha habido una mala praxis con dos culpables: la empresa y la Biblioteca”.

Recomendaciones de Hacienda

Para evitar incurrir en cesión ilegal, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas emitió una instrucción, con fecha de 28 de diciembre de 2012, con una serie de recomendaciones y buenas prácticas. Entre ellas, recuerda a los gestores públicos que “deberán respetar el poder de dirección que corresponde al empresario, absteniéndose de asumir funciones directivas, señaladamente mediante la impartición directa de órdenes e instrucciones sobre el personal de la empresa concertada”. En este sentido, la instrucción señala que “un coordinador técnico o responsable, perteneciente a la plantilla del contratista, será el interlocutor con quien se relacionará únicamente la entidad contratante y a quien corresponderá la dirección del proyecto”.

Asimismo, el documento ministerial enumera una relación de servicios a los que el personal externo no podrá tener acceso, como la intranet y el correo electrónico corporativo, las tarjetas de control de acceso de empleados públicos o el material de la Administración.

Por último, la instrucción establece el proceso que deberán seguir los entes públicos cuando una sentencia declare la existencia de cesión ilegal y reconozca al empleado externo la condición de indefinido no fijo. Y se indica: “Se procederá bien a tramitar la amortización de la plaza, bien a proceder a su provisión interna. Una vez que la plaza haya sido cubierta por un trabajador fijo, se procederá a extinguir el contrato de trabajo del indefinido no fijo”.

El presidente del comité de empresa de la BNE expone que “la única consecuencia de la cesión ilegal es el coste que va a suponer a la Administración el pago de indemnizaciones”. Por su parte, Juan de la Lama considera que “los requisitos para declarar la cesión ilegal cada vez son menos. A no ser que la empresa sea muy torpe, en muy raras ocasiones te encuentras con cesiones ilegales”. Y sentencia: “No se trata de una política económica de abaratar costes sino que es una política de domesticación del trabajador”.

Inspecciones de Trabajo favorables

Para convencer a los tribunales de la existencia de cesión ilegal, los demandantes han presentado todo tipo de pruebas, desde correos electrónicos, con órdenes de funcionarios, hasta inscripciones en cursos de formación internos. Incluso tienen a su favor inspecciones de Trabajo que reflejan actuaciones muy graves tanto de las empresas como del ente público.

Un informe con fecha de 7 de diciembre de 2010 y firmado por el inspector de Trabajo Rodrigo García-Conde alude al caso de tres trabajadoras de Indra que presentaron sendas demandas por cesión ilegal. El inspector detecta varias irregularidades en la prórroga de un contrato en mayo de 2010. García-Conde llega a la conclusión de que “la Biblioteca Nacional entra a regular, en forma paccionada, el número y categoría profesional del personal que precisa, reduciendo el mismo y su capacitación profesional, curiosamente para desempeñar el mismo trabajo que se había venido realizando hasta esa fecha”.

No obstante, el inspector de Trabajo apunta otra posible interpretación: “Una connivencia entre la Biblioteca Nacional e Indra para que aquella le facilitase una excusa o coartada para liberarse de cuatro trabajadoras que habían osado ejercitar sus derechos y accionar contra ambas entidades”. En consecuencia, el informe habla de “una situación de acoso laboral” y abre un acta de infracción muy grave con propuesta de sanción a Indra.

“Jurídicamente no hay nada que sea blanco o negro. Estamos en una situación límite donde se intenta vestir una cesión ilegal para que parezca una prestación de servicios”, sentencia Juan de la Lama, abogado de la CNT.