Los grandes productoras hacen frente común para pedir más dinero a TVE

Las vacas flacas en TVE se han trasladado a las productoras, que temen ser las grandes perdedoras de la nueva ley de financiación de la televisión pública. “Antes no era raro que por un programa se pagaran 200.000 euros. Ahora en muchos casos no se llega a los seis dígitos”, se lamenta desde una de las grandes. Y han movido ficha. En una reciente reunión auspiciada por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae) más de 30 productoras se conjuraron para hacer frente común y pedir “un contrato-programa con la televisión pública que garantice un porcentaje de producción para el sector”, según reza uno de los documentos surgidos del encuentro a los que ha tenido acceso El Confidencial.

“Es la primera vez que se produce una reunión de estas características y que se da un nivel de unión tal –explica a este diario uno de los presentes-. Es evidente que las más importantes tienen megacontratos con TVE. Y hay preocupación”. El cónclave se produjo el 13 de mayo y las actas han llegado en los últimos días a los asistentes. No faltaba casi nadie en la sede de la CEOE. Muchos representando a una de las 53 productoras que a mes de enero mantenían contratos con la televisión pública. Estuvieron, entre otros, Santiago de La Rica (Globomedia), Joan Bas (Diagonal TV), José Manuel Lorenzo (Boomerang TV), José Velasco (Zebra TV), Pep Espada (El Terrat), Jordi Bosch (Zeppelin, Gestmusic) o Ramón Colom (Proa).

Como avanzó este periódico, TVE ha venido negociando rebajas del orden del 3% en la renovación de contratos y ajustando todavía más las tarifas en los nuevos programas. “Habrá que mirar cada peseta”, aseguró el presidente de la televisión pública, Alberto Oliart en su primera comparecencia en el Congreso. Sin ir más lejos, el coste de cada entrega de Águila Roja se eleva a los 800.000 euros, lo que convierte a la serie de Globomedia –la productora integrada en Imagina con la Mediapro de Jaumes Roures- en una de las más caras de las parrillas. “Todos saben quién ve más perjudicada su facturación por las restricciones en TVE”, se asegura no sin cierta ironía desde una productora más pequeña.

En el caso de Águila Roja, el propio Daniel Ecija, presidente de Globomedia, aseguraba recientemente que “TVE tiene la última palabra” a la hora de decidir si cancela o no la serie por su elevado presupuesto. De hecho, la toma de postura de las productoras se produce meses después de que la plantilla de TVE se movilizara, huelgas incluidas, para pedir que aumentar la producción propia en la casa. Según datos del sindicato USO, Globomedia facturó en 2009 un total de 17,1 millones por contratos con TVE, Diagonal TV se fue hasta los 30,4, Gestmusic alcanzó los 14,2 y El Terrat los 5,6 millones, por citar algunos e jemplos.

Dinamizar la industria de ficción

La percepción entre las productoras es que TVE debe tener un papel decisivo para dinamizar la industria de ficción española. Es más, incluso plantean crear una plataforma que les permita tener representación en las cadenas públicas y capacidad de negociación en las privadas. Fuentes del sector aseguran que algunos consejeros ya habrían mantenido contactos con Fapae, si bien la cuestión permanece en un estadio muy preliminar. Desde el Consejo, sin embargo, se asegura que la intención de la casa no pasa ni mucho menos por incrementar la dotación a las productoras más allá de lo que ya contemplan la nueva Ley General Audiovisual aprobada por el pleno del Congreso el pasado 18 de marzo.

Con la nueva legislación, las cadenas de titularidad pública deben aportar un 6% de sus ingresos anuales para financiar obras de producción europea, esencialmente española. De ese porcentaje, el 75% debe dedicarse a “películas cinematográficas de cualquier género”. El 25% restante se destinará a “películas, series o miniseries para televisión. “Dentro de estos porcentajes, los prestadores de servicios (…) de titularidad pública deberán dedicar un mínimo del 50% a películas o miniseries para televisión”. Las productoras salen mejor libradas en el caso de las cadenas privadas, ya que del 5% de los ingresos que deben destinar a producción audiovisual, un 2% se podrá destinar a producir películas, series o miniseries.

Las preocupaciones de las productoras van todavía más allá. “Una de las razones de la reunión fue insistir en que las televisiones deben pagar en plazo.  Muchas se están financiando con proveedores. De pagar en 90 días se ha pasado a hacerlo en 120 o 150. El ajuste en 2009 se hizo en parte vía productoras, y no sólo por las tarifas”, se lamenta otra de las presentes en el encuentro. La inquietud se incrementa por la decisión del Gobierno de facilitar las fusiones entre cadenas, que ha hecho que vayamos “a un modelo con dos operadores”, aseguran estas fuentes. Una reducción que contrasta con la proliferación de productoras en los últimos años. Según el propio Ecija, en 1992 existían menos de 25, hoy existen 249.

Por si tuvieran pocos problemas, las productoras también plantearon sus problemas con la Inspección de Trabajo, lo que en palabras de Fapae provocó la necesidad “acelerada” de la reunión. El organismo dependiente de Celestino Corbacho ha obligado en los últimos meses a regularizar los contratos de profesional dependientes de las productoras que trabajaban de forma irregular como autónomos o con contratos por obra. Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de que se proteja la titularidad de sus contenidos y que éstos se devuelvan a los productores.