Familias de discapacitados psíquicos, en pie de guerra por una iniciativa de sus representantes

Sofía Zapata tiene 12 años, síndrome de down, y acude a un colegio de educación especial. También es modelo de pasarela y miembro del elenco del célebre Cantajuegos. Una niña “empoderada”, sin problemas de autoestima. Pero no siempre fue así, según explica su madre, Patricia Giralt. Hasta los cinco años fue a un colegio normal, como hacen cerca del 80% de estos niños, “pero a ella no le funcionaba, se iba empequeñeciendo, no avanzaba”, sostiene su madre: “Se dejaba llevar por las otras niñas que jugaban a ser sus mamás y así no aprendía”. Giralt es ahora miembro de la plataforma Inclusiva sí, especial también. Un conjunto de asociaciones de padres con niños con discapacidad intelectual que se han unido para frenar un posible cambio legislativo que los obligue a llevar a sus hijos a colegios ordinarios.

“Cada niño es distinto, yo no digo que no haya a quien no le funcione fenomenal llevarlos a un centro normal, pero a otros no les viene tan bien y lo único que pedimos es que se respete nuestra decisión”. Una postura cuyo portavoz principal es José María Escudero, el presidente de la plataforma. Padre de un niño autista de 9 años, este profesional explica que la “batalla” comenzó en junio de 2018 cuando se enteran de dos proposiciones de ley en la Comunidad de Madrid cuya hoja de ruta es eliminar los centros de educación especial. “¡No dábamos crédito”, exclama Escudero, que desde entonces inició un periplo de charlas y reuniones con todos los partidos políticos, incluyendo a la ministra de Educación, Isabel Celaa.

Opinión

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“Representamos a 115 entidades y hemos reunido unas 260.000 firmas en contra de la desaparición de estas escuelas”, revela el presidente de la plataforma. Finalmente, las propuestas legislativas en Madrid quedaron paralizadas. Pero, sin embargo, quien anunció que se procedería al paulatina desaparición de esta alternativa educativa fue el Gobierno central el pasado mes de enero. Es una medida que afecta a 35.000 niños. El argumento que esgrimen los defensores del cierre es que estos centro potencian la segregación y la falta de inclusión social.

Un extremo con el que discrepa enormemente Patricia Giralt: “Yo no digo que para unos niños no sea bueno ir a escuelas ordinarias, pero para otros no es así”. Escudero abunda en la misma idea. Respetando a quienes escogen los colegios “normales”, subraya que no es lo mismo la discapacidad física de la psíquica. Su propia experiencia, dice, es muy reveladora.

Representamos a 115 entidades y hemos reunido unas 260.000 firmas en contra de la desaparición de estas escuelas

“En el propio centro nos dijeron que lo mejor era cambiarlo a uno especial porque allí aportaba más él al colegio que al revés”, rememora. “Cuando se cambió de colegio ni se vestía solo, ni comía solo, era imposible cortarle el pelo o darle medicación, pero a los tres meses de estar en el nuevo colegio ya hacía todo eso solo”, recuerda. “Tuvo una evolución tremenda en solo tres meses. Hay que entender que los padres no les llevamos a esta clase de sitios por capricho”, zanja.

Con las elecciones convocadas y las cortes disueltas, el “enemigo” de la plataforma es el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). La hoja de ruta del CERMI es cerrar “gradualmente” estos recursos. En un coloquio reciente sobre el tema, Jesús Martín, su delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU argumentó lo siguiente: “Imagínense que separásemos en centros especiales a los niños por su raza o por una cuestión de sexo”.

Mientras tanto, el calendario de movilizaciones de la plataforma ha incluido varias manifestaciones por toda España y la recogida continua de firmas. “No supone ninguna segregación, simplemente es una necesidad y no es buena idea comparar cosas que no son comparables”, argumenta Escudero. “Es sobrecogedor que sean quienes nos deben representar, como el CERMI, los que quieren hacernos esto”. El CERMI planteó una enmienda en la que solicitaba el cierre total de estos recursos para 2025.