La inequidad crónica o por qué España sigue sin tener una tarjeta sanitaria única

5 de octubre de 2018. Es la fecha límite que fijó el Gobierno para que finalice el proceso de renovación de las tarjetas sanitarias, que deberán serinteroperablesen todo el territorio nacional a partir de entonces. Tras décadas de intentos fallidos, elReal Decreto 702/2013, que modificabaotro de 2004, fijó por fin un marco temporal para la implantación de unos requisitos comunes en todas las tarjetas sanitarias de las comunidades. Esto debería permitir, por fin, compartir las recetas electrónicas y el historial clínico entre todos los servicios delSistema Nacional de Salud(SNS), como prevé elPlan de Calidaddel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero del dicho al hecho hay un trecho.

Tal y como publica Responsabilidad Sociosanitaria, hoy por hoy, solo Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cataluña siguen sin tener tarjetas que se ajusten a la normativa. Fuentes ministeriales aseguran quellegarán en plazo,pero esto no quiere decir que el resto de comunidades compartan ya datos de los pacientes. La interoperabilidad, que debería ser el verdadero objetivo del ministerio –de poco sirve tener tarjetas compatibles si no hay ninguna información que compartir–, está muy lejos de cumplirse y, de hecho, pocos creen que vaya a ser una realidad en solo dos años.

La interoperabilidad está muy lejos de cumplirse

Es enépoca estivalcuando con más gravedad se manifiestan los problemas derivados de la descoordinación entre los sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas.Como ha recordado el Defensor del Pueblo, la implantación de una receta electrónica compartida por todos los servicios de salud es fundamental para que los ciudadanos puedan acceder sin problemas a los tratamientos y medicamentos que necesitan en sus desplazamientos temporales a una comunidad distinta de la que residen habitualmente.

A día de hoy, según datos del ministerio, el 83,3% de las dispensaciones de medicamentos por receta realizadas en el SNS se efectúan a través del sistema de receta electrónica. Sin embargo, soloCanarias y Extremaduracuentan ya con un sistema para que sus ciudadanos puedan utilizar lasrecetas electrónicasen las regiones donde ya esté implantada la interoperabilidad: esto es, Canarias y Extremadura.

Una cuestión de seguridad

No cabe duda de que la implantación de la tarjeta sanitaria única plantea problemas administrativos, políticos, económicos y meramente técnicos, pero como recuerda aResponsabilidad Sociosanitariael Defensor del Pueblo, lo que está en juego no es solo la comodidad del paciente, sino también su seguridad.

“En época devacacioneshay un porcentaje importante de personas de cierta edad que se desplazan del lugar donde viven habitualmente y pasan un cierto tiempo en su segunda residencia o donde vive su familia”, explica el portavoz del Defensor. “Muchas de estas personas tienenpadecimientos crónicos, necesitan medicación de forma constante y sufren problemas para tener la continuidad de esa medicación”.

El Defensor recuerda que, en la actualidad, cada usuario está resolviendo el problema como buenamente puede: “En unos casos se extiendenrecetas manuales, lo que produce un uso inadecuado de los medicamentos y una acaparación de fármacos que no se conservan en las condiciones más óptimas. En otros la gente tiene que ir al médico para que le haga la receta, coger los fármacos en su comunidad de origen y volverse a ir. Parece poco racional que en la etapa en la que estamos, con un nivel de desarrollo de la informática muy potente, haga falta recurrir a estos sistemas un poco rudimentarios”.

Cada comunidad desarrolló su propio sistema y renunciar a este es difícil

Eso por no hablar de compartir la historia clínica, un proceso que está mucho menos avanzado que el de la receta electrónica. “Muchas veces el que tu conozcas qué tipo de medicación tiene un paciente esté en la Comunidad Autónoma que esté va a facilitar la seguridad”, recuerda a Responsabilidad SociosanitariaRafael Rodríguez, tesorero de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad. “Por suerte o por desgracia podemos enfermar en cualquier sitio. Es un tema preocupante. Se está trabajando en él, pero yo diría que no va con la rapidez con la que tiene que ir. En su momento cada uno desarrolló su propio sistema y renunciar a este esdifícilporque representa dinero”.

Cómo poner de acuerdo a 18 servicios

La palabra “crisis” resuena cada vez que se habla de la implantación de la tarjeta sanitaria única. El propio Gobierno añadió en el Real Decreto que regula su unificación un apunte que no se incluyó en losprimeros borradores del mismo: el proceso de renovación de las tarjetas “estará finalizado antes de cinco años”, apunta la ley, “siempre que lasdisponibilidades presupuestariasde las diferentes administraciones públicas competentes lo permitan”. ¿Se trata de una estrategia del ministerio para lavarse las manos si las cosas salen mal?

Cuando hay un conflicto lo resuelven las comunidades, pero eso lo debería gestionar el ministerio

Sí al menos en opinión deAntonio Cabrera González,secretario de la Federación de Sanidad de CCOO, que asegura que la cartera que dirige –por ahora–Alfonso Alonsono está ejerciendo el liderazgo que debiera en todo este proceso.

“Cuando hay un conflicto lo resuelven las comunidades, pero eso lo debería gestionar el ministerio, que tiene una comisión de calidad que dice que aunque haya18 servicios de saludel sistema es único, y todo el mundo tiene derecho a ser atendido de la misma forma en cualquier lugar de España”, asegura Cabrera aResponsabilidad Sociosanitaria.

Los sindicatos no son los únicos que critican la dejadez de Sanidad en este asunto. Las comunidades que más han avanzado en lainteroperabilidadde sus tarjetas aseguran que el ministerio ni siquiera se ha pronunciado sobre cuestiones básicas, como el uso de banda o chip a la hora de compartir las recetas.

En declaraciones a Responsabilidad Sociosanitaria, fuentes delGobiernode Extremaduraaseguran que su programa piloto de Receta Electrónica Interoperable con Canarias se ha realizado sobre la banda y no con el chip, ya que no todas las comunidades disponen de este y el ministerio no se ha pronunciado sobre su uso.

“La ventaja [del chip] es evidente; aparte de tener la información en un soporte más duradero, también tendríamos unificado el proceso y mejorarían los procesos de lectura”, explica un portavoz de la Consejería.

“Una vez terminado este pilotaje entreExtremaduray Canarias, el SNS prevé que el resto de comunidades se vayan sumando a él y, a finales de este año, esté en el 90% de las regiones. Mi opinión personal es queno va a ser así,habida cuenta de los diferentes estados de desarrollo que hay en el resto de comunidades”, concluye el portavoz extremeño.

¿Qué hay de la privada?

El proyecto del ministerio tampoco contempla en ningún momento que las recetas y las historias se compartan entrecentros públicos y privados.Un detalle no sin importancia, habida cuenta que muchos usuarios del SNS son atendidos en centros concertados.

“Si van a utilizar datos de la propia administración tendrán que tener el mismosistema digital,porque si no ¿cómo se pasa toda esa información a esa empresa y después al sistema público?”, apunta el secretario de la Federación de Sanidad de CCOO. “Tú imagina a una persona que llega a la pública, allí no le pueden atender, le pasan a concertada y todo este informe médico ¿dónde está? No está en común. Si vuelve a la pública y se le hace la rehabilitación en la pública hay un trasiego de información que se podría evitar implantando un sistema único”.

La titularidad debe ser lo menos importante

El asunto no ha pasado desapercibido entre los operadores de salud privados, que reclaman ser incluidos en el sistema. “La sanidad privada también forma parte del SNS porque realiza un 30% de la actividad sanitaria del país y deberíamos estar también dentro de ese identificador único”, aseguraManuel Vilches, director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Tal como ha explicado Vilches aResponsabilidad Sociosanitaria, la Sanidad Privada estaría encantada de participar en un proyecto en el que se pusiera la información a disposición de todo el mundo, pero el ministerio no ha contado con ellos en ningún momento, pese a que ya están trabajando por la interoperabilidad entre sus centros.

“La titularidad debe ser lo menos importante en este caso”, insiste Vilches. “Aprovechemos todos los recursos y pongámonos a trabajar todos juntos para que el paciente tenga lasmenores dificultades posibles.Yo ahora me voy de vacaciones y no hay manera de que el médico que me atiende allí, ya sea público o privado, tenga acceso a mis datos. En el siglo XXI me parece que tenemos herramientas para haberlo resuelto. Es algo absolutamente irracional”.

Sistema ¿nacional? de salud

Aunque la implantación de la tarjeta única –y con ella la receta y la historia clínica compartida– plantea importantes dificultades técnicas, hay quien cree que elgigantesco retrasoy su implantación tiene más que ver con cuestiones económicas.

“Algunos pueden vestirlo de cuestión política pero el problema es estrictamente económico. Hay que hacer sostenible el sistema de salud, y Cataluña o Andalucía, aquellas comunidades que son más receptoras, piensan que tiene que haber un sistema de compensación que no existe”, explica Cabrera. “Tienen un presupuesto inicial basado en gasto por habitante y eso se rompe con el trasiego de personas entre comunidades. Debería haber un fondo estatal reservado para cubrir esas deficiencias. Hayvoluntad políticade hacerlo, pero hay comunidades que van más retrasadas que otras y al 2018 con casi total seguridad no se va a llegar”.

Por el contrario, desde el Defensor del Pueblo consideran que precisamente lo que falta es voluntad política: “Esto es un proyecto que se pone en marcha desde el ministerio y algunas comunidades son más activas y otras menos. Me podría creer que hay una falta de voluntad del ministerio pero hay tres CCAA que han llegado a la fase superior y hay otras comunidades como elPaís Vascoque ni siquiera han manifestado interés por este proyecto”.

Hay comunidades como el País Vasco que ni siquiera han manifestado interés por este proyecto

Ya sea una cuestión política o económica –no hace falta recordar que ambas cuestiones siempre van de la mano– no cabe duda de que el proyecto para que los datos básicos de los pacientes estén disponibles en todas las comunidades autónomas sigue sin ser una realidad y nada apunta a que lo sea en el plazo acordado.

Los políticos se echan la culpa entre sí de este fracaso, pero el paciente es, de nuevo, el que paga el pato. “Si entra un señor con un ataque en un servicio de urgencias lo interesante es que se pueda consultar su historia clínica, ya sea de Madrid o de Almería”, recuerda el Defensor del Pueblo. “El perder un tiempo en saber cuál es elhistorial clínicode ese paciente es muy relevante en algunos casos. Lo que pretendemos es que el Sistema Nacional de Salud sea nacional y sea de salud”. Una aseveración que parece obvia, pero está mucho más lejos de cumplirse de lo que pudiera parecer.