Es noticia
Primera sentencia contra un médico por una rotura de implante mamario
  1. Alma, Corazón, Vida
HAY 15000 ESPAÑOLAS AFECTADAS POR LAS PRÓTESIS PIP

Primera sentencia contra un médico por una rotura de implante mamario

El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha condenado a un cirujano plástico y a una clínica de estética de Madrid a indemnizar a

Foto: Primera sentencia contra un médico por una rotura de implante mamario
Primera sentencia contra un médico por una rotura de implante mamario

El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha condenado a un cirujano plástico y a una clínica de estética de Madrid a indemnizar a una mujer que sufrió la rotura de una prótesis mamaria PIP, que le fue implantada sin la suficiente información. La sentencia condena al doctor y la entidad médica a abonar a la paciente la cantidad de 7.455 euros.

Esta resolución constituye la primera condena legal en España sobre las prótesis PIP, implantes mamarios de silicona que han causado numerosos problemas a pacientes de toda Europa. Hasta ahora cinco países de la UE -Francia, Alemania, República Checa, Holanda y Bélgica- han recomendado extraerse los implantes PIP a todas las portadoras de los mismos. Mientras, otros países como España o Reino Unido sólo consideran necesario extraerlas si se han producido fugas, aunque sí aconsejan a todas las portadoras someterse a revisiones exhaustivas.

Cinco países de la UE han recomendado extraerse los implantesLos implantes mamarios de silicona fueron fabricados por la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP), creada en 1991, cuyas ventas tenían lugar prioritariamente en el extranjero, donde exportaba alrededor de 80.00 unidades al año. Dichas prótesis, que estaban fabricadas de un material más barato, tenían un índice de rotura mucho mayor que el de otras prótesis, lo que provocó que su uso se suspendiera en 2010 en España y Francia. Sin embargo la alerta lanzada por las autoridades sanitarias francesas, al detectar casos de cáncer en mujeres que se habían implantado el PIP, terminó por generar gran alarma social.

Una sentencia pionera

Los hechos se remontan al 20 de abril de 2001, cuando la paciente, que entonces tenía 34 años, se sometió a una intervención de cirugía estética en la que le fueron implantadas dos prótesis complementarias de PIP. Seis meses después, y a raíz del mal resultado de la intervención, según indica la propia sentencia, el mismo cirujano volvió a practicar a la paciente un retoque y un aumento de prótesis, también con implante PIP.

En marzo de 2008 la paciente acudió a varios centros médicos por problemas en sus mamas, realizándose diferentes estudios que permitieron averiguar que se había producido una rotura capsular de la prótesis derecha "con colección líquida, probablemente inflamatoria periprotésica", como señala en la sentencia. Dos meses después, la mujer fue intervenida nuevamente por otro cirujano que sustituyó las prótesis PIP por unas de otros laboratorios.

La sentencia "considera razonable" condenar al cirujano plástico y a la clínica donde se realizó el implante con PIP a abonar a la paciente el importe de la intervención a la que se vio obligada a someterse "como consecuencia de la rotura del implante mamario derecho, riesgo del que no consta hubiera sido informada". 

Reacciones positivas ante la sentencia

En declaraciones a Efe, la paciente indemnizada, Mari Mar de 45 años, ha mostrado su "alegría" por la resolución, pero ha mostrado su disconformidad con la indemnización, casi 7.500 euros, que ha considerado "muy baja para todos los gastos y daños morales" que le ha supuesto la rotura de una la prótesis

No todos los cirujanos se querían hacer cargo de arreglar este problema"Que el juez diga que 500 euros cubre los daños morales, me parece patético", señala esta mujer, pero añade que "por lo menos nos han dado la razón porque he pasado un calvario". "La tercera fue una operación urgente y yo no me quería operar por los mismos cirujanos y además no todos los cirujanos se querían hacer cargo de arreglar este problema", comenta Mari Mar.

El abogado de Mari mar, Antonio Navarro, también ha mostrado su satisfacción por la sentencia porque "es la primera en la que dan la razón a una señora por el tema del consentimiento informado". Se trata de una resolución que, en su opinión, "abre un camino para la reclamación" cuando el médico y la clínica que las han utilizado no han dado la suficiente información sobre las prótesis y sus riesgos. 

La asociación de afectadas por las prótesis mamarias PIP también ha valorado la sentencia de forma positiva, ya que "se empieza a hacer justicia". Así lo ha manifestado a Efe, la presidenta de esta asociación, Eva Giménez, quien ha precisado, no obstante, que el sistema falló y ha asegurado que es "responsable desde la persona que fabricó la prótesis hasta la persona que la introdujo en nuestro cuerpo".

Giménez ha pedido no olvidar que "se ha hecho un atentado contra la salud de las afectadas" y ha señalado que el cirujano condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid, el doctor D.T.L,, "no es el único responsable". "Hay muchos más responsables", ha insistido la presidenta de esta asociación, que hasta este momento representa a más de 600 afectadas.

La presidenta de la asociación ha pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a los cirujanos que se hagan cargo de las afectadas, pues "hay casos graves" de mujeres que su situación económica no les permite someterse a otra operación. En este sentido, las afectadas han pedido que se les incluya en un protocolo de vigilancia, "porque el Estado permitió esto y nosotras no tenemos por que pagar una prueba cada año para saber si ese gel industrial que nos han metido en el cuerpo nos afecta a la salud". 

El Gobierno belga extraerá las prótesis mamariasLa petición de Giménez entronca con las actuaciones del Gobierno belga, que anunció la semana pasada que extraerá las prótesis mamarias de la marca PIP a las cerca de setecientas pacientes que se las implantaron en el país, operaciones que en su mayoría correrán a cargo de la arcas públicas.

Un problema de largo recorrido

Según reveló la semana pasada el diario francés Libération, las autoridades francesas conocían desde 1996 los problemas de los implantes mamarios defectuosos PIP, potencialmente dañinos por contener una silicona de uso industrial. El Ministerio de Sanidad recibió ese año alertas sobre anomalías, enviadas mediante correos electrónicos anónimos, que destacaban la existencia de irregularidades en la empresa Poly Implant Prothèses, y que le llevaron a solicitar la apertura de una investigación.

El diario galo señala que esa investigación tenía que ver con "las condiciones de comercialización por parte de la sociedad PIP de prótesis mamarias internas". Los correos anónimos destacaban un encargo de suministro de doce prótesis que contenían un gel de silicona cuyo uso estaba prohibido en Francia salvo permiso especial y con destino a un centro oncológico de Niza. La información del diario precisa que ese centro tenía permiso para utilizarlas únicamente en tres pacientes y no podía adquirir más, lo que movió al Ministerio a abrir la investigación.

El pasado 27 de enero el fabricante de los implantes mamarios defectuosos, Jean-Claude Mas, de 72 años, fue imputado por una juez de Marsella por su presunta responsabilidad en la comercialización de las prótesis. Mas, detenido hace dos semanas en su domicilio de la localidad de Six-Four, fue imputado por heridas involuntarias y quedó con el estatuto de testigo asistido (que deja abierta la puerta a una acusación posterior) por el cargo de homicidios involuntarios. Este último cargo se refiere a una relación causa-efecto entre los implantes PIP y algunos casos de cáncer, vinculación que por ahora no ha podido demostrarse. En Francia se tiene constancia de 20 casos de cáncer en mujeres a las que se puso la silicona PIP, aunque todavía no hay pruebas científicas de que exista una relación.

El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha condenado a un cirujano plástico y a una clínica de estética de Madrid a indemnizar a una mujer que sufrió la rotura de una prótesis mamaria PIP, que le fue implantada sin la suficiente información. La sentencia condena al doctor y la entidad médica a abonar a la paciente la cantidad de 7.455 euros.