Los okupas de Pozuelo se niegan a irse: "En un mes no nos organizamos la vida"

El juicio sobre la okupación de tres chalés unifamiliares en la Colonia de los Ángeles se celebró esta mañana en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, y los cuatro okupas citados reiteraron su voluntad de permanecer en las viviendas de la localidad madrileña ante la jueza, la fiscal y los propietarios —Aliseda, servicio que gestiona los activos del Banco Popular—, después de rechazar el ofrecimiento de que en el plazo de un mes y medio abandonen las casas ubicadas en el municipio con las rentas más altas de toda España.

En la sala comparecieron los agentes de la Policía Nacional y Municipal comisionados en el caso, que explicaron por orden los acontecimientos, y después tomaron la palabra los okupas para reiterar su precaria situación —"no tenemos ingresos ni tampoco trabajo"— e insistir en la necesidad de "tiempo" para organizarse y encontrar otro lugar donde poder vivir. Solo uno de ellos alegó cobrar un subsidio de renta mínima —426 euros al mes—, mientras que el resto aseguró no tener ningún ingreso que les permita vivir. Los acusados apelaron a la estación del año, "es invierno", para insistir en que les permitieran permanecer en los chalés un periodo suficientemente largo como para encontrar una vivienda a la que marcharse, pero cuando el letrado del propietario pidió una fecha concreta —el tiempo máximo que se escuchó en la sala fue un mes y medio—, uno de los okupas alzó la voz para decir: "Yo en un mes y medio no organizo mi vida. No sé usted".

Tras un cruce de declaraciones, la magistrada dio por concluido el juicio y en las próximas fechas dictará sentencia. El Ministerio Fiscal solicitó para los acusados cuatro meses de multa fijada en cuatro euros diarios así como el desalojo inmediato del inmueble, pudiéndose tomar este como medida cautelar hasta que haya una sentencia firme —ya que cabe la posibilidad de recurrir—. La acusación insistió en que parece "plenamente acreditado" que ninguna de las personas "ostenta título que los legitime o autorice a ocupar una vivienda ajena", entendiendo que no es exigible "una actuación de fuerza o de resistencia" para que se produzca un delito de usurpación, tal y como lo establece el Código Penal.

El abogado del propietario del inmueble, que denunció la ocupación hace dos semanas, suscribió el argumento de la fiscal e insistió en el requerimiento del Ayuntamiento de Pozuelo, que dirige la popular Susana Pérez Quislant, de garantizar la seguridad pública vecinal de la zona y del propio inmueble —abandonado desde hace ocho años—, al haber percibido algún desprendimiento de la chimenea de la vivienda. El posible deterioro del inmueble es a ojos del propietario otro elemento a tener en cuenta, según establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en su artículo 168, relativo al deber de conservación y rehabilitación.

A partir de ahora, las partes estarán pendientes de la sentencia que dicte la magistrada. El propietario —Banco Popular— espera que se puedan tomar medidas cautelares una vez se conozca el fallo hasta que la sentencia sea firme. En realidad, si el fallo recoge el desalojo de los okupas, como fuentes jurídicas explican a este diario que será lo más probable, el propietario podría proceder al cerramiento total de la vivienda en el transcurso de la medida cautelar para impedir nuevas okupaciones.

La carta de presentación

Los agentes de la Policía ratificaron en el juicio celebrado este jueves la actuación pacífica de los okupas, al asegurar que ningún vecino presentó quejas por algún tipo de conducta alarmante. Los propios inquilinos provisionales hicieron gala de su comportamiento e incluso afirmaron haber limpiado y saneado el inmueble. En realidad, la denuncia del propietario y las quejas vecinales se ciñen al acto de la okupación.

Fueron los propios okupas los que hace una semana y media decidieron colgar una carta de presentación en las puertas de los chalés para presentarse "con cortesía y amabilidad" al vecindario y solicitar una "buena convivencia" entre todos, dejando atónitos a vecinos y consistorio. En la misiva, los okupas aseguran ser conscientes de que existen "herramientas jurídicas para salvaguardar su seguridad" pero, afirman, "también queremos que sean conscientes de que no somos yonkis, ni delincuentes ni tenemos coches de lujo aparcados en la puerta del que hoy es nuestro domicilio". Además, afirmaban sentirse "tristes y disgustados" al saberse "prejuzgados" por culpa de malas experiencias que hayan podido tener los propietarios de la zona previas a esta okupación.

"No queremos asustarlos, ni que nos vean como monstruos desalmados que se drogan y se dedican a la mala vida", dicen para afirmar que su intención no es otra que la de "aportar el grano de arena necesario para la buena convivencia". La intención de 'colaborar' es tal que la carta afirma la posibilidad de, "dependiendo de la decisión que tome la autoridad judicial" —es decir, si consiguen permanecer en el inmueble—, "sanear el lugar". Y para ello, los okupas proponían "pedir al 010 de este nuestro ayuntamiento los cubos de basura pertinentes para colaborar con el buen aspecto de la calle".