El Constitucional avala que se pueda llamar "corrupto" a un político en un Parlamento

El Tribunal Constitucional ha obligado a la Asamblea de Madrid a pagar, tres años después, el mes de sueldo que le quitó por sanción a la exdiputada socialista Maru Menéndez, que fue multada por llamar "corrupto" en sede parlamentaria al expresidente del Gobierno regional Ignacio González. La Sala Primera del Tribunal Constitucional estima así,por unanimidad,el recurso de amparo presentado por la exdiputada,que fue expulsada de la Cámara y suspendida de sus funciones durante un mes después de que el 9 de mayo de 2013 tuvieraun encontronazo verbal con González, al que relacionó con la trama Gürtel.

Los hechos ocurrieron durante la celebración de un pleno, en el turno de preguntas de contestación oraldirigidas al presidente autonómico. Durante el debate que surgió, el entonces presidente de la Asamblea, JoséIgnacio Echeverría (que ha tenido que dimitir esta legislatura como diputado tras dar positivo por alcoholemia en un accidente de tráfico), tuvo quellamar en tres ocasiones la atención a la diputada, que había acusado a González de ser un "corrupto".Tras la tercera llamada al orden, el presidente de la Cámara leretiró definitivamente la palabra. Ahí se zanjó el tema. De hecho, "cuando ya se debatían otros asuntos incluidos en el orden del día del pleno y se había restablecido la normalidad", Echevarría decidió expulsar a Menéndez y anunciarlela imposición de la sanción prevista en el artículo 33 del reglamento internopara cualquier diputado que "atentare de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando desorden con su conducta de obra o de palabra".

En una sentencia hecha pública este martes, el Constitucionalanula ahora el acuerdo por el que se le impuso la sanción, porque considera que estavulneró el principio de legalidad de la Constitución, al haber sido impuesta en unas circunstancias que el citado artículo 33no prevé y por resultardesproporcionada.

Según la sentencia, esa vulneración de la legalidad se produjo "una vez que la alteración del orden había cesado".La medida sancionadora,explica la sala,careció de la continuidad temporal que exige el artículo 33, "en el que se requiere que la sanción se aplique a hechos recién acaecidos".

La distancia temporal entre la acción y la imposición de la sanción pone de manifiesto, según afirma la sentencia, que "tampoco concurre la conducta típica prevista en el artículo 33, cual es la de la existencia de un atentado grave que cause desorden". Además, el "atentado grave"al que se refiere el citado artículo "ha de ser de otra naturaleza, refiriéndose a situaciones en las que se produzcan manifestaciones en el recinto parlamentario, agresiones, etc.". En consecuencia, la sanción impuesta en este caso concreto fue "desproporcionada"y "comportó un trato desigual"a la demandante respecto de otros diputados de la misma Asamblea ya que, como ella documentó ante el Constitucional,en circunstancias similares ningún parlamentariofue suspendido de su cargo durante un mes.