Un juez investiga por estafa a la cooperativa de Arganda promovida por el PSOE

El juzgado de instrucción número 52 de Madrid investiga por estafa, apropiación indebida y falsedad documental a la cooperativa Progreso Arganda, promovida por el PSOE de Arganda del Rey y que ha dejado sin pisos y sin ahorros a 47 vecinos, muchos de ellos militantes y simpatizantes socialistas. Los cooperativistas aseguran que tanto el partido a nivel nacional como la federación madrileña les han dejado tirados tras muchas promesas incumplidas. La cooperativa entró en concurso de acreedores en febrero de 2014 y debe 14,9 millones de euros, por lo que los afectados ven difícil recuperar los ahorros que depositaron, que suman 1,6 millones.

La querella criminal la interpuso el 27 de julio de este año uno de los cooperativistas afectados: Juan Ángel Díaz Prudencio, que se apuntó como socio a mediados del año 2007. Durante años pagó sus cuotas religiosamente y el 2 de noviembre de 2011 desembolsó por transferencia bancaria 5.730 euros en concepto de IVA porque la cooperativa le pidió el impuesto para poder escriturar la vivienda que le había tocado. No volvió a tener noticias, solo excusas de demora en los plazos, hasta que en febrero de 2014 se enteró de que la cooperativa había quebrado y estaba en concurso de acreedores.

Un afectado reclama en los tribunales los 5.730 euros que pagó de IVA, dinero que ha desaparecido y que al parecer no fue entregado a Hacienda

"Entonces exigió la devolución del IVA. Nadie sabe donde está el dinero. El IVA no fue ingresado en Hacienda. La cooperativa escurre el bulto y se remite al administrador concursal. Esto es una estafa en toda regla. Tanto que el juez también ha apreciado, de oficio, el delito de falsedad documental, ya que nosotros solo denunciamos por estafa y apropiación indebida", explica la abogada de Díaz Prudencio, que al margen de los 5.730 euros de IVA, la cooperativa le debe también 35.813 euros por las aportaciones que hizo cada mes todos los años que fue socio.

Los querellados han sido la cooperativa, dirigida por un consejo rector, y la empresa que se contrató para llevar la gestión de la misma: Alcalá Consultores, propiedad de Miguel Ángel Pascual Molinillo, ex alto cargo de Gobiernos socialistas con Joaquín Leguina y exgerente de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda. El municipio sigue hoy gobernado por el PSOE. Uno de ediles del municipio, Francisco Javier Rodriguez Gallego, responsable de Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud, es uno de los cooperativistas afectados.

Se sienten abandonados

Los cooperativistas se sienten abandonados. En un principio, el Partido Socialista de Madrid (ahora es PSOE-M) les remitió al jefe de sus servicios jurídicos para que les ayudara. Pero todo cambió cuando el exlíder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, fue apartado por la dirección nacional y se montó una gestora en Madrid. "La gestora se comprometió en marzo de 2015 a realizar una auditoría de la cooperativa, de cuyo resultado a fecha de hoy no tenemos constancia. Lo que sí nos consta es que las instrucciones que recibían los interlocutores políticos que puso el partido para buscar una solución era la de entretenernos, primero de cara a las elecciones municipales y autonómicas, y después a las generales para posteriormente poder cerrar el concurso de acreedores sin causarles molestias incómodas", señala Juan Piña, portavoz de los afectados.

Los cooperativistas recurrieron entonces a la dirección nacional. "Entendemos que los gastos referidos a la defensa fueron asumidos por el PSM, y que estaba absolutamente al corriente de este tema. Lógicamente, de ser así, consideramos que ya no procede ninguna otra acción por parte del Partido, pues en su día fuiste atendidos directamente por el PSM", les escribió en septiembre de este año la Secretaría de Organización del PSOE. "La gestora madrileña me pidió al principio que fuera su interlocutor, pero ahora lo lleva directamente el PSOE de Arganda", explica a El Confidencial el diputado autonómico Modesto Nolla.

El PSOE aclara que como partido político ni tiene ni gestiona cooperativas de viviendas, y que solo prestó su apoyo para la creación de la misma. Guillermo Hita, actual alcalde de Arganda, asegura que mantiene contacto periódico con los afectados. "Me reuní con ellos hace 15 días. Pero no hay grandes novedades. Estoy intentando actuar de mediador entre la Sareb y el administrador concursal para que haya una quita en la deuda de las viviendas y los cooperativistas las puedan comprar a precios asequibles. Pero es cierto que entre los afectados hay distintas problemáticas y hay familias que ahora no quieren el piso, solo recuperar el dinero que aportaron". La Sareb (el banco malo) tiene ahora los préstamos que Caja Madrid concedió para construir estas viviendas.

Ejecutar los avales

Ante la pasividad del partido, los afectados avisan de que esta es la primera de muchas querellas. Aunque de momento, el resto de cooperativistas no pueden emprender acciones penales porque estas paralizarían las acciones civiles que se quieren ejecutar. "Díaz Prudencio sí ha podido meter una querella porque solo reclama el IVA, no las aportaciones que hizo", explica su abogada. El objetivo de los afectados es recuperar el dinero que adelantaron, entre 30.000 y 50.000 euros por persona, y la única manera es ejecutar el aval bancario. En junio de 2007 el consejo rector de la cooperativa aprobó solicitar avales bancarios por valor de 3,5 millones de euros: "Lo malo es que muchos cooperativistas no tienen ese aval, incumpliendo la ley, y los que sí lo tienen deben intentar ejecutarlo antes del 1 de enero de 2016", explica la defensa de los cooperativistas.

¿Por qué? El 1 de enero entra en vigor la nueva Ley de Avales, que dictamina que a partir de 2016 solo se podrá recuperar el dinero que esté avalado después de la licencia de obra. En el caso de Progreso Arganda, la licencia se concedió en octubre de 2009. La cooperativa fue fundada en 2007 y desde ese año empezó a captar socios y aportaciones, por lo que todo lo que adelantaron los socios antes de octubre de 2009 se perdería. "Por eso es importante ejecutar los avales antes de que acabe el año".

Los cooperativistas creen que la historia de la cooperativa está plagada de irregularidades. La primera, que el suelo se comprara el la famosa parcela UE124, una operación urbanística que investiga la Audiencia Nacional dentro de la trama ‘Gürtel’. La segunda, que el dueño de los terrenos, Martinsa, no vendiera el suelo directamente a la cooperativa sino a la gestora, Alcalá Consultores, y que esta lo vendiera luego a la cooperativa. Progreso Arganda compró la parcela P20 (2.466 metros cuadrados) el 27 de junio de 2007 en proindiviso con una sociedad llamada CyC Desarrollo Inmobiliario. La cooperativa compró 1.563 metros cuadrados por 6.699.000 euros (es decir, el metro cuadrado le salió a 4.285 euros), mientras que por los 903 metros restantes CyC pagó 1.481.000 euros (es decir, a 1.640 euros el metro).

Los cooperativistas pagaron cuatro veces más por el mismo suelo que CyC. "Sospechamos que nosotros financiamos la compra de CyC. Además, la cooperativa hizo las obras de cimentación y las plazas de garaje de la empresa CyC sin concertar ningún tipo de seguro o aval que cubriera los posibles impagos de esta empresa, como así ocurrió", señala Piña. La cooperativa pagó 1.031.000 euros por estas obras, según la documentación en poder de El Confidencial.

Los cooperativistas aseguran que pagaron por el suelo cuatro veces más que la empresa que compró la parcela justo de al lado

El Consejo Rector de la cooperativa también modificó el proyecto inicial, "pasando de 125 a 109 viviendas cuando éramos 117 cooperativistas, eliminándo las viviendas de un dormitorio, algo que no se votó en Asamblea y provocó que muchos de los socios se dieran de baja". Al final se construyeron 109 pisos, 70 de dos dormitores y 39 de tres. También 109 plazas de garaje y 109 trasteros asociados a cada piso, 50 plazas de garaje independientes y un local comercial. De los 109 pisos, solo 51 están hoy ocupados.

Haya Real Estate, plataforma inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, gestiona actualmente los créditos hipotecarios que sirvieron para construir las 109 viviendas después de firmar un contrato con la Sareb. José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, es consejero no ejecutivo de Haya y asesora a Cerberus en sus negocios inmobiliarios en España.