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Luz verde a la Ciudad de la Justicia: Madrid pide 771 millones para el ‘megaproyecto’
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 AÑOS

Luz verde a la Ciudad de la Justicia: Madrid pide 771 millones para el ‘megaproyecto’

El BOCM recoge las condiciones económicas que el Ejecutivo pide a las concesionarias que quieran pujar para levantar las futuras sedes judiciales en Valdebebas.

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El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este lunes recoge las condiciones económicas que el Ejecutivo de Ignacio González ha puesto para las empresas que quieran construir las nuevas instalaciones judiciales que se levantarán en Valdebebas. Dos meses antes de las elecciones autonómicas, la Comunidad de Madrid pide un contrato de 771,7 millones de euros para un ‘megaproyecto’ que no verá la luz hasta el año 2019. El presupuesto base de licitación de las obras que se levantarán en el norte de Madrid superarán los 1.700 millones de euros, según las estimaciones recogidas en el documento público. Las empresas que estén interesadas en 'pujar' por el proyecto tienen de límite hasta el 1 de abril para presentar sus ofertas en la Consejería de Presidencia que dirige Salvador Victoria.

El coste total estimado del proyecto se divide en dos partes. La Comunidad de Madrid ya ha invertido 288 millones sobre el terreno: el suelo, los túneles que ya están hechos y el Instituto de Medicina Legal que ya está construido. Por tanto, las compañías adjudicatarias sólo tendrán que aportar los 483 millones de euros que restan hasta los 771 millones. La construcción de este proyecto comenzará, previsiblemente, en julio del año que viene, y se pondrá a funcionar cuatro años más tarde, en el verano de 2019.

La Comunidad de Madrid realizará una concesión administrativa a la empresa que resulte adjudicataria por 30 años y pagará un canon de alrededor de 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid. La concesión empezará a contabilizar desde el día que se adjudiquen las obras, que será a partir de julio, y no desde su entrega, prevista para cuatro años después, como se hace habitualmente, por lo que la Comunidad tendrá cuatro años de carencia y el pago del canon será lineal durante 26 años.

La empresa concesionaria se encargará también de la redacción del proyecto de ejecución, de la construcción, conservación y de la explotación de las zonas comerciales que están proyectadas dentro del recinto. Además, deberán abonar el 5% del valor estimado del contrato, casi 40 millones de euros. Las ofertas económicas se presentarán en tres sobres distintos. En el primero se incluirá la "documentación administrativa", en el segundo la "propuesta técnica" y en el tercero la "documentación económica y la reducción del plazo de ejecución de la obra". Todos los proyectos se presentarán en el registro de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la madrileña calle de Carretas.

Una vieja idea de Esperanza Aguirre

La construcción de la Ciudad de la Justicia es un macroproyecto que ideó Esperanza Aguirre cuando era presidenta para reunificar en 15 edificios judiciales a todos los tribunales de Madrid en Valdebebas, cerca del aeropuerto de Barajas. La primera piedra se colocó en 2007 y su apertura se proyectó para finales de 2012, pero la crisis estalló y el presupuesto se secó. De momento, sólo hay construido un edificio, que costó 20 millones y está sin uso.

Para Ramón Marcos, el candidato de UPyD a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, "estamos ante un proyecto de dimensiones mastodónticas, que hipoteca a los madrileños durante 30 años; caracterizado, sin embargo, por el apresuramiento y el secretismo. El Anteproyecto ya confirmaba nuestras sospechas, y presentamos alegaciones en las que evidenciábamos importantes fallos de concepción, que harían que la Ciudad de la Justicia pudiera estar obsoleta ya en la fecha de su apertura; no queda claro que esta enorme inversión vaya a solucionar los problemas de falta de medios materiales que sufren los juzgados de la capital y de los demás municipios de la región”.

El portavoz adjunto de la formación magenta en la Asamblea de Madrid cuestiona que el Gobierno de la Comunidad de Madrid esté legitimado para "hipotecar" a los madrileños, a tres meses del final de la Legislatura, a una inversión de más de 1.700 millones de euros a 30 años. "Creemos que el Partido Popular debe dejar que sea el nuevo Gobierno salido de las urnas el 25 de mayo el que dé una solución, sin hipotecas heredadas, a los problemas de la Administración de Justicia, solución que el PP no ha sido capaz de dar en diez años. Queremos acabar con la dispersión de sedes judiciales, pero no a cualquier precio; porque ya hemos podido comprobar que, con cada nuevo megaproyecto, la nefasta gestión del Partido Popular le sale muy cara a los madrileños”, concluyó.

Nuevos puestos de trabajo

Con una extensión de 200.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia se ubicará en el Parque de Valdebebas, albergando en ella los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid y a los 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, a más de 5.000 personas del servicio de la Administración de Justicia, más 42.000 abogados y 1.719 procuradores, además de a los ciudadanos. Las obras de la Ciudad de la Justicia supondrán, según cálculos de la Comunidad de Madrid, la creación de 2.200 puestos de trabajo y una mejora mínima de una décima en el PIB madrileño.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este lunes recoge las condiciones económicas que el Ejecutivo de Ignacio González ha puesto para las empresas que quieran construir las nuevas instalaciones judiciales que se levantarán en Valdebebas. Dos meses antes de las elecciones autonómicas, la Comunidad de Madrid pide un contrato de 771,7 millones de euros para un ‘megaproyecto’ que no verá la luz hasta el año 2019. El presupuesto base de licitación de las obras que se levantarán en el norte de Madrid superarán los 1.700 millones de euros, según las estimaciones recogidas en el documento público. Las empresas que estén interesadas en 'pujar' por el proyecto tienen de límite hasta el 1 de abril para presentar sus ofertas en la Consejería de Presidencia que dirige Salvador Victoria.

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