El centro de menores del que todos se quieren fugar

Se atribuye al Lute la frase de que la obligación de todo preso consiste en fugarse. Como si de una cárcel se tratara, ese mismo objetivo parece interiorizado en los chicos que pasan por el centro de Menores Hogar San José, que protagonizan constantes intentos de huida de una institución que tiene que afrontar graves acusaciones de malos tratos e incluso de acoso sexual. Las últimas escapadas son recientes. Hace dos semanas, una chica de 15 años desaparecía junto a un menor de otro centro gallego. Fueron encontrados en un monte de las afueras de Vigo, pero a los pocos días ella se volvió a fugar. Es la constante en la mayoría de los hogares de acogida de Galicia, pero sobre todo en el más polémico de todos ellos

El Hogar San José, gestionado por una fundación reconocida por la Xunta como de interés gallego, hace frente desde hace un año a las acusaciones de malos tratos físicos y psicológicos. Así ocurre desde que se conocieran las denuncias de seis menores formuladas en una sesión de terapia con un psicólogo. Sus afirmaciones, que quedaron grabadas, hablan de golpes, insultos, encierros y vejaciones ante sus compañeros. Son imputaciones que hasta la fecha no se han podido demostrar, y que la fundación tacha de “mera patraña” ideada por el propio psicólogo. Un informe encargado por la Xunta al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) concluyó que no existían pruebas de malos tratos. Tampoco la Fiscalía de Menores ha hallado irregularidades, según reveló recientemente la Xunta en el Parlamento, al que el grupo de En Marea trasladó el caso. Pero las fugas son constantes.

El Hogar San José de Vigo no es el único bajo sospecha. En Pontevedra se han registrado fugas de hasta cinco menores

Son 75 los centros de protección de menores que existen en Galicia, con un total de 887 plazas de internado y 371 de atención de día, que atienden una media de 1.000 jóvenes al año. En 2015, 703 de ellos estuvieron en acogimiento residencial y otros 317 recibieron atención de día, según datos facilitados por la Xunta. Esos centros forman parte del sistema gallego de protección de menores, con equipos técnicos que operan en cada una de las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social y que están integrados por psicólogos, pedagogos, trabajadores o educadores sociales. Esos profesionales son los encargados de valorar si un niño se encuentra en situación de riesgo o desamparo y de determinar si debe pasar a situación de tutela o guarda por la Xunta.

El Hogar San José de Vigo no es el único bajo sospecha. En Pontevedra se han registrado fugas de hasta cinco menores. Fue en 2014 en el Príncipe Felipe, gestionado por la Xunta. Uno de ellos, que entonces contaba con 15 años, apareció dos días después “totalmente drogado”, según su madre, que denunció que el centro tardó 18 horas en comunicarle la fuga. En ese caso, se trataba de un menor ingresado por suponer una amenaza para la integridad física de la madre y de su hermano, un año menor.

La directora de la Fundación Casa Caridad: “No tenemos constancia de fugas, pero está claro que aquí no hay barrotes”

En Vigo, la polémica persigue a la Fundación Casa Caridad, cuyo patronato asignó la gestión del centro a una institución religiosa, las Hijas de la Caridad, a través de un convenio. Como centro colaborador de la Consellería de Política Social, ofrece 20 plazas de internado y diez de atención de día integral para niños de entre 3 y 18 años de edad, por las que reciben cantidades superiores a los 1.500 euros mensuales por niño. Se trata de niños en situación de riesgo y desamparo derivados desde la Xunta. La directora del centro, la monja María Ángeles Oviedo, rechaza realizar cualquier comentario sobre el presunto conflicto con los menores. “No tenemos constancia de fugas, pero está claro que aquí no hay barrotes”, asegura en cambio un representante de la fundación.

El patronato de la institución circunscribe el escándalo a las denuncias del psicólogo y lo relaciona con un caso concreto, el de Pablo Enrique G.G., un padre que en noviembre de 2014 empezó una batalla para recuperar a sus cinco hijos, un año después de que le retirasen la custodia por el ingreso en prisión de la madre. Según fuentes de la fundación, entre ambos han “creado” un problema “ficticio”.

Las acusaciones son de grueso calibre. “Ha habido abusos físicos e incluso de tipo sexual”, sostiene el psicólogo que destapó la caja de los truenos, Gonzalo Meirelles, que acusa a la Fiscalía de Menores de cerrar en falso la investigación, aunque reconoce que la situación ha mejorado “ligeramente” a raíz de sus denuncias. “Los niños relatan que los atan con cuerdas, que las monjas que los arrastran de los pelos por los pasillos, hablan incluso de abusos sexuales”, abunda. Se muestra especialmente escandalizado por el uso del denominado 'cuarto del saco', un sótano sin luz en el que se instaló un saco de boxeo sobre el los niños descargan su ira a instancias de las monjas.

El grupo parlamentario de En Marea ha solicitado conocer personalmente las instalaciones, “dada la gravedad de los hechos denunciados”. Su diputada Eva Sola destacó en la Cámara que no es la primera vez que existen ese tipo de acusaciones contra ese y otros centros de menores, una situación provocada por el “abandono de los escasos centros públicos” existentes y de su privatización, así como por “las trabas que se imponen a las familias”. Según Solla, la Xunta niega el derecho de los menores a vivir en el seno de una familia en lugar de una institución.

En respuesta a esas iniciativas parlamentarias, la directora general de Familia e Infancia de la Xunta, Amparo González, reveló que la fiscalía había archivado el caso. González aseguró que la consellería actuó “desde el minuto uno” y con “absoluta profesionalidad y diligencia”. “No consta” que, como consecuencia de las diligencias de investigación, “se solicitara por parte de la Fiscalía ninguna medida cautelar”, señaló la responsable de Familia, lo que le llevó “a intuir” que no se detectaron “irregularidades de entidad suficiente para solicitar la adopción de medidas cautelares”.