Los contratos a sus propias empresas acorralan al presidente de la patronal gallega

No es la patronal gallega una institución acostumbrada a los cambios, con solo dos presidentes en los últimos 24 años. Pero el actual mandato de José Manuel Fernández Alvariño está llamado a romper la tradición. Solo dos años después de tomar el mando de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el abogado y empresario vigués prepara las maletas, acorralado por su directiva, los vicepresidentes provinciales y la mayoría de las organizaciones sectoriales que forman parte de la institución, que le reprochan principalmente las reiteradas contrataciones de la CEG a sociedades del grupo empresarial familiar.

Siempre operó en la confederación gallega undifícil equilibrioentre los empresarios delnorte y del sur de Galicia, que trasladan a la CEG la vieja rivalidad entre las ciudades de A Coruña y Vigo. Pero en la actual crisis de la entidad, que ha desembocado esta semana en ladimisión en bloquede lacomisión de economía, entre otras situaciones rocambolescas, han influido de forma determinante los contratos firmados desde la CEG con empresas de Alvariño y familia o con sus principales clientes. Esa es la razón por la que el presidente, cada vez más aislado,no ha podido aprobartodavía lascuentas de 2014 ni el presupuesto de 2015.

Alvariño ha tratado de calmar la situación con la puesta en marcha de unproceso electoral, pero sus opositores creen que se trata de una maniobra dilatoria y quieren que abandone ya. En vista de su desesperada situación, el presidente de la CEG anuló el martes por la mañana la junta directiva que debía celebrarse esa misma tarde, lo que no evitó que sus opositores celebraran igualmente la reunión y convocasen unaasamblea general el 27 de noviembrepara apartar a Alvariño de su cargo.

Otra de las decisiones de esa reunión de los críticos -a la que el presidente de la CEG niega validez jurídica- apunta al nudo gordiano del conflicto:las autocontrataciones.Los directivos aprobaron laanulación de todas las externalizacionesde servicios aprobadas durante el actual mandato. Entre ellas está la adjudicación delcoche oficialy elchóferque utiliza Alvariño como presidente, contratados con la sociedad limitada de su propiedad Auto Rent y que intentó, sin éxito, elevar de2.000 a 11.000 eurosmensuales.

Alvariño también contrató por5.000 euros anualeselseguro de la sede centralde la CEG con otra compañía de su grupo,RiescontrolCorreduría de Seguros, de la que controla el 100% a través deAlvariño Inversiones. Sus hijos Israel y David Fernández Alvariño figuran como apoderados de la aseguradora. Sus opositores, que le acusan de someter la CEG a sus intereses personales y a los de laXunta, también cuestionan una partida por70.000 eurosde gastos judiciales extraordinarioscon el despacho de Garrigues de Vigo, con el que trabajan habitualmente las empresas del presidente de la patronal gallega.

Los contratos de Alvariño con sus propias compañías arrancan de su larga etapa como presidente de laConfederación de Empresarios de Pontevedra(CEP). Como se ha sabido recientemente, en 2009 contrató por89.000 eurosa una empresa de su familia la elaboración de unestudio sobre energía fotovoltaicaque se realizó en apenas 17 días. El contrato se firmó a través de Valderas Solar Dos, una sociedad creada en Valladolid dos años antes con un capital social de 3.006 euros y sin empleados, y que tenía como único accionista a Sol Solis, propiedad a su vez de Alvariño Inversiones. El estudio permaneceen un cajón de la CEPsin que hasta la fecha se le haya dado uso.

En 2009 contrató por 89.000 euros a una empresa de su familia la elaboración de un estudio sobre energía fotovoltaica que se realizó en apenas 17 días

Desde el entorno del aún presidente, asumen el“grave error”de contratar elseguro de la sedede la confederación a una empresa familiar, una circunstancia que atribuyen a la “inexistencia de un código ético”. Pero Alvariño defiende esa y las demás contrataciones a empresas de su grupo porque fueron realizadas “contotal transparenciay con todos los informes en regla”. En cualquier caso, el propio Alvariño sostiene que la oposición a su gestión no se debe en realidad a las autocontrataciones, sino a unintento de reponeral anterior presidente de la CEG, el coruñésAntonio Fontenla, ante las irregularidades supuestamente cometidas durante su mandato y detectadas en un informe interno.

El actual presidenteacusa a sus antecesores de declarar un superávitde 500.000 euroscuando en realidad la institución tenía un déficitpróximo al millón de euros. “Desde el momento en que se detectó esa circunstancia, comenzó el obstruccionismo de Fontenla y los suyos”, lamenta Alvariño. El titular de la CEG asegura que su decisión de convocar un proceso electoral es firme, pero acusa a sus rivales de no querer elecciones. “Lo que quieren es midimisiónpara controlar la confederación sin ganar unas elecciones”, acusa.

Lo cierto es que la situación ha provocado esta semana las dimisiones del contador de la CEG, una figura equiparable al tesorero, y de la comisión de economía en pleno, encabezadapor el presidente de los empresarios de Ourense, José Manuel Pérez Canal. “Yo no sabía quién estaba detrás de las empresas de esas contrataciones; había una sociedad interpuesta, que era la que facturaba y después subcontrataba”, se justifica Pérez Canal, hasta hace muy poco partidario de Alvariño, y que ahora denuncia la situación “crítica” en la que está sumida la organización. Si este martes el presidente anuló por sorpresa una reunión de la directiva que estaba prevista desde hacía semanas, y que se celebró finalmente sin su presencia, el panorama ahora está marcado por la convocatoria de sendas asambleas generales para los días 24 y 27 de noviembre: la primera a instancias de Alvariño y la segunda, de sus detractores. Ambas con el objetivo de renovar la presidencia, pero por procesos distintos.

Para acabar de complicar la situación, el delicado equilibrio de los apoyos territoriales está pendiente de una decisión judicial inminente: la sentencia sobre el supuesto pucherazo en la elección del presidente de la decisiva patronal de Pontevedra del pasado 26 de febrero, después del juicio celebrado el pasado julio en Vigo. Los partidarios de su contrincante acusan al ganador,Jorge Cebreiros, de manipular delegaciones de votos, y a Alvariño de ejercer presión sobre los asociados para favorecer la candidatura que resultó vencedora. Cebreiroses uno de los pocos partidarios de peso que le restan a un Alvariño cada vez más aislado, pero que se resiste a tirar la toalla.