La Junta no pagará la defensa de los altos cargos si son declarados culpables en los ERE

“La Junta andaluza pagará la defensa de los altos cargos imputados en los ERE falsos”, difundieron a primera hora de la tarde de ayer las agencias de información y amplificaron todos los medios online y las redes sociales. “Han titulado mal las agencias de información”. Así se justificó el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en declaraciones a este diario. “No es una decisión política, sino administrativa”, explicó.

¿Pagará la Junta de Andalucía la defensa de Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia y fontanero de José Antonio Griñán y Susana Díaz en el Palacio de San Telmo? ¿También a Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda durante diez años (1994-2004)? En primer lugar, el imputado lo tendrá que solicitar. Y lo conseguirá si logra un informe jurídico favorable. La medida afectará a los que tengan un cargo en activo; por lo tanto, la exconsejera y exministra Álvarez no estaría incluida en este lote. La Administración autonómica está personada en la causa y no podría ser al mismo tiempo acusación particular y defensa.

El Ejecutivo andaluz también argumenta que está obligado, según la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, a pagar esta defensa de los imputados, pero que en ningún paso se adelantará los honorarios del abogado, esto es, no habrá pago por anticipado. Además, la Junta no pagará la defensa de los altos cargos si al final son declarados culpables.

Existe ya un precedente. La Administración autonómica se comprometió a sufragar la defensa de Daniel Rivera, entonces director general de Trabajo en la Consejería de Empleo y que copió el fraude de los ERE. El portavoz del Gobierno andaluz asegura desconocer cuánto dinero estaba previsto destinar al pago del abogado de Rivera, quien carece ya de asistencia letrada pagada por la Junta. Lo que sí asegura es que, por ahora, no se ha desembolsado ni un euro y subraya que, si es condenado, no le abonarán nada.

La defensa de este ex alto cargo de Empleo estuvo representada por el despacho de abogados del penalista malagueño Pedro Apalategui. Fuentes de este bufete destacaron a El Confidencial que renunciaron a defender a Rivera por divergencias en la estrategia de defensa. “La defensa de imputados de altos cargos ocurre no sólo en la Junta, sino en otras Administraciones y otros partidos. Es lógico que se cuestione ahora, pero se lleva haciendo mucho tiempo”, añadieron estas mismas fuentes. Existe una norma similar a escala estatal que ofrece asistencia jurídica los empleados públicos de la Administración General del Estado. Se trata del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 14.1. 

¿Y por qué la Junta de Andalucía no defendió a Guerrero, también ex alto cargo de la Junta, imputado, detenido y que luego entró en prisión? No estaba en activo (ya no era director general de Empleo) y, aunque era funcionario del antiguo INEM, estaba apartado de sus funciones. Pidió incorporarse a su puesto, pero no lo consiguió, a pesar de la reclamación judicial que articuló su abogado, Fernando de Pablo.

El Gobierno andaluz también se excusa en el posible pago a imputados en el Decreto 450/2000 que asiste y protege jurídicamente al personal de la Junta de Andalucía en su conjunto, “sin distinción alguna por cargo o función. Sólo tiene en cuenta que el proceso judicial afecte al desarrollo de sus funciones contempladas en el marco de la ley”, según un comunicado de prensa de la Junta.