Narcos vips y guardias civiles: la coca pasaba por salas 'premium' y viajaba en coche oficial

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil detectó en noviembre de 2014 movimientos extraños de algunos agentes que trabajaban en la sección fiscal del Aeropuerto de Barajas. Pidió intervenir los teléfonos de dos de ellos mediante orden judicial y descubrió el pastel. El cabo primero Salvador M. E., que acababa de llegar al departamento, y el sargento primero Julio R. P., que llevaba ya dos años en la Terminal 4, estaban en contacto con un ciudadano de origen dominicano pero legalmente establecido en España (Hildemar M. F.) y con un colombiano (Edgar A. C. G.) que se encontraba en libertad condicional desde hacía un año y que había sido condenado a diez años de prisión por narcotráfico.

Los cuatro conformaban, según reflejaron los investigadores de Asuntos Internos en sus informes, un grupo organizado que pretendía introducir en España cocaína procedente de Sudamérica a través del Aeropuerto Adolfo Suárez. Los contactos entre el cuarteto se intensificaron a partir de marzo de 2015. Se multiplicaron las llamadas telefónicas entre ellos y las reuniones que el grupo concertaba en diferentes establecimientos de Madrid. Estaban preparando algo y así lo reflejaron los agentes en sus informes, dirigidos por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Los agentes descubrieron que cada uno de los cuatro tenía una función diferente. Edgar -según detectaron los agentes- tenía los contactos con Sudaméria e informaba a Hildemar de los nombres de personas que estaban dispuestas a hacer de mulas, entrar en España con cocaína en el interior de su organismo o en su equipaje. El dominicano luego facilitaba estas identidades a Salvador y a Julio, que se encargaban de consultar las bases de datos de la Guardia Civil para ver si esos aspirantes a mula tenían o no antecedentes penales. Si no los tenían, eran idóneos para hacer el 'trabajo'. Si, por el contrario, contaban con delitos en sus mochilas, los miembros de la organización les descartaban.

Pero la labor de Salvador y Julio no terminaba en la consulta de las bases de datos, ya que ellos eran los encargados de facilitar también la entrada de las mulas una vez que pisaban suelo español. Así lo entiende también la Fiscalía, que pide para ambos diez años de prisión, los mismos que para Hildemar y uno menos que para Edgar, para quien el Ministerio Público solicita la mayor pena debido a que reclama la agravante de reincidencia, ya que el procesado se encontraba aún pagando por un delito de narcotráfico anterior.

Según relata precisamente la Fiscalía en su escrito de acusación, el cuarteto hizo varios intentos de introducir cargamentos de coca a través de la Terminal 4 entre marzo y julio del año pasado, pero ninguno de ellos salió adelante, debido sobre todo a problemas en origen y, en algún caso, a que los agentes detectaban antecedentes en los muleros y abortaban la operación. Fue el 10 de julio cuando por fin ejecutaron su plan. Jairo A. T. R. fue el elegido por la trama para cruzar la frontera. Era colombiano pero tenía residencia legal en España, no contaba con antecedentes, como habían comprobado Salvador y Julio, y cumplía por lo tanto con todos los requisitos exigidos.

Cuando los cuatro creían que habían conseguido burlar a las autoridades, los agentes de Asuntos Internos dieron el alto al vehículo en el que viajaban

Aterrizó en Barajas procedente de Bogotá y, sin dudarlo, Julio fue a buscarlo al pie del avión con su Nissan Pathfinder, vehículo oficial de la Guardia Civil. Le recogió, le subió en el asiento de copiloto y lo llevó a la zona vip del Aeropuerto Adolfo Suárez, también conocida sala de autoridades. El agente del instituto armado le dijo a los policías nacionales que comprobaban las identidades que su acompañante era un coronel colombiano que "tenía mucha prisa porque iba a acudir a un acto de la Guardia Civil", según explica la Fiscalía.

El funcionario consiguió así que sus compañeros no repararan demasiado en quién era y que los vigilantes de seguridad le pasaran sin registrar ni comprobar su equipaje. Luego le acompañó hasta la zona 'premium' del aparcamiento, donde le esperaba un taxi Mercedes. Sin embargo, cuando los cuatro creían que habían conseguido burlar a las autoridades, los agentes de Asuntos Internos dieron el alto al vehículo en el que viajaba Jairo justo antes de que cogiera la carretera para abandonar el aeropuerto. Abrieron las maletas del colombiano y encontraron dinero en efectivo y 15 paquetes en forma de ladrillo, envasados al vacío, envueltos en plástico negro y precintados. En total, 13,5 kilos de cocaína que, según estimaciones del Ministerio Público, tienen un valor de 457.000 euros en el mercado.

La Fiscalía imputa a los cuatro delitos contra la salud pública por tráfico de sustancias que causan grave daño para la salud en cantidad notoria y pertenencia a organización criminal. Considera que deben permanecer en prisión ocho y dos años por cada delito respectivamente -más un año adicional para Edgar por reincidencia- y reclama además un millón de euros de multa para cada uno. Para Jairo reclama únicamente ocho años de prisión por el delito contra la salud pública, ya que no le considera miembro de la organización. Pide expresamente el Ministerio Público que los tres extranjeros cumplan sus penas en una cárcel española, que no se sustituya la condena por la expulsión hasta que todos ellos cumplan tres cuartas partes del tiempo y que luego abandonen el territorio nacional durante diez años.