Policía y Guardia Civil toman partido en la 'guerra' entre policías locales de Sevilla

Dos altos mandos de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil consultaron información restringida de la base de datos de la Dirección General de Tráfico que posteriormente fue utilizada por los agentes de la Policía Local de Sevilla para iniciar una investigación sobre el presunto amaño de las oposiciones, que implica al jefe y otros componentes de este cuerpo.

Las consultas, a las que ha tenido acceso El Confidencial porque han sido proporcionadas por ambas corporaciones estatales en otro procedimiento judicial, tuvieron lugar antes de que el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla abriera diligencias. En concreto, casi un mes antes de que comenzaran, en noviembre de 2012, las diligencias de investigación de la Fiscalía y varios meses antes del inicio de la instrucción judicial.

Los mandos que consultaron los datos de varios opositores habrían pretendido conocer si estos contaban con el carné de conducir A2, teóricamente necesario para presentarse a las pruebas de acceso, punto que dio origen a la posterior investigación relativa a las mencionadas oposiciones. Se trata del subteniente de la Guardia Civil con responsabilidades en tareas antiterroristas M. F. M. y de los inspector de la Policía con carné profesional 72.069 y 15.996.

El primero, al ser amigo intimo del funcionario J. L. B. L., del Grupo Especial de Policía Local (Gepol) encargado de investigar las oposiciones -como muestra la imagen adjunta extraida de Facebook-, hizo posible la consulta para su colega. Los segundos, por su parte, y dentro de las buenas relaciones entre cuerpos policiales, consultaron claramente, a modo de favor, los datos para Gepol, equipo esponsable de las pesquisas, extremo que incluso menciona abiertamente el jefe de la sección operativa de UCOT de la Policía Nacional, el inspector jefe A. B. P., en el informe que remite al Juzgado para comunicar que se han realizado las consultas.

En este último documento, el citado inspector jefe asegura que comprueba los datos "a requerimiento de Gepol" y "a raíz de las investigaciones que se estaban llevando a cabo por unas presuntas irregularidades en oposiciones a Policía Local de Sevilla, en virtud de las diligencias de investigación criminal de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla 415/12 y que en la actualidad lleva el Juzgado de Instrucción número 9 en Diligencias Previas 2274/13-A".

Este extremo, sin embargo, no es del todo cierto, ya que las consultas se realizan mucho antes de la apertura de diligencias de la Fiscalía, que no se abrieron hasta principios de noviembre de 2012, cuando tanto Gepol como otro denunciante particular ponen los hechos presuntamente delictivos en conocimiento del Ministerio Público. Desde ese momento, Gepol investiga, selectivamente, a decenas de opositores por entender que participaron en un presunto amaño de los procesos de selección, al coincidir las respuestas de los opositores con la plantilla de corrección del Tribunal.

Entre los investigados, se encuentra el superintendente de la Policía Local de Sevilla, Juan José García, procesado junto al resto del Tribunal de oposiciones por filtrar supuestamente los exámenes a los aspirantes que aprobaron posteriormente las oposiciones. También se encuentran procesados por el mismo motivo cerca de 40 opositores, un empresario y un miembro de la junta de personal del ayuntamiento hispalense. Todos ellos están acusados de descubrimiento y revelación de secretos de las oposiciones que se celebraron en 2011 para cubrir 47 plazas y de las que tuvieron lugar en 2012 para 56 vacantes más.

La instrucción resulta polémica no solo por los policías locales procesados, sino también por el grupo que los investiga, Gepol, un departamento de policía judicial conformado por policías locales que no se encuentra oficialmente encuadrado en el organigrama del Cuerpo de Policia Local. El departamento, de hecho, ha trabajado sin el respaldo del ayuntamiento y prácticamente en exclusiva para la Fiscalia Provincial de Sevilla, que valida su trabajo por la vía de los hechos, a pesar de que no existe convenio alguno entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Sevilla para crear equipos de policía judicial.

Hace 15 días, el juez incorporó a la causa los exámenes de todos los que se presentaron a las oposiciones cuestionadas, lo que está provocando una revisión de todo el proceso, ya que -según fuentes jurídicas- los indicios que inicialmente se tomaron como motivo de imputación para señalar a los acusados por un delito de revelación de secretos, en realidad los tendría la mayor parte de los opositores, lo cual podría tener su explicación en que casi todos estudiaron con los mismos textos.