El otro 'crimen' de Cala Cortina: denuncian a la cárcel donde murió un policía

Cinco policías continúan siendo investigados por el crimen de Cala Cortina, que costó la vida a Diego Pérez, un vecino de Cartagena esquizofrénico y consumidor de cocaína cuyo cuerpo fue encontrado flotando en la playa. Un sexto, que también fue inicialmente imputado, murió cuando se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Estremera el pasado 13 de octubre, aparentemente como consecuencia de una pancreatitis, como indicaron en su momento fuentes penitenciarias.

El agente -Gregorio J. G. M.- comenzó a sentir fuertes dolores en la prisión, por lo que fue trasladado a la enfermería del centro, que lo derivó de urgencias al hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde falleció alrededor de las cinco de la tarde. La familia considera que la muerte de Gregorio podía haberse evitado, por lo que ha interpuesto sendas querellas contra el centro penitenciario y contra el hospital, al entender que el hombre "no recibió los debidos cuidados médicos ni la atención sanitaria oportuna".

Los querellantes aseguran que el fallecido "comenzó a sufrir graves dolores estomacales, continuas diarreas y vómitos el sábado 10 de octubre por la noche", lo cual fue comunicado al funcionario de prisiones encargado del módulo a primera hora del día siguiente, que tardó -según los denunciantes- 25 minutos en trasladar al enfermo a la sala de curas. Una vez en la enfermería, los responsables le recetaron Fortasec y Primperan, ambos vía oral, "sin darle la correspondiente baja médica", debido "al parecer" a que no se encontraba ningún médico en el centro durante el fin de semana, tan solo un enfermero.

El dolor continuó hasta primera hora de la mañana siguiente, cuando el compañero de celda avisó de que la angustia del policía era ya insoportable

Tras tomarse la medicación, el paciente dejó de tener diarrea, pero continuaron los vómitos durante todo el día, por lo que solicitó quedarse en cama en su celda, petición que fue denegada por el mismo funcionario que le había trasladado a la enfermería, quien le "obligó", al no tener la baja, a "permanecer en los espacios comunes de su módulo", según asegura la familia en la querella. El dolor continuó hasta primera hora de la mañana siguiente, lunes, cuando el compañero de celda de Gregorio llamó al timbre para avisar de que la angustia del policía era ya insoportable.

El funcionario, sin embargo, continúan los denunciantes, no trasladó al paciente hasta la enfermería hasta las siete de la tarde, "casi 12 horas después" de que su compañero de celda le avisara, lo que provocó un sufrimiento innecesario al policía, que estuvo un día entero con dolores que "incluso le impedían permanecer erguido". La familia, por lo tanto, acusa al funcionario de no socorrer a Gregorio a pesar de conocer el "grave estado de salud" en el que se encontraba y de que este había solicitado auxilio. El paciente, califican los querellantes, quedó "desamparado y en peligro grave y manifiesto para su vida".

La pareja de Gregorio, de hecho, fue testigo de su estado -según relata la querella presentada por la familia ante los juzgados de Arganda del Rey-, cuando tanto el domingo como el lunes fue a visitar al recluso y presenció tanto los "continuos vómitos", que incluso llegaron a tornarse de color negro, como "la falta de atención prestada" por los funcionarios de prisiones.

Solo cuando el lunes por la tarde Gregorio fue trasladado a la enfermería, el personal sanitario -que era distinto al del fin de semana- recetó al reo Primperan en vena. Pero ya era demasiado tarde. A las ocho de la mañana del martes 13 de octubre, el compañero de celda del policía volvió a llamar al timbre porque los dolores volvían a ser extremadamente fuertes. Esta vez fue un funcionario diferente al del fin de semana el que se personó, y trasladó inmediatamente al recluso a la enfermería al ver, según relata la querella, los "síntomas y dolores" del paciente.

El personal sanitario le puso suero, pero poco después ordenó trasladarlo al hospital Gregorio Marañón, a pesar de que -como se queja la familia- hay 72 kilómetros desde la prisión hasta el norte de Madrid, donde se encuentra el centro hospitalario. Una distancia calificada como "excesiva" por los querellantes, que consideran más razonable haberle llevado al hospital de Arganda. El policía murió esa misma tarde en el Gregorio Marañón. Si había "urgencia", explican los denunciantes, no se entiende "por qué motivo no fue trasladado a un hospital más cercano".

Los querellantes acusan a los servicios médicos del centro penitenciario de no haber hecho todo lo posible por salvar la vida del preso. "Olvidaron que están obligados a poner todo su arte y ciencia en cada acto médico, individual o colectivo, siguiendo el principio hipocrático de tratar según desearían ser tratados", aseguran en su escrito. "Los querellados actuaron con absoluta omisión del mínimo deber de cuidado al que obliga la 'lex artis' a la que debían haber ajustado su actuación", entiende la familia, que califica de "agresión a la integridad corporal" lo que le ocurrió al paciente.

A Gregorio, que murió de pancreatitis aguda, no se le hicieron "ni las pruebas ni la exploración oportuna para obtener un diagnóstico fiable", según la familia

"Se vio notoriamente perturbada como consecuencia de una intervención médica huérfana de diagnóstico previo, que de ninguna manera cabe calificar de tratamiento médico curativo", resume el texto, que considera que la actuación de los profesionales de la prisión tuvo como consecuencia la muerte del paciente. Si "hubieran puesto todos los medios a su alcance (...), la muerte no se hubiera producido", añaden los denunciantes, quienes agregan que, al menos, "es evidente" que hubiera tenido "más posibilidades" de vivir.

Los familiares critican también que los enfermeros le dieran inicialmente un "fármaco contraindicado", como es el Primperam vía oral, ya que el paciente vomitaba todo lo que ingería y, por lo tanto, parecía más pertinente darle lo que al final se le recetó, el mismo medicamento pero en vena. A Gregorio, que murió de pancreatitis aguda, no se le hicieron "ni las pruebas ni la exploración oportuna para obtener un diagnóstico fiable de su enfermedad", denuncia la familia, que considera que "al contrario", se le vio durante "escasos minutos", se le denegó la baja médica y el traslado al hospital hasta última hora.

"Se evidencia que el actuar negligente de los querellados significó un grave y significativo aumento del riesgo de que se produjera el funesto resultado", concluyen los querellantes, quienes aseguran que los reclusos de la prisión les confesaron que los fines de semana no hay médicos, por lo que los enfermeros recetaron los fármacos al hoy fallecido "sin tener la capacidad ni la potestad para ello", lo que supone una "gravísima negligencia".

La querella, interpuesta por los abogados Oskar Zein y Manuel Albarrán, entre otros, se presenta contra el mencionado funcionario que se negó presuntamente a atender en primera instancia al paciente, contra el personal sanitario que estaba en la enfermería el fin de semana, contra el responsable de la prisión de Estremera y contra la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, por los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

En la misma línea, la familia también ha presentado una querella, esta vez ante el juzgado de instrucción de Madrid, contra el personal adscrito al servicio de Urgencias del hospital Gregorio Marañón y un grupo de enfermeros y médicos del centro, también por homicidio imprudente, al entender que no valoraron adecuadamente la enfermedad del policía y que, por lo tanto, le atendieron tarde, no le ingresaron en la UCI ni activaron el protocolo para estos casos.